SALA DE CASACIÓN SOCIAL

 

Ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO.

 

En el juicio que por cobro de diferencia de prestaciones sociales sigue el ciudadano LEVIS ENRIQUE GONZÁLEZ MOLERO representado judicialmente por los abogados Vicente Rafael Padrón, José Ignacio Batista Romero, Giuseppe Vasile Caitelli y Bertha Salazar Urribari contra la sociedad mercantil BANCO MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL, representada judicialmente por los abogados Santiago Gimon Estrada, Mónica Govea de Febres, Mariela Govea Fuenmayor, Enrique Troconis Sosa, Alfredo Romero Mendoza, Sara Almosny Franco, Beatriz Rojas Moreno, Herminia Pelaez Bruzual, Rosa Yepez y Yolimar Quintero; el Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en la ciudad de Maracaibo, dictó sentencia en fecha 07 de marzo del año 2005, siendo reproducida en fecha 14 de marzo del mismo año, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, sin lugar la defensa de cosa juzgada y parcialmente con lugar la demanda, confirmando así el fallo apelado.

 

Contra el fallo anterior anunció recurso de casación la abogada Mónica Govea de Febres, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, el cual una vez admitido fue oportunamente formalizado. Hubo contestación a la formalización. 

 

En la oportunidad fijada para la realización de la audiencia, concurrieron las partes y expusieron sus alegatos en forma oral y pública.

 

Concluida la sustanciación con el cumplimiento de las formalidades legales pasa esta Sala de Casación Social a reproducir la sentencia dictada en fecha 02 de noviembre del año 2005, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, previa las siguientes consideraciones:

 

RECURSO DE CASACIÓN

-I-

De conformidad con el ordinal 1° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia que la recurrida incurrió en quebrantamientos sustanciales de los actos en menoscabo al derecho de la defensa de la demandada y al debido proceso, infringiendo por consiguiente el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Sobre el particular alega el formalizante, lo siguiente:

 

La sentencia recurrida violentó la cosa juzgada administrativa al haber tachado un acto administrativo definitivo y firme que creó derechos subjetivos a favor de nuestra representada y que incluso trajo como resultado el pago de una cantidad de dinero por parte de nuestra representada. Con ocasión de la demanda intentada opusimos como defensa de fondo la cosa juzgada que emana de la transacción laboral celebrada entre las partes el 4 de febrero de 2003, ante el funcionario jefe de sala de conciliación de la Inspectoría del Trabajo y posteriormente homologada el 7 de febrero de 2003, por esa misma Inspectoría.

 

Ahora bien, en la oportunidad de la audiencia de juicio, la parte actora tachó de falso el documento transaccional producido y al efecto promovió en la incidencia probatoria respectiva el cotejo de la firma del auto de homologación, el cual diera como resultado que supuestamente la firma que aparece en dicho auto no es igual a la de los documentos señalados como indubitados. Con fundamento en ello, el sentenciador, violando el debido proceso y el derecho a la defensa desechó el valor probatorio de la transacción como medio de autocomposición procesal la cual tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada, ya que la homologación que imparte el Inspector del Trabajo se requiere sólo para su ejecución, pero no invalida en ningún momento la transacción celebrada, la cual es la que produce cosa juzgada por lo que al declararse con lugar la tacha del auto de homologación y SIN LUGAR la defensa de fondo de la Cosa Juzgada, vulneró el principio denunciado, declarando una nulidad diferente de las contempladas en el Código Civil, en materia de transacción, es decir, el fallo creó un nuevo tipo de nulidad en materia de transacciones no prevenida en la ley.

 

2. Segunda denuncia: Es de notar, que los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo son actos administrativos. Los actos administrativos definitivos, es decir aquellos que terminan un procedimiento administrativo, como es el caso de los actos que derivan de la terminación de un procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, pueden ser impugnados, ya sea en sede administrativa, o en sede judicial ante los tribunales correspondientes de la jurisdicción contencioso administrativa. Al respecto el artículo 259 de la Constitución establece que es la jurisdicción contencioso administrativa a la que corresponde la anulación de los actos administrativos. En lo que respecta a los actos administrativos. En lo que respecta a los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, los mismos, en virtud de que así lo estipula la ley, agotan la vía administrativa y causan estado, es decir, los mismos no son revisables en sede administrativa al menos por el órgano superior (eg. Ministerio del Trabajo), sino que su impugnación debe realizarse ante los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativo, según la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, la cual asume esa Honorable Sala de Casación Social. El procedimiento debido, a manera de impugnar los referidos actos administrativos, es el procedimiento de anulación de actos administrativos particulares mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo de anulación contra el acto, el cual en forma alguna se llevó a cabo violando así el derecho a la defensa de nuestra representada.

 

 

Por otra parte, cuando el acto administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo no es impugnado dentro de los plazos establecidos para ello (6 meses para el recurso contencioso administrativo de anulación) el mismo queda firme, es decir, no puede ser revisado cuando ha creado derechos particulares, cualquier revisión sería contraria a la ley y a la Constitución, ya que violaría la garantía de la cosa juzgada administrativa, lo cual ocurrió, por demás, en el presente caso. Sólo podría revisarse el acto administrativo en cualquier momento siempre y cuando el mismo se encuentre viciado de nulidad absoluta.

 

En el caso que nos ocupa, la homologación de la transacción por parte de la Inspectoría del Trabajo es un acto administrativo que en caso de considerarse que el mismo se encontraba viciado de nulidad, ha debido procederse a la jurisdicción contencioso administrativa para atacar el mismo. Sin embargo, en el caso objeto del presente proceso, el actor, por vía incidental de tacha, dentro de un proceso en la jurisdicción laboral, solicitó la anulación del acto y el Tribunal a quo violando el derecho a la defensa y el debido proceso.

 

Para decidir la Sala observa:

 

La doctrina ha señalado que la fundamentación es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente, como requisito esencial de la formalización, por su amplitud, complejidad y trascendencia. Por lo tanto, requiere el desarrollo de razonamientos sometidos a una lógica jurídica clara y concreta, y al mismo tiempo, a los principios que primordialmente, la doctrina de casación ha elaborado durante toda la existencia del alto Tribunal, lo cual revela un profundo y detenido estudio de la normativa que regula la materia, concretado en postulados que, mediante una diuturna y pacífica jurisprudencia, constituyen verdaderas premisas generales respecto a la técnica de la formalización (Dr. José S. Nuñez Aristimuño. Aspecto en la Técnica de la Formalización del Recurso de Casación).

 

Pues bien, en el presente caso, se evidencia que la presente denuncia adolece de la técnica requerida para su formulación, puesto que aún y cuando está encuadrada en el ordinal 1° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sin embargo, el formalizante no indica de manera clara, concisa y precisa en qué se ampara o fundamenta la delación, siendo esto, como ya se dijo, un requisito indispensable para que la Sala entre a analizarla.

 

En consecuencia, se desecha la presente denuncia. Así se decide.

 

II

 

De conformidad con el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la infracción por parte de la recurrida del artículo 1.713 del Código Civil por errónea interpretación.

 

Sobre el particular alega el formalizante, lo siguiente:

 

Es de notar que en la incidencia de tacha nuestra representada promovió prueba de informes a la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital, solicitándoles la remisión del acta transaccional suscrita por las partes y el acto mediante el cual la Inspectoría del Trabajo homologó la transacción. Al respecto, la Inspectoría del Trabajo remitió copia certificada de dicha transacción quedando con ello demostrado en actas, que independientemente de la firma del auto de homologación, el acto administrativo como tal emanó de ese órgano administrativo como resultado de la solicitud de homologación que ambas partes hicieron a esa Inspectoría al suscribir el acta transaccional.

 

Lo anterior implica que, a todo evento, en el supuesto negado de que el acto de homologación fuere ciertamente declarado nulo, luego del procedimiento correspondiente, en virtud de no haber sido suscrito por un funcionario competente o por error o dolo, en cualquier caso nuestra representada, así como el hoy demandante, efectivamente suscribieron una transacción y la misma fue homologada, lo cual quedó fehacientemente demostrado al haber recibido de la propia Inspectoría del Trabajo, del propio Inspector competente una copia certificada de la transacción y de su homologación respectiva por ese mismo organismo, amén de que las firmas estampadas por (sic) actor en dicha acta fueron objeto de cotejo, quedando demostrado que se trata de su firma autógrafa. En modo alguno entonces existe duda de la existencia de la transacción, sino lo que existe es un error de la Administración en cuanto a su homologación lo que en forma alguna desvirtúa el hecho de que existió el contrato de transacción de conformidad con lo establecido en el artículo 1713 del Código Civil, lo cual quedó fehacientemente demostrado.

 

Para decidir la Sala observa:

 

Aduce el recurrente, la errónea interpretación del artículo 1.713 del Código Civil, pues independientemente de haberse declarado nulo el acto de homologación del escrito transaccional, sin embargo, quedó demostrado durante la secuela del juicio la existencia de una transacción a tenor de los dispuesto en el artículo denunciado como infringido, por lo que el juez debió así declararlo y no lo hizo.

 

Consecuente con lo anterior se infiere que al denunciar por errónea interpretación la norma general que sobre la transacción contempla el Código Civil, se está denunciando a su vez la errónea interpretación de la norma especial, es decir, la infracción del artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo, por consiguiente esta Sala entra a conocer la denuncia por errónea interpretación de los artículos 1.713 del Código Civil y 3° de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

Como es sabido, uno de los principios rectores que rige en materia laboral, es el de la irrenunciabilidad de derechos, consagrado tanto en la Constitución Nacional (artículo 89 ordinal 2°) como en la Ley Orgánica del Trabajo, en el sentido que son irrenunciables las disposiciones que la ley establezca para favorecer o proteger a los trabajadores.

 

Este principio, no obstante su presentación y concepción rigurosa o extrema, admite, en determinadas circunstancias de tiempo lugar y modo, cumplidos como lo hayan sido ciertos requisitos, la posibilidad de que los trabajadores puedan disponer de sus derechos a través de fórmulas de autocomposición procesal. En este sentido, este alto Tribunal ha establecido el criterio conforme al cual, una vez que ha concluido la relación de trabajo, puede el trabajador entrar a disponer el monto de los derechos que se han consolidado a su favor, pues la prohibición es de hacerlo durante el curso de la relación o bien antes del inicio de la misma y como condición para que se celebre, como sería por ejemplo, renunciar al pago de vacaciones o de utilidades, o al derecho a percibir aumentos salariales, etc..

 

 La doctrina laboral, ha sostenido, que el origen de la disposición contenida en el artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo (también 9° y 10 del reglamento), explica el principio de irrenunciabilidad de vigencia absoluta durante la vida de la relación de trabajo (puesto que la finalidad protectora de las normas de derecho del trabajo resultaría inoperante en la práctica de no ser así) pero que sin embargo, una vez concluida la relación laboral, existe la posibilidad de transar respecto a los derechos y deberes que la terminación del contrato engendra o hace exigibles, porque si bien subsiste la finalidad protectora, ésta queda limitada a esos derechos y deberes. En ese momento, ya no existe el peligro de que se modifiquen las condiciones mínimas de trabajo establecidas por el legislador, además porque es precisamente el trabajador como parte económicamente débil el más interesado en poner término o en precaver un proceso judicial y también se evita que por esa vía el patrono se sustraiga al cumplimiento de alguna de sus obligaciones.

 

Es así, que el artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo incorporó definitivamente a su contenido normativo la solución, admitiendo la posibilidad de transacción, sujeta a determinadas solemnidades y requisitos adicionales, como lo son, la forma escrita y la relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos.

 

Esto no ofrece mayores problemas cuando la negociación tiene por objeto poner término a un litigio pendiente, por cuanto en ese caso no hay duda alguna acerca del conocimiento que el trabajador tiene del monto y la extensión de sus derechos, que obviamente ya se ha explanado en el libelo de la demanda, oportunidad preclusiva para alegarlos.

 

La razón de la norma protectora se hace manifiesta cuando se trata de precaver un litigio eventual, exigiendo como requisito esencial para la validez de la transacción, que en el texto del documento que la contiene se expresen los derechos que corresponden al trabajador, para que éste pueda apreciar las ventajas o desventajas que ésta produce y estimar si los beneficios obtenidos justifican el sacrificio de alguna de las prestaciones previstas en la legislación.

 

Entonces, siendo que la transacción se basa en recíprocas concesiones, no basta sin embargo en materia laboral, expresar de modo genérico, “que se satisface en forma definitiva cualquier obligación que pudiere existir pendiente entre las partes con motivo de la relación laboral que les uniera”, sino que es necesario como ha indicado la doctrina y la jurisprudencia, que la transacción sea circunstanciada, es decir, que especifique de manera inequívoca los derechos, prestaciones e indemnizaciones sobre los cuales recae, para que el trabajador pueda apreciar las ventajas y desventajas que ésta le produce, para así poder estimar si los beneficios obtenidos justifican el sacrificio de alguna de las prestaciones previstas en la legislación.

 

En sintonía con lo anterior, en el caso que nos ocupa esta Sala constata que la recurrida infringió el espíritu y propósito del artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo, pues si bien dicha norma contiene el principio de la irrenunciabilidad de las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores, permite sin embargo, que una vez que haya finalizado la relación laboral puedan los trabajadores y patronos celebrar acuerdos o transacciones para poner término a un litigio pendiente o evitar un litigio eventual, siempre, claro está, se cumplan con los requisitos de ley, a saber, la voluntad libre y espontánea de las partes, que consten por escrito, y contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.

 

Por lo tanto, al verificar esta Sala que efectivamente la transacción suscrita entre las partes por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, fue hecha de manera libre y espontánea tanto por el trabajador demandante como por la empresa, y que hubo en el escrito respectivo una relación circunstanciada de los hechos y del derecho, declara que la recurrida infringió por errónea interpretación los artículos 3° de la Ley Orgánica del Trabajo y 1.713 del Código Civil, pues independientemente de que la rúbrica que consta en el acto de homologación del escrito transaccional, corresponda o no a la verdadera firma del funcionario autorizado, sin embargo, existe el hecho cierto que la transacción fue suscrita  y firmada por las partes, lo que hace presumir la legalidad de dicho acto, otorgándole a su vez a la transacción el carácter de cosa juzgada.

 

Por consiguiente se declara procedente esta denuncia. Así se decide.

 

Al haber encontrado esta Sala de Casación Social procedente la segunda denuncia contenida en el capítulo quinto, se declara nulo el fallo recurrido de fecha 07 de marzo del año 2005, reproducido en fecha 14 de marzo del mismo año emanado del el Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y pasa a dictar sentencia sobre el fondo de la controversia, todo ello de conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide

 

SENTENCIA DE FONDO

 

Se inicia la presente causa mediante demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales, incoada por el ciudadano LEVIS ENRIQUE GONZÁLEZ MOLERO contra la sociedad mercantil BANCO MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL libelo que fue reformado, y que asciende a la cantidad de Bs. 372.611.020,20.

 

Notificada debidamente la parte demandada para que compareciera a la audiencia preliminar, la misma se realizó el día 27 de mayo del año 2004. Hubo varias prolongaciones, celebrándose la última de ellas el día 26 de agosto del año 2004. En esta última fecha, y debido a la imposibilidad de conciliación, se ordenó incorporar al expediente las pruebas promovidas por las partes.

 

En fecha 2 de agosto del año 2004, la parte demandada contesta la demanda (folio 371, 2° pieza), oponiendo como defensa principal, la cosa juzgada que se desprende del documento transaccional suscrito entre las partes en fecha 4 de febrero del año 2004.

 

Se remite el expediente al tribunal de juicio competente, el cual admite las pruebas en fecha 20 de agosto del año 2004 (folio 391, 2° pieza).

 

En fecha 27 de octubre del año 2004, se celebró la audiencia de juicio (folio 399, 2° pieza). En dicha audiencia, ambas partes expusieron sus alegatos, evacuándose luego las pruebas pertinentes. En este mismo acto, la parte demandante en conformidad con el artículo 83 numeral 1° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procedió a tachar la prueba documental promovida por la parte demandada, la cual riela a los folios 359 al 370 de la 2° pieza, la cual consta de una transacción suscrita entre las partes en fecha 4 de febrero del año 2003, presuntamente homologada por el Inspector del Trabajo en fecha 7 de febrero del mismo año.

 

Acto seguido, el Juez Tercero de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en conformidad con los artículos 83, 84 y 85 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenó abrir un cuaderno separado, para el trámite de la incidencia de tacha. En virtud de lo anterior, ordenó prolongar la audiencia de juicio, hasta tanto fuesen evacuadas las pruebas en dicha incidencia.

 

En la incidencia de tacha, el experto grafotécnico determinó que la firma estampada en el acto de homologación del documento transaccional de fecha 4 de febrero del año 2003, no correspondía a la verdadera firma del funcionario de la Inspectoría de Trabajo, ciudadana Katerine Villalba de Campos, presumiéndose entonces que hubo un forjamiento de firma.

 

Igualmente en fecha 29 de octubre del año 2004 (folio 17 al 20), en la incidencia de tacha la parte demandada promovió las siguientes pruebas:

 

a) Insistió en el valor probatorio del documento transaccional de fecha 04 de febrero del año 2003, debidamente homologado, a su decir, en fecha 07 de febrero del mismo año.

 

b) Solicitó prueba de informe, cuya resulta consta en el expediente al folio 54 y 73 de la 1° pieza.

 

c) Declaración de parte, a fin de que se interrogara al actor sobre la suscripción de la transacción.

 

d) Por último, solicitó la prueba de cotejo, sobre las firmas que aparecen en el documento de transacción de fecha 04 de febrero del año 2003, es decir, sobre la firma del actor y del representante de la empresa demandada.

 

Las resultas de esta prueba, se encuentra inserta en la 1° pieza del expediente del folio 123 al 129. En ella, el experto designado para practicar el cotejo concluyó, que la rúbrica estampada en el documento transaccional, corresponde con la verdadera firma del ciudadano actor Levis Enrique González.

 

En fecha 17 de noviembre del año 2004 (folio 150 al 153, 1° pieza), visto la culminación de la incidencia de tacha, el Tribunal de Juicio, en forma oral decide sobre la tacha propuesta y sobre el fondo de la causa, declarando:

 

1.-PROCEDENTE, la tacha propuesta e improcedente la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada, dada la falsedad del documento administrativo de homologación del contrato transaccional.

2.-PROCEDENTE, el alegato de la parte actora, referido a la aplicación de lo establecido en el contrato individual de trabajo.

3.-PROCEDENTE, el concepto de setenta (70) meses reclamado por el actor, en relación al régimen de liquidación establecido en su contrato individual de trabajo, deduciéndosele a  dicho concepto lo cancelado por la accionada según lo acredita en actas.

4.-IMPROCEDENTE, los conceptos de incentivo de constancia de la cláusula 29 de la Convención Colectiva 2001-2003 del Banco Mercantil y FETRAMERCANTIL.

 

Por consiguiente, declaró con lugar  la tacha de documento; y parcialmente con lugar la demanda, ordenando el pago de Bs. 322.730.823,55.

 

Contra la decisión precedentemente expuesta, ejerció recurso de apelación la parte demandada, siendo el mismo decidido en fecha 7 de marzo del año 2005 por el Juzgado Superior Primero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que declaró sin lugar el recurso de apelación, y sin lugar la defensa de cosa juzgada, confirmando así el fallo apelado que declaró parcialmente con lugar la demanda.

 

Ahora bien, teniendo esta Sala la facultad de emitir la sentencia de fondo de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 175 de la Ley Orgánica del Trabajo, pasa a dictarla bajo las siguientes consideraciones:

 

Consecuente con el recurso de casación precedentemente resuelto, donde se resolvió el carácter de cosa juzgada administrativa que emana del documento transaccional suscrito entre las partes a tenor de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo, a esta Sala de Casación Social sólo le resta señalar, que el acto en cuestión previno cualquier reclamación a futuro, por lo que mal puede el trabajador pretender demandar conceptos que ya fueron debidamente cancelados en la oportunidad de la firma del documento.

 

Es así, que del texto de dicha transacción, se evidencia que le fueron cancelados debidamente al trabajador todos y cada uno de los conceptos que legal y contractualmente le correspondía en derecho, tanto por aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, como por la Convención Colectiva vigente para el momento de la terminación de la relación de trabajo.

 

Por consiguiente, esta Sala de Casación Social declara que la empresa demandada, al término de la relación laboral, honró su compromiso con el trabajador a cancelarle lo que en derecho a él le correspondía. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara 1°) CON LUGAR el recurso de casación propuesto por la parte demandada, contra la decisión de fecha 07 de marzo del año 2005, reproducida en fecha 14 de marzo del mismo año emanada del el Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. De conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se decreta la nulidad del fallo dictado por el Juzgado Superior anteriormente mencionado, y 2°) SIN LUGAR la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales intentada por el ciudadano LEVIS ENRIQUE GONZÁLEZ MOLERO contra la sociedad mercantil BANCO MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL.

 

Por disposición del artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se condena en costas al demandante por resultar totalmente vencido en el proceso.

 

Publíquese y regístrese. Remítase directamente este expediente al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines legales consiguientes.

 

La presente decisión no la firma la Magistrada CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA porque no estuvo presente en la Audiencia Pública correspondiente

 

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los diez (10) días del mes de noviembre  del año 2005. Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente,                                               Magistrado Ponente,

 

_______________________________       _______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO                ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

                                                                                     Ma-

 

 

 

 

 

 

 

gistrado,                                                      Magistrada,

 

_______________________________       ________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C. N°  AA60-S-2005-000708

Nota: Publicada en su fecha a las

 

 

 

                                                                           El Secretario