SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas, 13  de febrero de 2006. Años: 195º y 146º.-

 

 

En el juicio que por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales sigue el ciudadano EUGENIO MARCANO GUERRA, representado judicialmente por los abogados Maritza Villanueva Villasmil y Clodomiro Barrios Sosa, contra la sociedad mercantil SEGUROS HORIZONTE, C.A., representada judicialmente por los abogados Marco Aurelio Requena Sánchez, Gabriela Olga Montes Pizarro y Beatriz Cárdenas Arenas; el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en La Victoria, dictó decisión el 28 de abril del año 2005, mediante la cual se declaró incompetente en razón del territorio para seguir conociendo del presente asunto y declinó el conocimiento del mismo en el Circuito Laboral del Estado Miranda “con competencia en el Régimen Procesal Transitorio”.

 

Remitidos los recaudos originales, fueron recibidos en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, el cual en fecha 03 de noviembre del año 2005, ordenó la remisión del expediente al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida entidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Posteriormente, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, mediante auto dictado el 16 de noviembre del año 2005, manifestó igualmente su incompetencia para conocer de esta causa en particular, por considerar que la misma debe ser sustanciada y decidida por el prenombrado Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en La Victoria, y acordó el envío de las actuaciones conducentes a la Sala de Casación Social de este máximo Tribunal, a los fines de regular el conflicto de competencia ocasionado, de acuerdo con lo pautado en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no existe un superior común entre ambos tribunales declinantes de la competencia.

 

Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta en fecha 14 de diciembre del año 2005, correspondiendo la ponencia al Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO, quien pasa a decidir previa las siguientes observaciones:

 

ÚNICO

  

El presente conflicto negativo de competencia surge entre dos Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de las Circunscripciones Judiciales del Estado Aragua -La Victoria- y del Estado Miranda -Los Teques-, respectivamente, con ocasión de un procedimiento especial por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales.

 

El Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en La Victoria, al declararse incompetente adujo lo siguiente: 

 

...PRIMERO: (...) resulta imperioso por (sic) esta juzgadora señalar, que en el caso de autos se desprende de las actas que conforman el presente expediente que el actor celebró un contrato de Trabajo con la empresa demandada, el cual fue celebrado con la finalidad de prestarse un servicio en la ciudad de Los Teques, Estado Miranda, tal y como se evidencia reiteradamente en varios contratos consignados por el actor. Quien decide observa:

 

La presente demanda se interpuso bajo la vigencia de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, la cual hacía expresa remisión al Código de Procedimiento Civil en cuanto a las disposiciones acerca de la Competencia, (...), específicamente el artículo 41, relativo a la Competencia por el Territorio, del supra mencionado Código establece: (omissis)

 

En la presente demanda introducida por ante el Suprimido Tribunal de Primera Instancia se evidencia que el demandante prestó servicios en la ciudad de Los Teques del Estado Miranda, ya que el mismo así lo señala en su solicitud. De igual manera señala que la obligación se contrajo en dicha ciudad, no siendo coincidente con esta ciudad de La Victoria; y que fue en dicha ciudad (Los Teques) donde se puso fin a la relación de trabajo; asimismo señala qua la relación laboral se desarrolló en la Ciudad de Los Teques, por lo que no puede conocer de esta demanda este Circuito Judicial Laboral (La Victoria) ya que no es competente por el territorio, siendo que quien posee la competencia es específicamente es (sic) el CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO MIRANDA.

 

SEGUNDO: Por cuanto es evidente que en dicha región ya se creó el Circuito Judicial Laboral con competencia en el Estado Miranda, se remite la presente causa a fin que (sic) sea distribuida en los Juzgados con competencia en el Régimen Transitorio de dicha localidad.

 

Por otra parte, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, sometió el conocimiento del asunto al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, en los términos transcritos seguidamente:

 

...De igual manera se observa del expediente, que el Tribunal de origen o en el cual se instauró y conoció parte de la etapa cognoscitiva del presente procedimiento, fue el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua con Sede en la Victoria, cuya competencia para conocer casos en materia laboral, quedo (sic) suprimida en virtud de la creación del Circuito Judicial Laboral de esa Circunscripción y Sede.

 

En este sentido, el Tribunal en comento, en fecha 08 de noviembre de 2001, dictó auto de admisión de prueba, de cuyo contenido se puede deducir que la causa se encuentra en estado o en fase de evacuación de pruebas, (...); sin embargo, es de afirmación certera que el lapso para la contestación de la demanda establecido en la derogada Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, precluyó en su oportunidad, aspecto importante para poder determinar la competencia del Tribunal del Trabajo que debe someterse el (sic) conocimiento de la presente causa, y en tal sentido en (sic) pertinente transcribir el artículo 197 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, (...), cuyo contenido es el siguiente: (omissis)

 

(...), en estricto apego a la disposición antes transcrita, en la cual se le atribuye el conocimiento a los Tribunales de juicio de las causas en las cuales se haya entablado la litis propiamente dicha, y como quiera que en el caso de autos, a pesar de que el proceso debe ser objeto de reordenación, el mismo se encuentra en una etapa que debe conocer el Tribunal de Juicio de esta Circunscripción y Sede con competencia en el Régimen Procesal Transitorio, (...).

 

Finalmente, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, planteó el conflicto negativo de competencia de la siguiente manera:

 

...Ahora bien, es de observar que si bien, el Juzgado de Aragua, basa su declinatoria en lo establecido en el artículo 42 (sic) del Código de Procedimiento Civil, la misma no le correspondía de Oficio, toda vez que tal causal, únicamente y exclusivamente puede ser planteada le es dada a las partes de considerarlo pertinente conforme a sus intereses, conllevando su silencio, específicamente el de la parte demandada, a la aceptación tácita de la competencia por el territorio.-

 

En sustento de lo anteriormente señalado, nos encontramos con los artículos 60 y 47 del Código de Procedimiento Civil (...), los cuales establecen claramente lo siguiente: (omissis)

 

En el caso de marras, llegada la oportunidad para la contestación de la demanda, precisamente la representación judicial de la Sociedad Mercantil SEGUROS HORIZONTE, C.A., opuso cuestiones previas, (...) no señalándose alegato alguno con relación a la competencia territorial del juzgado ante el cual se había incoado la acción, razón por al (sic) cual, el silencio de la demandada debe entenderse como una aceptación de proseguir el juicio ante la Circunscripción Judicial en la cual se introdujo la demanda.-

 

(omissis)

 

En el presente juicio, claramente se puede apreciar del primer folio del escrito libelar, que el accionante se encuentra domiciliado en la ciudad de La Victoria, Estado Aragua, asimismo del folio 103 del escrito de oposición de cuestiones previas, se observa que la representación judicial de la parte accionada, fijó su domicilio procesal en la ciudad de Maracay, capital del referido Estado. Tales determinaciones denotan sin lugar a dudas, que la parte demandada con su silencio a tal respecto, consintió tácitamente la competencia territorial planteada por el accionante al introducir su demanda (...), razón por la cual, el Juzgado remitente del presente expediente, ajuicio de quien decide, no tenía la potestad de declarar la incompetencia por el territorio, toda vez que la presente causa se encuentra fuera de los supuestos de la última parte el (sic) artículo 47 del Código de Procedimiento Civil.-

 

Ahora bien, esta Sala, a los fines de precisar a cual órgano jurisdiccional debe ser atribuido el conocimiento del presente procedimiento, considera fundamental señalar en primer lugar que, al caso objeto de estudio le es aplicable la normativa prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 197, para aquellas causas en primera instancia que se encuentren bajo el régimen de transición, en virtud de la entrada en vigor de la aludida Ley adjetiva Laboral. El referido precepto jurídico puntualmente señala:

 

Artículo 197. Las causas que se encuentren en primera instancia, según la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo derogada por esta Ley, se le aplicarán las siguientes reglas:

 

(omissis)

 

3. Cuando se encuentre en el lapso de evacuación de pruebas, vencido éste según la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, se procederá a fijar el acto de informes orales, para el décimo quinto (15) día hábil siguiente; las conclusiones de estos informes deberán ser consignadas en forma escrita, en la misma oportunidad de su presentación oral, con una extensión máxima de tres (3) folios. El Juez de Juicio dictará su sentencia dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la presentación de los informes. 

 

Al examinar detenidamente las actas que integran el expediente, se observa que, una vez vencido el lapso para la promoción de pruebas, el extinto Juzgado de Primera Instancia ante el cual fue incoada la demanda, admitió aquellas que fueron promovidas por el demandante -folio 186, primera pieza-, más no consta en autos la evacuación de las mismas. Asimismo, la mencionada parte actora consignó escrito de informes en la oportunidad legal respectiva -folios 187 al 190, primera pieza-.       

 

Así pues, verificado como ha sido el estado de la causa, y en armonía con lo dispuesto en el citado artículo 197 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, se concluye que la competencia para sustanciar y decidir el sub iudice corresponde indefectiblemente a un Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, dada la naturaleza de lo peticionado.

 

En segundo lugar, es menester resaltar que la presente demanda fue interpuesta el 22 de febrero del año 2001 por ante el extinto Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la Victoria, momento en el cual aún gozaba de plena vigencia la hoy derogada Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, siendo por  tanto inaplicables los parámetros establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para determinar la competencia territorial en el caso específico, y en consecuencia, resulta indispensable definir con exactitud cómo se fijaba la misma antes de su entrada en vigor, el 13 de agosto del año 2003.

 

Al respecto, esta Sala de Casación Social, en sentencia 58 de fecha 28 de noviembre del año 2000, estableció detalladamente los Juzgados ante los cuales deben proponerse las demandas o solicitudes de índole laboral. En este sentido, el demandante puede a su libre elección hacer valer su pretensión en: “1) el lugar donde prestó el servicio; 2) el lugar donde se puso fin a la relación laboral; 3) el lugar donde se celebró el contrato de trabajo; 4) el domicilio del demandante”. Tal criterio jurisprudencial será empleado para dilucidar el tribunal competente por el territorio para conocer del caso concreto, puesto que, tal y como se mencionó precedentemente, la demanda fue presentada el 22 de febrero del año 2001, es decir, con posterioridad a la publicación del fallo in comento.

 

De la revisión del escrito libelar se advierte que la parte actora escogió introducir su demanda ante un Juzgado de Primera Instancia con competencia múltiple - incluida la del Trabajo- de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en La Victoria, pues es en dicha entidad donde afirma tener su domicilio.

 

Las apreciaciones que anteceden conllevan a concluir que el presente juicio debe ser asignado para su conocimiento al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la Victoria -el cual erradamente se declaró incompetente-. Así se declara.

 

DECISIÓN

 

En mérito de lo antes expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara COMPETENTE para conocer del presente procedimiento por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales al JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN LA VICTORIA.

 

Publíquese y regístrese. Remítase directamente el expediente al Tribunal declarado competente, a objeto de que emita el correspondiente pronunciamiento de Ley. Particípese dicha remisión al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques.

 

El Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente,                                                             Magistrado Ponente,

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO            ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Ma-

gistrado,                                                                                  Magistrada,

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

 

R.G  AA60-S-2005-001978

Publicada en su fecha a las

 

 

 

 

El Secretario