SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas,   11   de  octubre de 2005. Años: 195º y 146º.-

 

En el procedimiento relativo al recurso de nulidad de una cláusula de la Convención Colectiva, iniciado por los ciudadanos FRANK PARRA, LEONEL LEÓN, EMILIANO LÓPEZ y DEMETRIO VELAZCO, titulares de las cédulas de identidad números V-11.982.559, V-12.351.675, V-12.170.173 y V-11.490.259, respectivamente, actuando en su condición de Secretarios General, de Finanzas, de Organización y de Reclamos del SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRODUCTOS DE VIDRIO, S.A. (PRODUVISA), asistidos por el abogado Diego Magín Obregón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 56.260; el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, por medio de auto de fecha 25 de noviembre de 2004, se declaró incompetente para conocer de la demanda incoada y remitió las actuaciones al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil (Bienes) y Contencioso Administrativo de esa misma Circunscripción Judicial, con sede en Maracay, el cual, mediante decisión de fecha 25 de enero de 2005, rechazó la declinatoria efectuada por el Juzgado de Primera Instancia antes identificado, se declaró igualmente incompetente y ordenó remitir el expediente a este Tribunal Supremo de Justicia.

 

Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, el 15 de marzo de 2005 se dio cuenta del asunto y se designó ponente a la Magistrada doctora Carmen Elvigia Porras de Roa, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

Con base en los elementos que cursan en autos, pasa la Sala a decidir la regulación de competencia sometida a su conocimiento, previas las consideraciones siguientes:

 

 

ÚNICO

 

En el presente caso, los trabajadores de la sociedad mercantil Productos de Vidrio, S.A. (PRODUVISA) solicitaron la declaratoria de nulidad de la cláusula Nº 105 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre la referida empresa y el Sindicato de sus trabajadores.

 

El Tribunal declinante, Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante auto de fecha 25 de noviembre de 2004, se declaró incompetente, después de considerar que, como la Convención Colectiva debe presentarse ante la Inspectoría del Trabajo conforme al artículo 171 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son los competentes para conocer del asunto planteado, señalando además que:

 

…la jurisdicción Laboral conoció de de (sic) los juicios de nulidad, siguiendo el criterio sostenido en decisión dictada por la Sala Político Administrativo de la antes denominada Corte Suprema de Justicia, el 13  de febrero de 1992, sin que exista en la Ley Orgánica del Trabajo una norma que expresamente la (sic) asigne a los juzgadores laborales el conocimiento de este tipo de juicios.

 

El Tribunal requerido, por su parte, Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, mediante decisión de fecha 25 de enero de 2005, planteó el conflicto negativo de competencia con fundamento en que:

 

… el artículo 29, numeral 4 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece que los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir los asuntos con carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social, y el artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo señala que en caso de conflictos de las leyes prevalecerán las del Trabajo, sustantivas o de procedimiento. Si hubiere dudas en la aplicación de varias normas vigentes, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador; y si bien es cierto que el Artículo 93 en su numeral 2 de la Ley del Estatuto de Función Pública establece que los Tribunales Contencioso Administrativos son competentes para conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de las solicitudes de declaratoria de nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos, éste se refiere a entes de carácter público, y no de carácter privado como es el caso en cuestión, lo que significa en puridad del derecho que el Tribunal Competente para conocer del presente procedimiento es el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, quien declinó la competencia a este Juzgado.

 

Como se observa, el juez de alzada determinó que corresponde a los tribunales del trabajo decidir acerca de la nulidad de las cláusulas de las Convenciones Colectivas, independientemente de que el contrato colectivo de trabajo haya sido celebrado entre la Administración Pública y sus funcionarios, pues se trata de una materia que no corresponde a la conciliación ni al arbitraje, ni tampoco ha sido atribuida a las Inspectorías del Trabajo.

 

La Sala, para decidir, observa:

 

En primer término, en cuanto a la competencia de esta Sala para resolver la solicitud de regulación de competencia sometida a su consideración, en sentencia Nº 30 del 25 de julio de 2001 (caso: José Valentín Soria y otros), la Sala Plena de este alto Tribunal determinó que corresponde a la Sala de Casación Civil dirimir los conflictos suscitados entre tribunales con competencia sobre materias diversas, cuyo conocimiento esté atribuido a distintas Salas de este Supremo Tribunal; ello, debido a que, fuera del ámbito de una precisa materia jurisdiccional, el conflicto de competencias entre los órganos del Poder Judicial se erige como un asunto, fundamentalmente, de Derecho Adjetivo.

 

No obstante, el artículo 5, numeral 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, vigente desde el 20 de mayo de 2004, atribuye la competencia para decidir los conflictos de competencia entre tribunales, ordinarios o especiales, cuando no exista un juzgado superior común a ellos, a la Sala afín con la materia y naturaleza del asunto debatido. En este orden de ideas, en el presente caso la controversia planteada se refiere a la nulidad de la cláusula Nº 105 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre la empresa Productos de Vidrio, S.A. y el Sindicato de sus trabajadores.

 

Con relación a la naturaleza de la convención colectiva, esta Sala determinó, en sentencia Nº 535 del 18 de septiembre de 2003 (caso: Mercedes Benguigui Bergel), que si bien es cierto que ésta tiene su origen en un acuerdo de voluntades, también lo es que una vez alcanzado el mismo debe necesariamente suscribirse y depositarse ante un órgano con competencia pública, concretamente ante el Inspector del Trabajo, quien no sólo puede formular las observaciones y recomendaciones que considere menester, sino que debe suscribir y depositar la convención colectiva, sin lo cual ésta no surte efecto legal alguno.

 

Ahora bien, visto que la convención colectiva de trabajo es celebrada entre uno o varios sindicatos de trabajadores y patronos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 507 de la Ley Orgánica del Trabajo, a fin de mejorar las condiciones de prestación del servicio, y visto asimismo que en el presente caso se solicitó la declaratoria de nulidad de una cláusula de una convención colectiva, se concluye que la materia debatida es de índole laboral. En consecuencia, esta Sala asume el conocimiento del conflicto de competencia planteado.

 

En este orden de ideas, el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece:

 

Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir:

 

1. Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje;

(Omissis)

4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social…

 

La norma transcrita supra atribuye imperativamente a los tribunales del trabajo, la competencia para sustanciar y decidir los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje, y en particular, aquellos asuntos relativos a las estipulaciones del contrato de trabajo, que es el caso de autos, pues se demandó la nulidad de una cláusula del contrato colectivo firmado entre la sociedad mercantil productos de vidrio, s.a. (PRODUVISA) y el Sindicato de sus trabajadores.

 

Por otra parte, la Ley Orgánica del Trabajo establece, en el encabezado de su artículo 5:

 

Artículo 5. La legislación procesal, la organización de los tribunales y la jurisdicción especial del Trabajo se orientarán por el propósito de ofrecer a los trabajadores y patronos la solución de los conflictos sobre derechos individuales o colectivos que surjan entre ellos, mediante una administración de justicia rápida, sencilla y gratuita.

 

Esta disposición legal consagra la exclusividad y especialidad de la legislación laboral para resolver los conflictos de intereses que surjan entre patronos y trabajadores, y que deban dilucidarse administrativa o judicialmente.

 

Asimismo, dispone el artículo 655 de la citada Ley, en su encabezado:

 

Artículo 655. Los asuntos contenciosos del Trabajo cuyo conocimiento, sustanciación y decisión no hayan sido atribuidos por esta Ley a la conciliación o al arbitraje o a las Inspectorías del Trabajo, continuarán su tramitación en los Tribunales del Trabajo o Juzgados de Estabilidad Laboral previstos por esta Ley…

 

 

En consecuencia, correspondía a los trabajadores solicitantes demandar sus derechos ante el juzgado del trabajo, tal como lo hicieron, pues el presente caso no corresponde, en el estado en que se encuentra, ni a la conciliación ni al arbitraje; por tal razón, de conformidad con los artículos 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 655 de la Ley Orgánica del Trabajo, debe ser sustanciado y decidido por un tribunal del trabajo, concretamente, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Así se decide.

DECISIÓN

 

En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara COMPETENTE para conocer del presente recurso de nulidad al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal antes mencionado. Particípese de esta decisión al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay.

 

Presidente de la Sala,

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

Vicepresidente,

 

_______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

 

Magistrado,

 

________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

Magistrado,

 

_______________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO

Magistrada Ponente,

 

_________________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

Secretario,

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C. Nº AA60-S-2005-000356

 

Nota: Publicada en su fecha a

El Secretario,

 

 

Data venia del ilustre criterio de la mayoría sentenciadora, el Magistrado Juan Rafael Perdomo salva su voto por las razones siguientes:

 

Esta Sala ha decidido en forma pacífica y reiterada (Vid. Sentencias Nº 777 de 2003, 74 y 536 de 2004 y 442 de 2005, entre otros), que los conflictos de competencia mixtos entre tribunales ordinarios y especiales, cuya competencia corresponde a distintas Salas deben ser decididos por la Sala de Casación Civil, para que sea un solo órgano el que decida tales asuntos, evitando así criterios contrapuestos, en forma similar a las regulaciones de jurisdicción cuyas decisiones corresponden sólo a la Sala Político-Administrativa.

 

En el caso concreto la mayoría sentenciadora regula la competencia y siendo que se trata de un conflictos de competencia mixtos entre tribunales ordinarios y especiales, cuya competencia corresponde a distintas Salas, este debe ser decidido por la Sala de Casación Civil, por la que se ha debido declarar incompetente para conocer y decidir este asunto.

 

Queda así expresado el criterio del Magistrado que disiente.

 

Caracas, en fecha ut supra.

 

 

Presidente de la Sala,

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El

 

Vicepresidente disidente,

 

________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

 

Magistrado,

 

_______________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

Magistrado,

 

_______________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO

Magistrada Ponente,

 

_________________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

Secretario,

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

R.C. AA60-S-2005-000356

 

Nota: Publicada en su fecha a

 

El Secretario,