SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas,    10  de noviembre   del año 2.005.  Años 195° y 146°.

 

Mediante oficio N° 225 de fecha 27 de abril de 2005, el Juez Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar requiere a esta Sala de Casación Social, examine de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la conveniencia de avocarse al conocimiento de la causa contenida en el expediente N° FP11-R-2005-000130, según la nomenclatura del Tribunal a su cargo, relativa al juicio que por cobro de obligaciones laborales inició un conjunto de ex trabajadores de C.V.G. FERROMINERA ORINOCO C.A. contra la mencionada empresa.

 

El 12 de mayo de 2005, la abogada Livia Rojas Ramos, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 39.754, Consultora Jurídica de C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., presentó escrito mediante el cual hizo un recuento cronológico de las actuaciones procesales practicadas en la causa y narró los hechos que, a su decir, han causado el retardo procesal.

 

El 31 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada doctora Carmen Elvigia Porras de Roa, quien con tal carácter suscribe el fallo.

 

Mediante escrito consignado en fecha de 28 de junio de 2005, la prenombrada Consultora Jurídica de C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., se adhirió a la solicitud de avocamiento formulada por el Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, y consignó recaudos relacionados con dicha petición.

 

Efectuada la lectura del expediente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

 

DE LA COMPETENCIA

 

La Sala observa que la figura procesal del avocamiento fue consagrada por primera vez dentro del ordenamiento jurídico venezolano en la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y actualmente se encuentra prevista en los artículos 5 y 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela; en tal sentido, el citado artículo 5, en sus numerales 4 y 48, establece:

 

Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.

 

(Omissis)

 

4. (...) avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala;

 

(Omissis)

 

48. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal, y avocarse al conocimiento del asunto cuando lo estime conveniente.

 

 

De las atribuciones anteriores, la primera corresponde a la Sala Constitucional, y la segunda, a la Sala afín con la materia debatida; como se observa, la Ley que rige este máximo Tribunal no reserva el ejercicio del avocamiento a alguna de sus Salas, cónsono con el criterio establecido por la Sala Constitucional, en sentencia N° 806 del 24 de abril de 2002 (caso: Sintracemento), dictada bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual anuló parcialmente la norma contenida en el artículo 43 de la referida Ley, en lo atinente a la asignación exclusiva del avocamiento a la Sala Político Administrativa.

 

Ahora bien, apartando lo establecido en el artículo 5, numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que se refiere a una atribución de la Sala Constitucional, todas las Salas de este Alto Tribunal tienen la facultad de avocarse al conocimiento de causas que cursen ante tribunales de inferior jerarquía, siempre y cuando tengan competencia en la materia propia de la controversia objeto del avocamiento; por tal razón, la mencionada Sala Constitucional estableció:

 

…debe hacerse un examen de la naturaleza propia de cada pretensión y las materias que forman parte del abanico competencial de cada una de las Salas que constituyen este Máximo Tribunal, a los fines de la cabal determinación de la competencia para el conocimiento del caso concreto (decisión N° 1462 del 4 de agosto de 2004, caso: Alberto José Castillo Díaz).

 

 

Por tanto, únicamente si el asunto objeto de avocamiento es afín con la materia cuya competencia corresponde a la Sala de Casación Social, es decir, lo referente a las materias agraria, laboral y de menores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 262 de la Carta Magna, estaría satisfecho el primer requisito para poder avocarse al conocimiento y decisión del mismo. Tal exigencia se justifica, porque sólo la Sala que normalmente conoce esa materia podría estar en condiciones de resolver más adecuadamente la causa sobre la cual se avoca.

 

En el caso concreto, la parte solicitante pretende que esta Sala se avoque al conocimiento de un proceso relativo al cobro de obligaciones laborales, instaurado por un grupo de jubilados de C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., de manera que, en atención a lo antes expuesto, y en virtud de las normas antes referidas, esta Sala de Casación Social declara su competencia para conocer y decidir la solicitud de avocamiento. Así se declara.

 

II

 

DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

 

Ahora bien, declarada la competencia para conocer del presente asunto, pasa la Sala a examinar los requisitos de procedencia del avocamiento.

 

Al respecto, la Sala Espacial Agraria de esta Sala de Casación Social, en sentencia de fecha 17 de junio del año 2004, caso: Inversiones Yara, C.A., estableció:

 

En el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se indican los requisitos para la procedencia de la solicitud de avocamiento, siendo que dicha norma establece:

 

`(omissis)

 

Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal de instancia, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa, para resolver si se avoca, y directamente asume el conocimiento del asunto, o, en su defecto lo asigna a otro tribunal.

 

Esta atribución deberá ser ejercida con suma prudencia y sólo en caso grave, o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido.

 

La Sala requerida examinará las condiciones concurrentes de procedencia del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independiente de su jerarquía y de especialidad, que la materia vinculada sea de la competencia de la Sala, sin importar la etapa o fase procesal en que éste se encuentre, así como las irregularidades que se alegan hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los recursos ordinarios. Al admitir la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requiriendo el expediente respectivo, y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa y la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacuerdo por el mandamiento de prohibición`.

 

En vista al precepto normativo ut supra transcrito, distingue esta Sala que los requerimientos necesarios para que proceda una solicitud de avocamiento, son los siguientes:

 

1°. En el caso de que se produzca un grave o escandaloso quebrantamiento al ordenamiento jurídico establecido, con lo cual se afecte de manera negativa y patentemente la imagen del Poder Judicial venezolano, la paz de la ciudadanía, la decencia o la institucionalidad democrática nacional, y que por motivo de ello se hayan desatendido o tramitado de forma errónea los recursos ordinarios o extraordinarios que los justiciables hayan interpuesto.

 

2°. El asunto en cuestión, debe estar cursando por ante algún tribunal del país, independiente de la jerarquía y la especialidad que este tenga.

 

3°. La materia de que trate el caso en concreto, debe ser afín con la especialidad de la Sala donde se interponga la solicitud de avocamiento.

 

4° Debe haber un agotamiento de los recursos ordinarios, en instancia, para atacar el o los vicios graves que se plantean en la solicitud de avocamiento.

 

 

De la transcripción anterior, se desprende que el objeto del avocamiento es traer al Tribunal Supremo de Justicia, en sus diferentes Salas, de acuerdo a la naturaleza de la controversia:

 

…cualquier asunto que por su gravedad y por las consecuencias que pudiera producir un fallo desatinado, amerite un tratamiento de excepción con el fin de prevenir antes de que se produzca una situación de caos, desquiciamiento, anarquía o cualesquiera otros inconvenientes a los altos intereses de la Nación y que pudiera perturbar el normal desenvolvimiento de las actividades políticas, económicas y sociales consagradas en nuestra carta fundamental (sentencia N° 2.147 de la Sala Constitucional, del 14 de septiembre de 2004, caso: Eugenio Manuel Alfaro).

 

 

En el caso que nos ocupa, la Consultora Jurídica de CVG Ferrominera Orinoco C.A., refiere las causas del retardo procesal en la fase ejecutiva del proceso, en los siguientes términos:

 

1.   La decisión del 16/10/95 que ordena una defectuosa reposición; pues el mismo día que sale el auto (que pudo haber sido al vencimiento de las horas de despacho, en virtud que los autos no tienen hora de publicación) era el día de contestación, de conformidad con lo ordenado por dicho auto.

2.   La sentencia de 1ª Instancia viciada de ultrapetita al ordenar el pago de beneficios no reclamados y de los cuales la mayoría de los demandantes disfrutaban; hecho reconocido expresamente en las transacciones efectuadas.

3.   La decisión inmotivada del 05/04/99 del juez Avilan que revoca al experto designado.

4.   La tendenciosa actuación del Dr. Eduardo Báez Infante (Juez Accidental) que estando la causa paralizada por casi 6 meses, debido a dos inhibiciones, sin notificar a las partes para la continuación del juicio y usurpando funciones del juez de alzada, se atribuyó el conocimiento de un amparo sobrevenido interpuesto conjuntamente con apelación. En dicha decisión de amparo, no sólo se suspende (sic) los efectos del acto recurrido, sino que lo revoca; en abierta ultrapetita da valor a actuaciones precedentes al acto revocado, deja sin efecto una interlocutoria anterior al acto recurrido, absolviendo la instancia en apelaciones que no eran materia del amparo sobrevenido.

5.   Produce la decisión del amparo sobrevenido sin ordenar la notificación de CVG FERROMINERA (sic), pues la causa se encontraba suspendida.

6.   Acuerda supuestos lapsos de ejecución a espaldas de CVG FERROMINERA (sic), da valor a actuaciones de un experto que estaban fuera de lo ordenado por el fallo sujeto a ejecución, acuerda la ejecución forzada en el cuaderno separado, mezclando en dicho cuaderno actuaciones en sede constitucional y en sede jurisdiccional.

7.   Estando pendiente la apelación contra el auto del 05/04/99 y la consulta obligatoria del amparo sobrevenido, violentando el estado de derecho, ejecutaron el 10/12/99 la sentencia.

8.   Del expediente principal escinde un cuaderno separado al (sic) cual la Empresa jamás tuvo conocimiento (el auto que ordena su apertura no estaba en el expediente principal sino en el cuaderno separado). Es de señalar que reciente y extrañamente se integró al expediente, lo cual pensamos ha podido inducir al error de la jueza al ordenar el reajuste de la experticia.

9.   Más de cuatro (04) jueces se inhibieron del conocimiento del expediente que paralizaron la causa.

10.                      Los antiguos tribunales laborales estuvieron sin despachar desde el 18/09/03 hasta el 28/11/03, el día 13/04/04 cuando el Tribunal Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución le da entrada; avocándose el día 11/08/04; es decir que durante 11 meses la causa estuvo paralizada por causas no imputables a CVG FERROMINERA (sic).

11.                      Los errores inexcusables cometidos por los jueces que han conocido y pronunciado en el expediente.

 

Expone así mismo que “han existido irregularidades suscitadas durante todas las etapas procesales”, y alega que es temeraria y errónea la pretensión del apoderado actor relativa al “ reajuste” de la experticia complementaria del fallo –que concluyó que la demandada debía cancelar a los demandantes la suma de siete mil trescientos cuarenta y dos millones doscientos cuarenta y nueve mil ochenta y tres bolívares con noventa y ocho céntimos (Bs. 7.342.249.083,98)-, consignada en cumplimiento del mandato contenido en la sentencia del 7 de octubre de 1999, que resolvió en primera instancia el amparo sobrevenido; tal alegato se basa en que el mencionado fallo fue revocado por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el 17 de agosto de 2000. Adicionalmente, alega la solicitante que:

 

…en criterio de la Alzada no existe ninguna duda que alguna responsabilidad han tenido y tienen las anteriores y actuales Juntas Directivas y Consultores Jurídicos de CVG FERROMINERA (sic) en las dilaciones de la fase ejecutiva del proceso entablado en el año 1993 por 187 jubilados.

 

 

Determinado lo anterior, se observa que el asunto objeto de la solicitud de avocamiento, trata del cobro de beneficios laborales –materia que resulta afín con la competencia de esta Sala-, en cuyo trámite procedimental, según se denuncia, se quebrantó el ordenamiento jurídico; en este orden de ideas, se desprende de las actas procesales que en instancia fueron agotados los recursos ordinarios, mediante los cuales se pudieron atacar los vicios denunciados en la presente solicitud de avocamiento, sin que se lograra subsanar tales irregularidades, que en definitiva, afectan de manera negativa y patente la imagen del Poder Judicial venezolano.

 

Por las razones expuestas, y al haberse verificado el cumplimiento de los requisitos supra señalados, resulta forzoso declarar la procedencia del avocamiento solicitado, de modo que corresponde a esta Sala el conocimiento y decisión de la pretensión de cobro de beneficios laborales planteada contra C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A. Así se declara.

 

III

 

DECISIÓN

 

En mérito de las anteriores consideraciones, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PROCEDENTE la solicitud de avocamiento presentada por la Consultora Jurídica de la sociedad mercantil C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A. En consecuencia, SE AVOCA al conocimiento del juicio que por cobro de obligaciones laborales iniciaron 187 jubilados de C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A. contra la mencionada empresa, y ordena la continuación del proceso objeto del avocamiento en el estado en que se encuentra, para lo cual se instruye al tribunal de la causa, Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, la remisión inmediata de la totalidad del expediente inventariado bajo el número 8272, de acuerdo con su nomenclatura.

 

No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese esta decisión al mencionado Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz.

 

Publíquese y regístrese.

 

Presidente de la Sala,

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

Vicepresidente,

 

________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

Magistrado,

 

_______________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

Magistrado,

 

_______________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO

Magistrada Ponente,

 

_________________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

Secretario,

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

AVC. N° AA60-S-2005-000764

Nota: Publicada en su fecha a

 

El Secretario,