SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia de la Magistrada CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

En el juicio de cobro de indemnización por accidente laboral y otros conceptos laborales que sigue el ciudadano HUMBERTO MIBELLI TIRADO, titular de la cédula de identidad V-8.895.825, representado judicialmente por los abogados Saúl Andrade Mantilla y Edith Coromoto González, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 52.653 y 103.650, en su orden, contra la sociedad mercantil PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 11 de octubre de 1993, bajo el 25, tomo 20-A Sgdo, representada judicialmente por los abogados Margarita Feijoo, Hugo Márquez Espósito, Roshermari Vargas Trejo, Ricardo Henríquez La Roche y Emilio Pittier Octavio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 76.149, 31.634, 57.465, 5.688 y 14.829, respectivamente; el Juzgado Superior del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, conociendo en alzada, publicó sentencia el 10 de marzo de 2005, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada y confirmó el fallo dictado el 17 de diciembre de 2004 por el Juzgado Transitorio de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que declaró parcialmente con lugar la demanda.

 

Contra la sentencia de alzada, anunció recurso de casación el abogado Hugo Márquez Espósito en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, el cual, una vez admitido fue oportunamente formalizado. No hubo Impugnación.

 

Celebrada la audiencia oral, pública y contradictoria el 29 de septiembre de 2005 y dictada la decisión inmediata contemplada en el encabezado del artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa en esta oportunidad la Sala a reproducir y publicar el fallo, bajo la ponencia de la Magistrada doctora Carmen Elvigia Porras de Roa, previas las siguientes consideraciones:

 

CASACIÓN DE OFICIO

 

En ejercicio de la facultad que le confiere el tercer aparte del artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo a este Supremo Tribunal, de casar de oficio el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que allí encontrase, aun cuando no se las hubiese denunciado, o hubiesen sido denunciadas sin cumplir con la técnica para ello, pasa esta Sala a decidir en los siguientes términos:

 

Con el propósito de resolver el asunto sometido a la consideración de esta Sala, resulta necesario citar un extracto del acta elaborada por el Juzgado Superior del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en la oportunidad en que celebró la audiencia de apelación; dicha acta señala:

 

En el día de hoy, diez (10) de Marzo del año Dos Mil Cinco (2005), siendo las once (11:00) horas de la mañana, día y hora fijada para dar inicio a la audiencia Oral y Pública del Recurso de Apelación intentado en la causa Nro. FP11-R-2005-000116, nomenclatura llevada por este Despacho interpuesto por el ciudadano: HUGO MARQUEZ ESPOSITO, en su carácter de co-apoderado judicial de la parte demandada, sociedad mercantil PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A., en contra de la decisión dictada por el Juzgado Transitorio de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Sede Ciudad Bolívar, de fecha 17/12/2004. Se da inicio al acto. El Tribunal deja constancia de la comparecencia de la parte recurrente y la comparecencia de la recurrida. El Juez Superior concede el derecho de palabra a la parte recurrente quien expone: Que el motivo de su apelación se fundamenta en: -Existía cosa juzgada.- Se celebró una transacción que fue homologada y que comprendía cualquier derecho o expectativa de derecho.- Condenó el juez a quo al daño moral irrespetando la cosa juzgada.- En cláusula séptima de la transacción se encuentra comprendido el daño moral. Se concede el derecho de palabra a la parte Recurrida: - Sí existió transacción, pero esa transacción fue viciada, pero no se hizo oposición ni se intentó proceso de nulidad.- El monto condenado fue muy poco.- Y lo demás que se evidencia en video.

Acto seguido el Juez interroga a las partes como se evidencia en el video. El Tribunal se retira de la Sala de Audiencia para producir la decisión correspondiente. De regreso en la Sala se da lectura a la presente sentencia:

(Omissis)

(…) concluyendo así, quien decide, que la condena impuesta parcialmente por el a quo esta ajustada a derecho, y conforme a la doctrina de nuestra Sala de Casación Social, por cierto, traída por la recurrente, (…) de fecha 17 de enero de 2004, de un grupo de trabajadores contra PANAMCO S.A. se ve forzado a declarar sin lugar la apelación intentada por la parte demandada, tal como lo establecerá en el dispositivo del fallo.

DISPOSITIVO DEL FALLO

En consecuencia, este Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, sede Puerto Ordaz en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley decreta lo siguiente:

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la apelación intentada por la parte recurrente, por las consideraciones antes expresadas.

SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Transitorio de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Sede Ciudad Bolívar, de fecha 17/12/2004.

TERCERO: Se condena en costas a la parte recurrente de conformidad con el art. 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

CUARTO: La presente decisión tiene como fundamento los artículos 2, 19, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 2, 4, 6, 11 y 165, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y el art. 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y los art. 9 y 10 de su reglamento. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA A LOS FINES DE ARCHIVAR EN EL COMPILADOR DE SENTENCIA.

Siendo las 11:50 p.m. del día diez de marzo de 2005 se da por concluido el presente acto. Es todo. Terminó, se leyó y conformes firman. Años 194° y 145°.-

EL JUEZ SUPERIOR, (…)

 

Apoderado de la Parte recurrente (…)

 

Apoderada de la Parte Recurrida (…)

 

Apoderada de la Parte Recurrida (sic)

 

EL SECRETARIO DE SALA,

Se pública (sic) la integridad de la sentencia en ese mismo día, a las 4:00 p.m. (…).

 

 

Ahora bien, esta Sala de Casación Social ha establecido en reiteradas oportunidades que los requisitos de la sentencia, contenidos en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, afectan el orden público, y por tanto, su inobservancia por parte de los jueces de instancia debe ser advertida por este máximo Tribunal, aun de oficio.

 

En este orden de ideas, en la decisión 717 del 27 de junio de 2005 (coso: Elena Lugo Del Moral), se destacó la importancia de tales requerimientos, en particular el relativo a la motivación del fallo, al sostener:

 

En el caso examinado constata esta Sala de Casación Social un flagrante quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos en menoscabo del derecho a la defensa, que hizo incurrir a la recurrida en la infracción de normas de orden público como lo son el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 159 y 160 eiusdem, 49 numeral 1° y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

(Omissis)

Así pues, al constar en el expediente, únicamente las actas de las audiencias orales, es decir, la primera donde se expone los alegatos de las partes conjuntamente con el diferimiento sentencial y la otra relativa al pronunciamiento del fallo en donde sólo consta la parte dispositiva del mismo, y al no haberse inmediata o posteriormente reproducido la sentencia con los motivos de hecho y de derecho de la decisión, es evidente que esta Sala se encuentre impedida de ejercer el control de legalidad sobre la situación planteada.

Dicha forma de actuar del Tribunal Superior, en violación a disposiciones de orden público, sin lugar a dudas, debe ser censurada por este alto Tribunal, en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las partes, que es el interés primario de todo juicio, pues no le es dable a las partes ni a los jueces subvertir las formas procesales preestablecidas para la sustanciación de los juicios, por cuanto su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público.

Ahora bien, ciertamente las normas señaladas como infringidas, de manera general, establecen que la sentencia debe ser reproducida de forma lacónica, sucinta y precisa, sin necesidad de narrativa, ni transcripciones de actas, ni de documentos que consten en el expediente, es decir, sin formalismos innecesarios, empero, lo que no puede ni debe permitirse, es que en virtud de una interpretación tan escasa de dichas normas, los jueces, con la simple publicación del acta de la audiencia, relajen actos indispensables del proceso, como es, la reproducción motivada de la sentencia que con anterioridad fue dictada en forma oral.

Obviamente, la intención del legislador en ordenar la reproducción de la sentencia, fue la de procurarle a las partes seguridad jurídica, pues al ser éste un acto indispensable dentro del proceso, conlleva a su vez un elemento esencial del fallo como es la motivación. Efectivamente, la argumentación realizada en la motivación de las sentencias es un mecanismo de seguridad que debe seguir el juez  para que la sociedad pueda fiscalizar el convencimiento judicial. De esta forma, se da lo que algún autor ha denominado momento social de la formación de la convicción o principio del carácter social del convencimiento.

En este sentido, si a la sentencia se llega a través de un diálogo, en el que se han mantenido, ideológica y polémicamente dos actitudes opuestas o diversas, indudablemente, dicha decisión debe razonarse, luego, el derecho a la seguridad jurídica, exige a su vez las explicaciones y razonamientos de la motivación jurídica.

(Omissis)

(…) dado el carácter de orden público que tiene la estricta observancia de las formas procesales preestablecidas para la sustanciación de los juicios, esta Sala de Casación Social observa que en el presente juicio existió un flagrante quebrantamiento procesal atribuible al Tribunal Superior, el cual conllevó a la infracción del artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 159 y 160 eiusdem, así como de los artículos 49 numeral 1° y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, esta Sala considera que la decisión no ha alcanzado el fin al cual está destinada, es decir, no ha alcanzado la efectiva resolución de la controversia con fuerza de cosa juzgada, impidiendo por lo tanto el control de su legalidad tanto procesal y sustancial que produjo la infracción de las normas antes señaladas, declaratoria ésta que hace la Sala de oficio.

 

Conteste con la doctrina jurisprudencial supra transcrita, y visto que el sentenciador de la recurrida vulneró normas de orden público, al no apegarse a lo dispuesto en los artículos 159, 160 y 165 de la ley adjetiva laboral, al “reproducir” la sentencia dictada, esta Sala casa de oficio el fallo impugnado y, en consecuencia, repone la causa al estado en que el Juzgado Superior del Trabajo de origen reproduzca de manera sucinta y breve los motivos de hecho y de derecho que lo llevaron a declarar sin lugar la apelación de la parte recurrente y confirmar la sentencia del Juzgado Transitorio de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar. Así se decide.

 

Finalmente, vista la anomalía cometida, esta Sala de Casación Social exhorta al Tribunal Superior del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, a que no incurra nuevamente en dichos quebrantamientos, en virtud del menoscabo de los derechos a la defensa y al debido proceso que ello ocasiona a las partes involucradas en la causa, so pena de ser sancionado de acuerdo con el Parágrafo Único del artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO la sentencia publicada el 10 de marzo de 2005 por el Juzgado Superior del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede Puerto Ordaz; en consecuencia, ANULA el fallo antes identificado y REPONE LA CAUSA al estado en que el Tribunal Superior de origen reproduzca los motivos de hecho y de derecho que lo llevaron a decidir el mérito de la causa en la forma en que lo hizo.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, a los fines legales consiguientes.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los seis  (06) días del mes de  octubre  de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146° de la Federación.

 

 

Presidente de la Sala,

 

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

 

Vicepresidente,

 

 

 

 

_______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

 

Magistrado,

 

 

 

 

_______________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

 

 

Magistrado,

 

 

 

 

______________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

 

Magistrada Ponente,

 

 

 

 

_________________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

Secretario,

 

 

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

R.C. AA60-S-2004-567

 

Nota: Publicada en su fecha a

 

                                                        El Secretario