SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.

 

               Visto el procedimiento que por cobro de prestaciones sociales y daño moral, sigue el ciudadano CIRO ROBERTO ESPINOZA RIVAS, representado judicialmente por los abogados Marcos Ronald Marcano Cedeño, Marcos Richard Marcano Cedeño, Romy Renata Rodríguez Perdigón y Marcos René Marcano Cedeño, contra el GRUPO CORPORATIVO EMA GROUP, integrado por MARAL JOYEROS, C.A., MARAL SAMBIL, C.A., y DISTRIBUIDORA ARGENTA, C.A., la primera sin representación judicial acreditada, y las otras dos empresas representadas judicialmente por los abogados Jorge Chaiebe y Jhoanna Celta Brito; el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 18 de marzo de 2005, dictó sentencia mediante la cual se declaró con lugar la apelación incoada por la representación judicial de las codemandadas MARAL SAMBIL, C.A Y DISTRIBUIDORA ARGENTA, C.A.; sin lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte actora y, en consecuencia anuló la decisión apelada y ordenó la reposición de la causa al estado de que el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución proceda a notificar a la codemandada MARAL JOYEROS, C.A..

 

              Contra la decisión de Alzada, la representación judicial de la parte actora interpuso recurso de casación, el cual una vez admitido fue remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

              En fecha 28 de abril de 2005, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

              Celebrada la audiencia oral y habiendo esta Sala pronunciado su decisión de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en la oportunidad que ordena el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN FORMALIZADO

 

Ú N I C O

 

               De manera previa, cabe advertir al recurrente que incorrectamente éste formuló sus denuncias al amparo del Código de Procedimiento Civil.

 

               Para ello, la Sala corroboró que el presente caso se inició bajo la vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por lo tanto, las denuncias debían estar amparadas por las normas relativas al recurso de casación previsto en esta ley.

 

               Sin embargo, la Sala por aplicación de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pasa a conocer el recurso interpuesto, toda vez que de la lectura del escrito en su totalidad se logra evidenciar cuales son las razones en que se fundamenta el recurrente para solicitar la nulidad de la sentencia dictada por el Juez ad quem.

 

              Así las cosas, a continuación se presentan resumidamente alegatos formulados por el formalizante extraídos de su escrito:

 

               Denuncia el recurrente, que el Juez de Alzada supuso que se demandó un litisconsorcio pasivo entre las empresas que conforman el grupo corporativo, sin considerar que en el libelo se evidenciaba que la demanda estaba dirigida en contra del grupo, ya que los servicios, la subordinación y el salario del actor derivaban del él y no de las empresas que lo componen por separado; explica que en virtud de ello, en el auto de admisión se expresa lo solicitado en el libelo de demanda, que la notificación se practicó en la dirección señalada en el escrito libelar y que además no se pidió notificar a las empresas por separado e insistió el recurrente que es una demanda contra el Grupo Corporativo Ema Group y que solo se mencionan las empresas que lo componen. Finalmente, también señala que no se aplicó el criterio establecido en la sentencia de la Sala Constitucional, según la cual basta citar a una de las empresas que compongan un Grupo Corporativo para que se considere a derecho todo el grupo.

 

               Por otro lado, también denunció la infracción del artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo por falta de aplicación y para ello explicó que una vez sentenciado un juicio laboral por incomparecencia del demandado, la apelación estará basada en el argumento y probanza de si la incomparecencia fue por caso fortuito o fuerza mayor. El Superior no lo aplicó, pues, de existir para la demandada un litis consorcio pasivo era en la comparecencia a la audiencia preliminar donde se debía discutir.

 

              Para decidir, la Sala observa:

 

              Vistos los alegatos expuestos por la parte recurrente en casación, resulta necesario extraer del caso las siguientes particularidades:

 

               Según escrito libelar, el actor demandó al GRUPO CORPORATIVO EMA GROUP, señalando que el mismo esta integrado por las empresas MARAL SAMBIL, C.A., MARAL JOYEROS, C.A. Y DISTRIBUIDORA ARGENTA, C.A..

 

               En su demanda, el actor sólo identificó a esta última sociedad mercantil y solicitó se practicara la notificación de la demandada en la persona de sus representantes: RICHARD BENTOLILA y/o MARISELA YÁNEZ, en la sede principal y comercializadora del GRUPO CORPORATIVO EMA GROUP.

 

               Es así como mediante auto de admisión de la demanda el respectivo Juzgado ordenó la notificación de la parte demandada, y en virtud de ello, la misma fue dirigida al GRUPO CORPORATIVO EMA GROUP (ver folio 68) en la persona de RICARDO BENTOLILA y/o MARISELA YÁNEZ como representantes legales de las empresas integrantes antes mencionadas, y se realizó en la dirección de ubicación anotada en el libelo.

 

               Cabe acotar, que en el acuse de recibo de la notificación practicada aparece como destinataria MARAL SAMBIL, C.A..

 

              Posteriormente, en fecha 2 de febrero de 2005, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con vista de la incomparecencia de la parte demandada, declaró la admisión de los hechos y reservándose el lapso de los 5 días hábiles para publicar sentencia, la misma fue publicada el 11 de febrero de 2005.

 

               Ahora bien, en la decisión de Primera Instancia se declaró parcialmente con lugar la demanda, puesto que se condenó a cantidades menores al monto pedido por el actor y una vez apelada la sentencia por ambas partes, Segunda Instancia anuló el fallo ordenando la reposición de la causa al estado de que el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución notifique a la empresa MARAL JOYEROS, C.A., bajo el argumento que habiéndose señalado en escrito libelar que el actor prestó servicios al GRUPO CORPORATIVO EMA GROUP, el cual según el demandante está conformado por tres empresas MARAL SAMBIL, C.A, MARAL JOYEROS, C.A. y DISTRIBUIDORA ARGENTA, C.A., la notificación debía realizarse a cada una de ellas.

 

               En esta fase de análisis, es importante resaltar que la apelación interpuesta por ambas partes del proceso siempre estuvo delimitada a unas razones bien específicas.

 

               Por una parte, el actor solo apeló basándose en la falta de condenatoria en costas para la demandada por estar vencida en todos los conceptos solicitados, y por otro lado, la representación judicial de MARAL SAMBIL, C.A. y DISTRIBUIDORA ARGENTA, C.A., cuestionó la decisión de primera instancia bajo el fundamento de una razón de incomparecencia a la audiencia preliminar, cual fue, el no habérsele concedido el término de la distancia obligatorio a los efectos de la audiencia preliminar.

 

               Pero no obstante de haberse delimitado la apelación así como lo fue, al analizarse la sentencia recurrida, la Sala observa, que el Juez ad quem en primer lugar se excedió en el tema a decidir anulando el fallo como consecuencia de ello y repuso la causa al estado de practicarse la notificación de la empresa MARAL JOYEROS, C.A..

 

               En efecto, la Alzada anuló el fallo de Primera Instancia basado en el hecho de que tratándose de un litisconsorcio pasivo necesario, la notificación debía practicarse a cada una de las empresas que integran el grupo económico. Para ello el Superior textualmente explicó.

 

“En este sentido y en virtud de que ciertamente estamos en presencia de un litisconsorcio pasivo, advierte esta superioridad que nuestro legislador patrio establece que en el caso de litisconsorcio necesario pasivo, mientras la parte actora no proporcione los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser emplazados en forma legal, el Tribunal no dará curso a la demanda hasta tanto se cumpla ese requisito, de manera pues, que mal pudo la secretaria del Tribunal A quo certificar la notificación de la empresa demandada, tomando en cuenta que tal y como consta en el folio 75 del presente expediente, sólo se notificó por correo certificado a una de ellas -MARAL SAMBIL, C.A.- no siendo notificadas MARAL JOYEROS, C.A. Y DISTRIBUIDORA ARGENTA, C.A..

Así las cosas, al momento de la interposición del recurso de apelación, por la representación judicial de la parte demandada, la misma consignó instrumento poder, que corre inserto al folio 03 de las actas que cursan en el presente expediente, mediante el cual se evidencia que se da por notificada otra de las empresas que a decir de la parte actora conforman el GRUPO CORPORATIVO EMA GROUP, en esta oportunidad DISTRIBUIDORA ARGENTA, C.A., de manera tal que se encuentran notificadas las empresas MARAL SAMBIL, C.A. y DISTRIBUIDORA ARGENTA C.A. y así se decide.-.”

               Incurre pues, la Alzada en un exceso tal como fue impugnada la sentencia de Primera Instancia quien declaró admitidos los hechos por la incomparecencia de la demandada a la audiencia preliminar, sólo debía el Superior analizar los motivos justificados que fueron alegados por tales empresas para la incomparecencia y a su vez la falta de condenatoria en costas que en criterio del actor correspondía a la parte accionada.

 

               Tal comportamiento del Superior es suficiente para anular la sentencia recurrida, pero por otro lado, al descender a la actas del expediente producto de quedar evidenciado el defecto detectado, la Sala constató la existencia de otro error en el que ha incurrido la Alzada y que también fue denunciado, pues, como antes se ha informado, para el Superior la notificación debía practicarse a cada una de las empresas que componen el grupo económico demandado.

 

               Sobre el punto, la Jurisprudencia de este Alto Tribunal, ha dicho que cuando se demanda una unidad económica -como ha sucedido en el caso de autos- no es necesario citar a todos sus componentes. La respuesta a ello se puede encontrar en la sentencia N° 903 de fecha 14 de mayo de 2004 de la Sala Constitucional, la cual explica lo siguiente:

 

“El reconocimiento por diversas leyes de los grupos económicos como sujetos de derechos, deberes y obligaciones, no encuentra en el Código de Procedimiento Civil, ni en otras leyes especiales adjetivas, una normativa personal que les sea en concreto aplicable, y ello genera varias preguntas: 1) Quien acciona contra el grupo ¿tiene que demandar a todos sus miembros?; 2) De no ser necesario demandar a todos ¿a quién entre ellos debe demandar y citar?; 3) ¿Puede hacerse extensiva la ejecución de un fallo contra uno de los miembros que no fue demandado ni citado en el proceso principal?; 4) ¿Qué puede hacer la persona que fue incluida en el fallo como miembro del grupo y no lo es?; 5) ¿Puede el juez incluir en la sentencia a un componente del grupo que no fue demandado, pero que consta en autos su existencia, membresía y solvencia?.

A juicio de esta Sala, quien pretende obtener un fallo contra un grupo económico y obtener la ejecución contra cualquiera de sus componentes, haciéndole perder a éstos su condición de persona jurídica distinta (individualidad), debe alegar y probar la existencia del grupo, el incumplimiento de las obligaciones por uno de sus miembros, quien debido a su insolvencia o actitud perjudicial pretende burlar al demandante, a fin que la decisión abarque a todos los que lo componen. Sin embargo, tratándose de una unidad, no es necesario citar a todos los componentes, sino que -conforme el artículo 139 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía al caso- basta citar al señalado como controlante, que es quien tiene la dirección del resto del conjunto, sin perjuicio de que cualquiera de las partes, pida la intervención de otro de los componentes del grupo (ordinal 4° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil), ya que a pesar que como miembro del conjunto se confunde con la parte principal, hasta que no se declare judicialmente la existencia del grupo, su situación se asimila a la de un tercero, a los efectos del artículo 370 de la ley adjetiva civil...”.

 

 

 

               Como se desprende del mencionado criterio jurisprudencial, contrariamente a lo dicho por la Alzada, no era necesario notificar a cada una de las empresas señaladas como integrantes del grupo económico demandado, en virtud de que el supuesto requerido para ello se dio con la única notificación practicada en autos.

 

               En efecto, consta en el expediente la notificación realizada a MARAL SAMBIL, C.A., situación ésta que además reconoce el mismo Juez ad quem, pues esta empresa es la que aparece como destinataria en el acuse de recibo del emplazamiento efectuado por medio de la figura del correo certificado (ver folio 75), y que coincidencialmente ha sido una de las empresas que en apelación alega un motivo de incomparecencia a la audiencia preliminar, el cual simplemente se resumió en la falta de otorgamiento del término de la distancia por parte del Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución.

 

               Coincidencialmente también, ambas empresas además de apelantes aparecen como representadas legalmente por la misma persona, el ciudadano RICHARD BENTOLILA, por lo que partiendo de la idea que las mismas conforman un grupo económico, éste debe entenderse como emplazado con la sola notificación de MARAL SAMBIL, C.A..

 

               Ahora bien, dentro de un paréntesis la Sala cumpliendo con su labor pedagógica quiere dejar sentado lo siguiente.

               Si bien el artículo 128 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su numeral 2° exige que al demandarse a una persona jurídica, el actor debe señalar los datos concernientes a su denominación, domicilio, nombres y apellidos de cualesquiera de los representantes legales, estatutarios o judiciales de la misma, ello no obsta, para que éste perfectamente pueda acompañar con su libelo las pruebas de ello, y de esta manera el Juez Sustanciador y Mediador como juez rector tenga la oportunidad para indagar en esta primera etapa acerca de la existencia de la empresa, o de la presunta existencia del grupo cuando ésta es alegada.

 

               Con ello se pretende no solo garantizar en definitiva el derecho a la defensa, sino también evitar la deslealtad procesal y fraude procesal, pues, en casos como el de autos, alegada la existencia del grupo, esto es una cuestión de fondo que debe ser probado por quien lo sostiene, y si bien es en sentencia definitiva cuando se levanta el velo acerca de la personalidad jurídica de un grupo y de sus componentes, debe de alguna manera garantizarse que con la notificación de una de ellas se está emplazando al grupo.

 

               Los razonamientos antes indicados, son suficientes para anular el fallo recurrido, como así efectivamente se decide, y de conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la Sala desciende a las actas del expediente, para decidir lo siguiente:

 

               Verificada como ha sido la notificación de la demandada, no obstante de ello, del auto de admisión de la demanda en donde se ordena la notificación, y del cartel de notificación mismo, se desprende que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución incurrió en un grave error en menoscabo del derecho a la defensa en detrimento de la parte demandada.

 

               Tal aseveración tiene lugar, puesto que de las actas del expediente se refleja que aun y cuando la causa se inició y se ha venido sustanciando en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, y que además se pidió y a su vez se ordenó la notificación de la demandada en un lugar distinto a éste, pues, la ubicación de la accionada está en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, no obstante de ello, obvió el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esa Circunscripción Judicial, tal situación no le concedió a la demandada el respectivo término de la distancia a los fines de que concurriera a la audiencia preliminar.

 

               Al respecto, ha dicho la Sala reiteradamente que el debido proceso implica darle la oportunidad a la parte demandada, en su domicilio de tener el suficiente tiempo para preparar su defensa, y en el caso como el de autos, permitir el desplazamiento de las personas que la representan para comparecer a la audiencia preliminar cuando la sede del tribunal en donde se va a efectuar este acto resulta ser diferente de aquel donde se encuentra ubicada la demandada.

 

               Dicho esto en otras palabras, el lapso para comparecer a la audiencia preliminar debía ser el previsto en el artículo 128 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, más el término de la distancia correspondiente, establecido por analogía en el Código de Procedimiento Civil.

 

               Así las cosas, prudente es anular el fallo proferido por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción del Estado Anzoátegui, de fecha 11 de febrero de 2005, y reponer la causa al estado de que este tribunal fije nueva oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, para lo cual las partes se encuentran a derecho. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

              Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte actora contra la sentencia de fecha 18 de marzo de 2005, proferida por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui; 2) ANULA el fallo recurrido; 3) ANULA la decisión de fecha 11 de febrero de 2005, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la misma Circunscripción Judicial, y; 4) se repone la causa al estado de que el referido Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución fije nueva oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, concediéndole a la demandada el respectivo término de la distancia, para lo cual las partes se encuentran a derecho.

 

              Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a los fines consiguientes. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

              Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis  (06) días del mes de  octubre  de dos mil cinco. Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

_____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                                          Magistrado,

 

_______________________________                        ________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ               JUAN RAFAEL PERDOMO

 

Magistrado,                                                         Magistrada,

 

_______________________________       __________________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO        CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C. N° AA60-S-2005-000562

No-

ta: Publicada en su fecha a

 

 

 

 

El Secretario,