SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

En el juicio por estimación e intimación de honorarios que siguen los ciudadanos SANDY JUNIOR GÓMEZ ROMERO, EULOGIO SABALLO ALLEN Y LUIS ZAMBRANO ROA, titulares de las cédulas de identidad N° V-6.500.718, V-3.344.660 y V-5.021.484, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 39.671, 39.203 y 66.364, respectivamente, contra la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., inscrita inicialmente en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 13 de junio de 1977, bajo el N° 1, tomo 16-A., representada judicialmente por los abogados Oswaldo Padrón Salazar, Lizbeth Subero Ruiz y Rafael Gamus Gallego, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 48.097, 24.550 y 1.589, respectivamente; el Juzgado Cuarto Superior del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 13 de junio de 2005, declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte intimada, anuló la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2004 por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que declaró procedente el derecho a la estimación e intimación de honorarios profesionales, y repuso la causa al estado de “instrumentar” el procedimiento previsto en la Ley de Abogados y su Reglamento para constituir el tribunal retasador.

 

Contra la sentencia de alzada, la parte intimada anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido fue oportunamente formalizado. Hubo contestación.

 

Celebrada la audiencia oral, pública y contradictoria el 5 de diciembre de 2005 y emitida inmediatamente la decisión conforme a lo previsto en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa esta Sala a reproducir la sentencia, bajo la ponencia de la Magistrada doctora Carmen Elvigia Porras de Roa, previas las siguientes consideraciones:

 

RECURSO DE CASACIÓN

INFRACCIÓN DE LEY

 

Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 175 eiusdem, se denuncia infracción de la recurrida por haber incurrido en falso supuesto, suposición falsa y/o falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación al atribuirle a las actas del expediente menciones que no contiene, y como consecuencia de la contravención delatada, la infracción por falta de aplicación en que incurre la recurrida en relación con el artículo 22 de la Ley de Abogados y los dispositivos contenidos en los artículos 286 del Código de Procedimiento Civil y 63 de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

Como fundamento de su denuncia, la recurrente expresa:

 

En nuestro escrito de oposición señalamos lo siguiente:

‘Nos oponemos formalmente a la estimación de honorarios que encabeza estas actuaciones, y a su vez, nos acogemos a todo evento, plena y subsidiariamente al derecho y beneficio de retasa establecido en la Ley de Abogados…’

(Omissis)

(…) En efecto, del extracto que trajimos a colación de nuestros escritos de oposición e informes, se desprende con meridiana claridad, que muy al contrario de lo establecido en la recurrida, ciertamente hubo oposición clara y formal al derecho, aunque no en cuanto al derecho mismo al cobro de honorarios, por cuanto éste era incuestionable desde que nuestro mandante resultó condenado en costas, pero sí en cuanto al derecho que pretendieron tener los intimantes al cobro de honorarios por encima del límite o base del cálculo que autoriza la ley.

(Omissis)

Obsérvese muy detenidamente, que no estamos discutiendo un simple problema de exageración en la estimación del monto de los honorarios, sino una estimación por encima del límite legalmente establecido, con lo cual lo que pretendemos es que, al proceder a la retasa, que es un derecho que hemos ejercido a todo evento, los jueces retasadores tengan un parámetro legal y justo dentro del cual tasar los honorarios, parámetro o límite que, precisamente, consideramos excedido por los estimantes y el cual pretendemos que se fije por el juez de la causa dentro de la incidencia que, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Abogados, debió ser abierta y decidida. En nuestro caso concreto, hemos señalado que lo que se trata de dilucidar es la aplicación concreta de una norma legal prevista a un supuesto no expresamente previsto por el legislador laboral, como es el caso del límite máximo por honorarios profesionales en materia de juicios en el cual la determinación del monto de ‘lo demandado’ es de la exclusiva competencia del juez de mérito y no de la parte actora, por tratarse de un juicio sobre daño moral.

Hemos, también, alegado que la fijación del límite o base de cálculo al cual deben someterse y tienen derecho los intimantes de autos, no es materia de la competencia del tribunal retasador, dado que ese tribunal sólo tiene por función fijar el monto a que tendríamos derecho los intimantes.

(Omissis)

Esa consideración, explica claramente cómo es que el juez de la recurrida incurre en el falso supuesto denunciado, dado que pretendió dar a nuestros alegatos menciones que no contienen, ni se desprenden, ni se corresponden, con el contexto integral de la oposición formulada, dado que pretendió establecer que no hubo oposición al derecho cuando en efecto la hubo. Por oposición a la estimación debe entenderse la negación del derecho, tanto en su sentido integral como parcialmente, como, en efecto, ocurre en nuestro caso concreto desde que la controversia se circunscribe a la discusión del derecho que pretenden tener los intimantes de percibir honorarios por encima del límite legalmente establecido.

Tanto el legislador laboral como el civil, en los dispositivos que hemos señalado del 63 de la LOPT y 286 del CPC, son determinantes al señalar que las costas son exigibles a la parte contraria hasta un máximo del treinta por ciento (30%) de lo litigado, es decir, del monto en que resultó condenado el perdidoso, nunca como lo pretenden en este caso concreto, que puedan fijarse en el cien por ciento (100%), aproximadamente, del monto en que resultó condenado nuestro mandante.!!!

(Omissis)

En efecto, al desconocer el fallo la oposición que hiciéramos al derecho de los intimantes, cuando en efecto nos opusimos a tal derecho, en la forma y extensión en que pretendió ejercerse, viola el dispositivo contenido en el artículo 22 de la Ley de Abogados en la parte que ordena la apertura de la articulación probatoria, cuando exista, como existe en el caso que nos ocupa, la oposición formal al derecho, por ende, al ordenar la reposición al estado en que se dé nombramiento a los retasadores, sin ordenar la apertura del lapso de la articulación está infringiendo norma expresa, y así solicitamos sea declarado en la definitiva.

 

Para decidir la Sala observa:

 

En primer lugar, se observa que el formalizante incurre en falta de técnica, pues mezcla distintas denuncias al imputar a la sentencia recurrida los vicios de “suposición falsa y/o manifiesta ilogidad de la motivación”, y falta de aplicación de una norma.

 

No obstante, esta Sala de Casación Social, extremando sus funciones en atención a lo dispuesto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza a las partes una justa resolución de la controversia, expedita y sin dilaciones indebidas, pasa a conocer la presente denuncia, en los siguientes términos:

 

En el presente caso, denuncia la recurrente el “falso supuesto, suposición falsa y/o falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación”, por cuanto al juzgador ad quem consideró que la parte intimada no había manifestado su oposición a los honorarios intimados, no obstante que la misma sí fue formulada, aunque en lo que concierne a la pretensión de los accionantes, de cobrar sus honorarios por encima del límite o legal.

 

Al respecto, debe esta Sala reiterar lo sostenido, en sentencia Nº 516 del 31 de mayo de 2005, en cuanto al falso supuesto:

 

(...) la suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el Juez establece falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, entre otras razones porque no existen las menciones que equivocadamente atribuyó a un acta probatoria del expediente. Los escritos presentados por las partes, ya sea de demanda, de contestación, de informes o de observaciones a los informes de la contraparte, no constituyen pruebas, sino que contienen los alegatos de las partes. Por ello, cualquier distorsión o tergiversación de su contenido no constituye suposición falsa (...) (Subrayado añadido).

 

Por lo tanto, visto que las supuestas menciones que fueron atribuidas por el juez a las actas del expediente, están referidas al escrito de oposición presentado por la parte intimada, así como al de informes, se concluye que la eventual tergiversación de su contenido no podría dar lugar al vicio del falso supuesto.

 

Asimismo, como es bien sabido, la falsedad en la motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación se presenta cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos o absurdos que se desconoce el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión, situación que esta Sala no constató en el fallo recurrido, toda vez que claramente se desprende de la recurrida, que el sentenciador consideró que, como –en su criterio- no hubo oposición, el a quo vulneró el procedimiento, al tramitar la articulación probatoria de acuerdo con el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en vez de ordenar la constitución del tribunal de retasa. En consecuencia,

 

Ahora bien, delata la recurrente la falta de aplicación del artículo 63 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, según el cual los honorarios profesionales no excederán del 30 % del valor de lo demandado.

 

Con relación a dicha denuncia, observa esta Sala que la recurrida declaró con lugar la apelación interpuesta por la parte intimada, por lo que anuló la sentencia del a quo y repuso la causa al estado en que el juez de primera instancia tramitara el procedimiento establecido en la Ley de Abogados y su Reglamento para la constitución del tribunal retasador, a fin de determinar el monto a cobrar por los intimantes.

 

En tal sentido, cabe destacar un extracto de la decisión de la recurrida:

 

En virtud de que no se cumplió a cabalidad el procedimiento establecido para tramitar la intimación de honorarios, tomando en cuenta que no hubo oposición al derecho y el a quo no ha debido aperturar (sic) la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, ni decidir sobre la oposición a la estimación por lo que lo procedente era que se constituyera el Tribunal Retasador, lo procedente en este caso de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela y 206 del Código de Procedimiento Civil, es declarar la nulidad de la sentencia apelada de fecha 15 de diciembre de 2004 y la consecuente reposición de la causa al estado de que el tribunal de la causa, visto que la intimada no se opuso el derecho al cobro de honorarios profesionales, instrumente el procedimiento establecido en la Ley de Abogados y su Reglamento para la constitución del Tribunal Retasador para que determine el monto a cobrar por los intimantes. (Destacado la Sala)

 

La Sala evidencia que la reclamación por honorarios en el caso bajo estudio está inmersa en la condenatoria en costas de la que fue objeto la intimada; por ello, es necesario señalar que la Ley de Abogados y su Reglamento contemplan la reclamación por honorarios judiciales o extrajudiciales; si la reclamación de honorarios dimana de una condenatoria en costas, y surge alegación del condenado en costas y ahora intimado por honorarios, contra el derecho del intimante a cobrar lo que pretende, recibe el tratamiento incidental previsto en el artículo 22 de la Ley de Abogados; de modo que la reclamación de costas procesales formulada debe tramitarse en una incidencia dentro del respectivo proceso donde se hayan practicado las actuaciones profesionales de los abogados demandantes.

 

En el proceso de intimación de honorarios existen dos etapas bien diferenciadas: 1) etapa declarativa, en la cual el Juez resuelve sobre el derecho o no de cobrar los honorarios intimados; y 2) etapa ejecutiva, la cual comienza con la sentencia definitivamente firme que declare procedente el derecho de cobrar los honorarios intimados, o bien cuando el intimado acepte la estimación o ejerza el derecho de retasa. De acuerdo con lo anterior, existe una primera fase que es la declarativa, en donde se declara la procedencia o no del derecho a cobrar los honorarios por el intimante, y luego la segunda fase, la ejecutiva donde se lleva a cabo el procedimiento de retasa que comienza cuando ocurre alguna de estas situaciones: a) con la sentencia definitivamente firme que declara la procedencia del derecho a cobrar honorarios; b) cuando el intimado acepta la intimación; o c) cuando ejerce el derecho de retasa.

 

Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social considera que, si bien la estimación de los honorarios profesionales corresponde a los jueces retasadores, durante la fase ejecutiva del procedimiento, debió el juez ad quem fijar cuál era el límite máximo establecido en la ley adjetiva laboral, en virtud de los términos en que fue planteada la oposición por  la parte intimada, que adujo que se sobrepasó el límite legal, así como la necesidad de determinar cuál era dicho parámetro, a fin de permitir la labor del tribunal de retasa.

 

Por tal motivo, resulta forzoso concluir que, en efecto, el juez de alzada incurrió en el vicio de falta de aplicación del artículo 63 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual debió ser aplicado en la resolución del recurso sometido a su conocimiento. Por consiguiente, se declara la procedencia de la presente denuncia, con lugar el recurso de casación ejercido y se anula el fallo impugnado.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta Sala pasa a hacer los siguientes pronunciamientos acerca del mérito del asunto:

 

El caso que nos ocupa se refiere al exceso en la cantidad estimada por los intimantes, supuestamente por pretender un monto superior al que legalmente les corresponde; por su parte, si bien la intimada no negó el derecho de los demandantes por haber sido condenada en costas –lo que daba lugar a la apertura del procedimiento de retasa–, resulta indispensable fijar los parámetros a los que estará sujeto el cálculo de los honorarios profesionales.

 

 

En este orden de ideas, el artículo 63 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo dispone que “Las costas que debe pagar la parte vencida, por honorarios del apoderado de la parte contraria, estarán sujetos a retasa. En ningún caso estos honorarios excederán del treinta por ciento (30%) del valor de lo demandado” (Subrayado añadido).

 

Como se observa, nuestra legislación establece literalmente que el monto de las costas procesales no podrá ser mayor al treinta por ciento (30%) del monto de lo demandado, es decir, la estimación de la demanda que realice la parte actora. Sin embargo, en el caso de las demandas por daño moral, dicho límite no puede entenderse en su sentido literal, por cuanto la doctrina y la jurisprudencia patria han señalado pacíficamente, con respecto a tal indemnización, que la calificación, extensión y cuantía del daño moral pertenece a la discreción y prudencia del juez.

 

Con el propósito de determinar cuál debe ser el monto máximo que puede reclamarse a la parte condenada en costas por concepto de honorarios profesionales, cuando se haya demandado la indemnización del daño moral, resulta conveniente citar el criterio fijado por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en sentencia N° 2.361 del 3 de octubre de 2002 (caso: Municipio Irribarren del Estado Lara), acerca de la diferenciación entre el sentido del “valor de lo litigado” y el “valor de lo demandado”; en dicho fallo se sostuvo:

 

¿Cuál es entonces el valor de la pretensión que debe ser tomado en consideración para el cálculo de las costas, la estimación dineraria que hace al inicio del proceso el actor o la que, una vez decidido el proceso por el órgano jurisdiccional y determinado el Derecho que corresponda, realiza el Juez?. Indubitablemente que la segunda opción es la correcta pues en dicho momento procesal ya se ha determinado si es procedente o no la pretensión inicial del accionante incoada por virtud de la demanda.

Lo señalado no choca con la letra del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, el cual consagra el principio de la perpetuatio jurisdictionis, ya que dicha norma, destinada a determinar la jurisdicción y la competencia, se refiere sólo a éstos aspectos (jurisdicción y competencia), para lo cual es importante la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, a los efectos de aplicar las normas sobre la competencia por el valor de la demanda.

Es distinto entonces el valor de la demanda cuyo fin es fijar la competencia por la cuantía, que el valor de lo litigado, que es lo tomado en consideración por el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil para limitar los honorarios que debe pagar el condenado en costas al apoderado judicial de la parte contraria.

El valor de lo litigado es lo que se declara en definitiva en la sentencia, conforme al artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, y ello -además- es el factor sobre el cual se determina el monto de las costas de la ejecución (art. 285 eiusdem).

 

Cónsono con el criterio jurisprudencial transcrito, esta Sala de Casación Social establece, a partir de la publicación de este fallo, que en aquellos casos en que se haya demandado la indemnización por daño moral –y únicamente en lo que respecta a tal resarcimiento–, el límite de los honorarios profesionales preceptuado en el artículo 63 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se refiere al valor de lo condenado por el juzgador, de modo que la estimación de los mismos no podrá exceder del treinta por ciento (30%) del monto estimado por el sentenciador; ello se explica porque, como se indicó supra, la calificación, extensión y cuantía del daño moral pertenece a la discreción y prudencia del juez, quien estima soberanamente el monto de dicho daño, con independencia de la estimación realizada por el actor en su libelo.

 

Por lo tanto, en el presente caso se ordena a los jueces retasadores, que la estimación de las costas procesales se realice por un máximo del treinta por ciento (30%) de lo condenado por el sentenciador, únicamente en lo que respecta al daño moral; y por un máximo del treinta por ciento (30%) de lo demandado, en lo correspondiente a los conceptos restantes. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

En mérito de las anteriores consideraciones, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte intimada, sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A.; 2) ANULA la sentencia dictada el 13 de junio de 2005 por el Juzgado Cuarto Superior del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; 3) ORDENA que la estimación de las costas procesales se realice por un máximo del treinta por ciento (30%) de lo condenado por el sentenciador, en lo que respecta al daño moral; y por un máximo del treinta por ciento (30%) de lo demandado, en cuanto a los conceptos restantes; y 4) ORDENA el envío del expediente al Tribunal respectivo, para la continuación del procedimiento.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de la causa, es decir, al Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y particípese de dicha remisión al Juzgado Superior antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

No firma esta decisión el Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, por no haber presenciado la audiencia oral, debido a motivos justificados.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146° de la Federación.

 

 

Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El

 

 

 

 

Vicepresidente,

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

Magistrado,

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

Magistrado,

 

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ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrada Ponente,

 

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CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

Secretario,

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C. N° AA60-S-2005-1144

 

Nota: Publicada en su fecha a

El Secretario,