SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas, dos (02) días del mes de febrero de 2006. Años: 195° y 146°

                  Mediante escrito presentado en fecha 29 de julio de 2005, ante la Secretaría de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, la abogada NANCY ESTHER HERMOSILLA SERRANO DE MESSINA, quien actuó en nombre propio, solicitó el avocamiento de esta Sala respecto del juicio de divorcio que instauró contra el ciudadano Filippo Messina Piacentini, y que cursa por ante la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

 

                  Recibida la mencionada solicitud, el 09 de agosto de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

                  En fecha 18 de noviembre de 2005, la parte actora consignó un escrito, mediante el cual formuló “Observaciones en el Recurso de Avocamiento (sic)”.

 

                  En la oportunidad procesal correspondiente, pasa esta Sala a decidir sobre el asunto sometido a su consideración, previas las siguientes consideraciones:

 

ÚNICO

 

                  Como fundamento de su petición, expone la solicitante que en el proceso de divorcio instaurado el 30 de abril de 2003, contra su cónyuge, se han producido “escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, (…) que lesionan el Interés Superior, Derechos y Garantías de Orden Público” de los tres (3) adolescentes procreados durante la unión matrimonial, quienes han sido “dolorosamente desprotegidos”, por el tribunal de la causa.

 

                  Aduce que el proceso se ha tramitado en un solo expediente, contentivo de la demanda de divorcio, además de lo relativo al régimen de visitas, la restitución de guarda y custodia, la restitución de los ahorros de los tres hijos adolescentes, “medidas cautelares pendientes por decisión (…), pronunciamientos y actuaciones pendientes (…), resultas pendientes por parte del equipo multidisciplinario”. No obstante, en auto del 25 de julio de 2005, la Juez Unipersonal N° 4 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo “insiste en FIJAR ACTO ORAL DE PRUEBAS con respecto al DIVORCIO, ya que (…) ‘las peticiones incidentales, cada una tiene su propio procedimiento (…)’”, con lo cual se le da prioridad al juicio de divorcio, pese a que deben prevalecer los otros pronunciamientos, en virtud del principio del interés superior del niño.

 

                  Agrega la parte actora, que aún no se encuentran insertas al expediente, las resultas de la evaluación psicológica y socioeconómica de la ciudadana Nana Marisela Rodríguez –“coautora de adulterio de mi (su) cónyuge” y “responsable” de dos (2) de sus hijos “desde que fueron retirados del hogar común por mi (su) cónyuge (…) situación que atenta contra las buenas costumbres y moral”–, no obstante, que la misma fue ordenada por el Tribunal, en fecha 09 de enero de 2004. Asimismo, niega que la juzgadora se haya pronunciado sobre la solicitud formulada el 2 de febrero de 2005, relativa a que “se deje sin efecto el Sellado del Libro de Actas de Asamblea (200 Folios) y Libro de Accionistas (50 Folios) de la Compañía Inversiones M.N.M. C.A. (…) retardando una decisión que atenta contra los derechos y garantías de tres (3) adolescentes y derechos de la comunidad”.

 

                  Afirma la solicitante, además, que la sentenciadora ocasionó un retardo procesal, al ordenar la notificación del Fiscal del Ministerio Público, para resolver la “Solicitud de Restitución de Ahorros que cursa en el Cuaderno de Medidas”, pues tal notificación ya se había realizado; y que, con relación a la solicitud del decreto de sendas medidas preventivas respecto de tres inmuebles ubicados en Aruba y mil (1.000) acciones de la empresa Off Shore Tazajal Development, la Juez indicó, que “‘como quiera que está pendiente una apelación al respecto, este Tribunal deja sin efecto la decisión que sobre este punto se tomo (sic) el 15 de Julio de 2005’, por lo que la accionante se pregunta si “los intereses, derechos, de orden público de tres (3) adolescentes habidos en el matrimonio que se pretende disolver (…), no tienen protección”.

 

                  Añade la solicitante, en escrito presentado el 18 de noviembre de 2005, que el Tribunal de la causa contravino lo dispuesto en el artículo 513 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, toda vez que “NO puede haber decisión al respecto hasta que consten dichos Informes en el Expediente”, refiriéndose a los informes psicosociales del grupo familiar ordenados por el juzgado; y adicionalmente denuncia que no se ha emitido pronunciado alguno acerca de la solicitud de complemento y revisión de la medida provisional relativa a la obligación alimentaria del adolescente que está bajo su custodia, la cual fue fijada en detrimento de su interés superior y sin preverse su ajuste automático.

 

                  Afirma haber requerido a la Juez que se pronunciara sobre los pedimentos pendientes, instara al equipo multidisciplinario a remitir las resultas de las evaluaciones también pendientes y posteriormente, procediera a depurar el procedimiento; sin embargo se obvia esta depuración. Finalmente, señala que la Juez insistió en fijar acto oral de evacuación de pruebas solamente con respecto al divorcio, pese a que el Tribunal no formó expedientes separados desde el principio del proceso, y por lo tanto, “en este insólito Acto Oral de Evacuación de Pruebas, (…) que lleva indefectiblemente al final del proceso de divorcio SE DEJAN TOTALMENTE DESPROTEGIDOS AL CREAR UN GRAN DESORDEN PROCESAL E INSEGURIDAD JURÍDICA con respecto al Interés Superior, Derechos y Garantías de los tres (3) adolescentes involucrados en este procedimiento”.

 

                  Determinados los fundamentos de la solicitud sometida a la consideración de esta Sala, resulta menester precisar que el avocamiento constituye una facultad excepcional que permite a un juzgado superior funcionalmente atraer para sí el examen y decisión de una causa cuyo conocimiento, conforme a las reglas ordinarias de competencia, corresponde a un inferior. Dicha facultad está atribuida al Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala cuya competencia sea afín a la materia debatida en la controversia, conforme a lo establecido en el artículo 5, numeral 48 de la Ley que rige las funciones de este máximo Tribunal de la República, en concordancia con el artículo 18 eiusdem.

 

                  Asimismo, la procedencia de tal facultad excepcional exige el cumplimiento de tres requisitos, por lo menos; los dos primeros requerimientos deben concurrir siempre, bien con uno de los supuestos alternativos contenidos en el tercero, o bien con el cuarto. Ahora bien, la Sala debe destacar que, cualquiera sea el supuesto invocado por el solicitante o examinado de oficio por la propia Sala, es necesario tener siempre presente que el avocamiento es una facultad discrecional y excepcional y que por tanto, debe administrarse con criterios de extrema prudencia, examinando exhaustivamente cada caso.

 

                  En este sentido, de acuerdo con la postura sostenida por esta Sala en sentencia Nº 58 de fecha 13 de febrero de 2003 (caso: Defensor del Pueblo), el primero de los requisitos, se refiere a que el objeto de la solicitud de avocamiento sea de aquellas materias que estén atribuidas ordinariamente al conocimiento de los Tribunales. De forma que, si el asunto objeto de avocamiento es afín con la materia cuya competencia corresponde a la Sala de Casación Social –es decir, con las materias agraria, laboral y de niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela–, estaría satisfecho el primer requisito para poder avocarse al conocimiento y decisión del mismo, porque sólo la Sala que ordinariamente conoce esa materia, podría estar en condiciones de resolver adecuadamente la causa sobre la cual se avoca.

 

                  El segundo de los requisitos exige que el asunto cuyo avocamiento se solicita, curse ante algún otro Tribunal de la República, entendiéndose por tal expresión que la causa está pendiente, es decir, en trámite –en sentido amplio– y, si el juicio comienza con la interposición del libelo de demanda y concluye con la ejecución total y definitiva de la condena establecida en la sentencia definitiva, se infiere, que la Sala se puede avocar de un juicio incluso después de que la sentencia definitiva quede firme, esto es, en fase de ejecución.

 

                  Por otra parte, no es suficiente que el proceso esté en curso, sino que además, debe estar verificándose ante otro Tribunal de la República, necesariamente inferior desde el punto de vista jerárquico.

 

                   En el presente caso, están satisfechos los dos requisitos señalados supra, toda vez que la solicitud de avocamiento formulada por la ciudadana Nancy Esther Hermosilla Serrano de Messina, está referida a la demanda de divorcio que interpuso contra su cónyuge, de cuya unión matrimonial existen tres (3) hijos adolescentes, la cual es conocida por la Juez Unipersonal N° 4 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por lo que el asunto no sólo cursa por ante otro Tribunal de la República, sino que además está relacionado de manera directa con la tutela de los derechos e intereses de los menores de edad involucrados, materia afín con la atribuida a esta Sala.

 

                  El tercero de los requisitos establecidos por la jurisprudencia, exige que el asunto cuyo avocamiento se solicita, represente un caso de manifiesta injusticia, o resulte en la exteriorización de situaciones o razones de interés público o social que justifiquen la medida o, finalmente, que sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial en razón de su trascendencia o importancia. Este tercer requisito de procedencia contiene varios supuestos alternativos y basta que se verifique uno de ellos para que la Sala pueda considerar satisfecho el mismo.

 

                  Ahora bien, cuando la jurisprudencia indica que para que proceda el avocamiento de un asunto debe tratarse de un caso de manifiesta injusticia, se trata de un supuesto en el cual el Tribunal adopta una decisión que sin duda es contraria a la ley, aunque también puede evidenciarse cuando el Tribunal incurre en denegación de justicia, al omitir la decisión debida en un tiempo razonable (véase sentencia de la Sala Político Administrativa del 14 de agosto 1996).

                  Por otra parte, cuando se establece que deben existir razones de interés público o social que justifiquen la medida, se refiere a que el asunto objeto del avocamiento debe rebasar el interés privado involucrado. Se refiere a los casos que pueden crear confusión y desasosiego en la colectividad, afectar la paz social, la seguridad jurídica, trabar el normal desempeño de la actividad pública, o afectar de manera directa y ostensible el orden público y social (véanse, entre otras, sentencias de la Sala Político Administrativa del 27 de agosto de 1993 y del 13 de marzo de 1997).

 

                  Asimismo, cuando se señala que procede el avocamiento, siempre que sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascendencia o importancia, se debe entender, en primer lugar, que es posible el avocamiento si se presentan irregularidades o trastornos graves; y, en segundo lugar, que el caso sea realmente trascendente o importante, pues, no basta que exista un trastorno procesal grave sino que es necesario que el asunto revista particular relevancia, lo que sólo se da en forma excepcional cuando el alcance de los efectos jurídicos de las decisiones que deban ser dictadas, influyen sobre un considerable número de personas o afectan los más altos intereses tutelados por el ordenamiento jurídico.

 

En el caso sub iudice estima la Sala, que no se materializa alguno de los supuestos de procedibilidad desarrollados anteriormente, pues las afirmaciones sostenidas por la solicitante acerca de las presuntas situaciones de injusticia acaecidas en el juicio, devienen de la actitud procesal adoptada por el juzgador a quo, la cual, considera la Sala, se ejecutó sin transgredir el ordenamiento jurídico.

 

                  En cuanto al último requisito, es necesaria la existencia de un desorden procesal de tal entidad, que de seguirse tramitando el juicio bajo tales parámetros, conlleve a situaciones que impidan hacer valer las pretensiones de las partes en igualdad de condiciones. Este requerimiento guarda estrecha relación con el último supuesto alternativo contenido en el tercer requisito ya explicado, demarcándose en la magnitud del desorden procesal y con prescindencia a la trascendencia o importancia del caso.

 

Al respecto, observa esta Sala que en el presente caso no existen alteraciones procesales graves que vulneren las garantías jurisdiccionales de las partes, incumpliéndose por tanto el mencionado requisito.

 

                  Cónsono con los razonamientos precedentes, visto que no están satisfechos los requisitos necesarios, resulta forzoso concluir que la solicitud de avocamiento bajo examen es improcedente. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

                  Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la solicitud de avocamiento presentada por la ciudadana Nancy Esther Hermosilla Serrano de Messina.

 

                  No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

                  Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

 El Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

   

    El Vicepresidente,                                                                 Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                 ALFONSO VALBUENA CORDERO

     

Ma-

 

gistrado y Ponente,                                                                     Magistrada,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

AVOC.: AA60-S-2005-001350

Nota: Publicada en su fecha a

 

El Secretario,