SALA DE CASACIÓN SOCIAL

            Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO

En el juicio de cobro de diferencia de prestaciones sociales seguido por el ciudadano LUIS JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA, representado por los abogados Iván Tayupo Cedeño y Roseliz C. Herrera G., contra las sociedades mercantiles REDIMÍX, C.A. y CANTERA EL PARADERO, C.A. representadas por los abogados Carlos Javier Marcano Contreras y Marcos Ronald Marcano Cedeño, el Juzgado Primero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, conociendo de la apelación de la demandada, en sentencia publicada el 23 de septiembre de 2004, declaró parcialmente con lugar la apelación y ordenó al Juzgado de Primera Instancia que homologara el desistimiento presentado por la representación de la parte actora, revocando la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial que negó la homologación del desistimiento por haber cesado la representación de los apoderados con la muerte de la parte actora.

Contra esa decisión, por escrito presentado oportunamente, interpusieron los herederos de la parte actora el recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En fecha 17 de enero del año en curso, tomaron posesión de sus cargos los Magistrados designados para la Sala de Casación Social, por la Asamblea Nacional, según Gaceta Oficial del 14 de diciembre de 2004, doctores LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ y CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, en virtud de lo cual esta Sala queda conformada por cinco Magistrados a partir de la fecha arriba indicada.

Recibido el expediente, fue admitido por esta Sala de Casación Social el 9 de agosto de 2005. Hubo contestación al recurso de control de la legalidad.

Concluida la sustanciación del recurso, se fijó la audiencia oral, pública y contradictoria para el día 14 de noviembre de 2005, bajo la ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo.

Siendo la oportunidad para publicar el fallo escrito lo hace esta Sala, previas las siguientes consideraciones:

RECURSO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD

Señala el recurrente que la sentencia recurrida violó normas de orden público contraviniendo lo establecido en los artículos 3° y 10 de la Ley Orgánica del Trabajo; en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; y, en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil cuando consideró homologable el desistimiento de la acción por haber logrado un acuerdo que no consta en autos, habiendo transcurrido ocho meses a partir de la muerte de la parte actora.

Alega que la parte actora falleció el 12 de noviembre de 2003 y que el apoderado no podía en junio de 2004, llegar a un acuerdo y menos desistir de la acción pues su representación había cesado en la fecha de la muerte, lo que hace inoficiosas las consideraciones sobre la procedencia o no de la homologación de un desistimiento, cuando el apoderado que realiza el desistimiento no ejercía la representación de la parte actora.

La demandada en la contestación del recurso alegó que para el momento del desistimiento, ni las partes ni el Tribunal tenían conocimiento del fallecimiento del actor ocurrido siete (7) meses antes, porque tal hecho no constaba en autos, por lo cual todos los actos realizados antes de la consignación de la partida de defunción en el expediente son válidos.

La Sala observa:

El artículo 165 del Código de Procedimiento Civil establece que “La representación de los apoderados y sustitutos cesa:...3. Por la muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del apoderado o sustituto...”.

En el caso concreto la parte actora falleció el 12 de noviembre de 2003, con lo cual de conformidad con lo establecido en el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil parcialmente trascrito, cesó la representación de los apoderados y sustitutos a partir de esa fecha, y no a partir de que conste en autos la partida de defunción, pues a diferencia de los casos de revocación del poder y de renuncia del apoderado o la del sustituto, no está establecido legalmente que cese la representación de los apoderados a partir de que conste en el expediente.

Adicionalmente, el artículo 144 eiusdem se refiere a la suspensión de la causa para citar a los herederos y no a la cesación de la representación, por lo cual no resulta aplicable.

El apoderado de la parte actora desistió de la acción el 18 de junio de 2004 en virtud de haber acordado de manera privada una transacción en esta causa, cuando su mandante había fallecido siete (7) meses antes, el 12 de noviembre de 2003, lo que implica que el abogado negoció, firmó un acuerdo y desistió de la acción sin comunicarse con su cliente.

En consecuencia, habiendo cesado la representación del apoderado actor al fallecer su mandante el 12 de noviembre de 2003, aunque no constara en autos la partida de defunción, considera esta Sala que el apoderado no tenía la representación que se atribuía para negociar y desistir de la acción, razón por la cual, la recurrida al declarar homologable el desistimiento violó el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, transgrediendo el Estado de Derecho.

El artículo 2º de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece los principios que deben orientar la actuación del juez y uno de ellos es la prioridad de la realidad sobre los hechos.

En el caso concreto, el actor desiste de la acción y del procedimiento por haber celebrado un acuerdo privado, lo cual considera esta Sala, no se tata de un desistimiento de la acción puro y simple, sino de una transacción, pues el trabajador renuncia a sus derechos a cambio de una suma de dinero con la finalidad de terminar el litigio.

Siendo la actuación del actor una transacción, es necesario aplicar las disposiciones relativas a la transacción.

El artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece que la transacción debe versar sobre derechos litigiosos o discutidos y debe contener una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos que comprende. Específicamente, el artículo mencionado explica que no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aun cuando el trabajador hubiere declarado su conformidad con lo pactado y en este caso, el trabajador conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo.

Dispone el artículo 10 del Reglamento mencionado que el juez deberá constatar el cumplimiento de los extremos exigidos y procederá a homologar o rechazar la transacción presentada, exponiendo los motivos de su decisión, en caso de negativa.

 En el caso concreto, la Sala observa que ni el representante del trabajador ni la parte demandada consignan la transacción o acuerdo celebrado, razón por la cual, de conformidad con los artículos referidos del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la transacción celebrada no puede ser revisada y en consecuencia no cumple con los requisitos para ser homologada.

 Con base en los argumentos mencionados, esta Sala declara procedente el recurso de control de la legalidad, anulándose por ende el fallo recurrido.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, la representación de los apoderados y sustitutos cesa con la muerte del mandante y el proceso se suspenderá a partir de que conste en autos la partida de defunción.

En este caso, el control de la legalidad fue ejercido personalmente por todos los herederos de la parte actora, con lo cual quedaron citados para la continuación del juicio, razón por la cual, éste continuará en el estado en que se encuentre, sin necesidad de citarlos nuevamente.

D E  C I S I Ó N

En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1º CON LUGAR el recurso de control de la legalidad propuesto por los herederos de la parte actora; 2º ANULA la sentencia proferida por Juzgado Primero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 23 de septiembre de 2004.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Coordinadora Judicial para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a los fines de que lo envíe al Tribunal del Trabajo correspondiente, para la continuidad del juicio. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Superior de origen, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

La presente decisión no la firma  la  Magistrada   CARMEN ELVIGIA   PORRAS  DE ROA,   por  no   haber   estado  presente   en  la  audiencia 

 

pública  correspondiente.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidós (22)

días del mes de noviembre de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente-Ponente,                                               Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                         ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

Magistrado,                                                      Magistrada,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ            CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C.L. AA60-S-2004-001589

Nota: Publicada en su fecha

                                                                                              El Secretario,