SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas, primer (01) día del mes de febrero de 2006. Años: 195° y 146°

                   En el procedimiento que por cobro de prestaciones sociales, siguen los ciudadanos RICHARD GUSTAVO NARANJO, RAYZA CAROLINA PIÑERO, DERBYS MONASTERIO, GRECIA MIRABAL, JENIFER HENRÍQUEZ, LIGIA MERCEDES MARQUINA, NANCY FAUSTINA BARRETO, WENDY GUDIÑO DÍAZ, YOHANNA YAMILET VILERA, WILMER BENITO RODRÍGUEZ, ALÍ RAFAEL ROMERO, JOSÉ RUIZ, MIRIAN MAYORQUÍN, ZULEYMA HERNÁNDEZ, ALEXIS GONZÁLEZ, BETZAIDA ESPINOZA, ZAIDA DE RODRÍGUEZ y MARÍA ELENA PINO, representados judicialmente por la Abogada Rosy Coromoto Lamas, contra la empresa LA CASA DEL TEQUEÑO, C.A., sin representación judicial acreditada en autos; el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, mediante decisión de fecha 2 de marzo de 2005, se declaró incompetente para conocer de la demanda, y ordenó la remisión del expediente a los Juzgados de Primera Instancia del Circuito Laboral del Estado Aragua.

 

                   Recibido el expediente por el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, éste, mediante decisión de fecha 20 de mayo de 2005, también se declaró incompetente y planteó conflicto de competencia, en consecuencia, solicitó de oficio la regulación de competencia, para lo cual remitió el expediente a esta Sala de Casación Social.

 

                   Recibido el expediente, en fecha 21 de junio de 2005, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

                  

                   Siendo la oportunidad, esta Sala pasa a decidir, conforme las consideraciones siguientes:

Ú N I C O

 

                   El Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante decisión de fecha 2 de marzo de 2005, se declaró incompetente, basado en lo siguiente:

 

“...Revisado como ha sido el presente escrito de tercería, y por cuanto de los hechos narrados se desprende que la pretensión de los terceristas está dirigida a la satisfacción de derechos inherentes a la materia laboral, este Tribunal, a los fines de pronunciarse sobre la sustanciación del mismo hace las siguientes consideraciones:

 

En el artículo 1º de la precitada Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone:

 

Artículo 1: ‘La presente Ley garantizará la protección de los trabajadores en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, así como el funcionamiento para trabajadores y empleadores de una jurisdicción laboral autónoma y especializada’.

 

Dicha disposición legal es complementada por el artículo 29 de la precitada Ley Orgánica Procesal del Trabajo que dispone:

 

Artículo 29: ‘Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir: 1. Los asuntos contenciosos del Trabajo que no corresponda a la conciliación ni al arbitraje (...) 4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social’.

 

Ahora bien, tal y como se dijo supra de los hechos narrados se desprende que la pretensión de la parte actora se deriva de un hecho laboral, y siendo las normas anteriormente señaladas las que establecen la competencia en los juicio de naturaleza laboral, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua se declara INCOMPETENTE, para conocer de la presente. En consecuencia, declina la competencia para el Juzgado del Circuito Laboral del estado Aragua a los fines de distribución respectiva al efecto de que conozca de dicha pretensión...”.

 

                   Por su parte, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante decisión de fecha 20 de mayo de 2005, señaló lo que a continuación se transcribe:

 

“...Que la presente demanda es relativa a una tercería intentada por ante el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DEL ESTADO ARAGUA; por los Ciudadanos RICHARD NARANJO. RAYZA PIÑERO Y OTROS en contra de la empresa CASA DEL TEQUEÑO C.A.; en virtud de que el Ciudadano NICOLA BARRESCO, dueño del local donde funciona la mencionada empresa, demandó el desalojo por el tribunal antes señalado, quien de acuerdo se declaró incompetente de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en consecuencia ordena la remisión de la causa a este Juzgado.

Planteada la situación en los términos anteriormente expuestos, quiere hacer este juzgador las siguientes consideraciones:

En el procedimiento laboral, conforme al artículo 53 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, requiere que la intervención de terceros en un procedimiento, se ajuste a las formas previstas para la demanda, por lo que el tercero interviniente debe adecuar su escrito a lo previsto en el artículo 123 Ejusdem (sic), en lo que fuere aplicable.

Es de observar por este despacho que la pretensión de los terceros es ayudar al triunfo de la parte principal, pudiendo hacer valer todos los medios de ataque o de defensa admisibles EN TAL ESTADO DE LA CAUSA, siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con los de la parte principal, según la establecido en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.

La intervención voluntaria de terceros, bien como coadyuvante, bien como litisconsorte, sólo podrá producirse en la instancia antes de la audiencia respectiva. Es decir que los terceros intervinientes a favor del demandado o a favor del demandante, en un juicio laboral, podrán intervenir en el juicio en las oportunidades que taxativamente señaladas por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

El artículo 54 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece: ‘El demandado, en el lapso para comparecer a la audiencia preliminar...’

Así mismo el artículo 56 de la mencionada ley señala: toda clase de interviniente en el proceso concurrirá a él y lo tomará en el estado que se encuentre en el momento de su intervención.

Los trabajadores pueden ir a juicio ‘señalando por la actora’, pues tienen un interés directo en ese procedimiento.

Es evidente que en el caso de marras un conflicto negativo de competencia; y aun cuando la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no regula las cuestiones derivadas de los conflictos de competencia; existiendo por tanto un vacío legal, y en este sentido debe el Juez del Trabajo determinar los criterios a seguir de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 ejusdem (sic), ordenando en consecuencia aplicar el procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil, en sus Artículos 62 y siguientes, por ser el instrumento procesal más expedito que se puede aplicar adaptándolo a los principios fundamentales previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En tal sentido, y aun cuando en el caso bajo estudio no fue interpuesto el Recurso de Regulación de Competencia; este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, SE DECLARA INCOMPETENTE EN RAZÓN DE LA MATERIA para conocer y tramitar la presente causa...”.

 

               La Sala para regular el conflicto negativo de competencia, surgido en el caso bajo examen, observa:

 

                   Establece el numeral 51 del artículo 5º de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que la Sala afín con la materia y la naturaleza del asunto debatido es la competente para decidir los conflictos de competencia, cuando no exista Tribunal Superior y común a ellos en el orden jerárquico.

 

                   Así mismo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 24 de fecha 26 de octubre de 2004, determinó cual era la Sala competente para regular el conflicto negativo de competencia surgido entre tribunales, ordinarios o especiales cuando no exista tribunal superior y común a ellos en orden jerárquico.

 

                   Conforme a la decisión de Sala Plena, cuando se suscite un conflicto de competencia entre un juzgado civil y otro con competencia en materia laboral, agraria o de menores, corresponderá a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia resolverla.

 

                   A mayor abundamiento, preciso es transcribir algunas líneas del criterio jurisprudencial establecido:

 

“...Así las cosas, debe esta Sala asumir la competencia a fin de establecer cuál es el tribunal competente para conocer de la demanda, especialmente porque es la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la más apropiada para resolver los conflictos de competencia entre tribunales de distintas “jurisdicciones” sin un superior común, no sólo por tener atribuida esta Sala la competencia, ya que todas las Sala la tienen, sino especialmente en razón de su composición, ya que reúne a los magistrados de todos los ámbitos competenciales, lo que permite en esta instancia analizar de mejor manera y de todos los puntos de vista, a qué tribunal debe corresponder conocer de una causa en la que haya duda sobre cuál juzgado deba conocerla en cuanto a la competencia por la materia. Así se declara...”.

 

                   Así pues, en el presente caso al estar involucrado un Juzgado con competencia en materia Civil, Mercantil y Agrario y un Juzgado del Circuito Judicial Laboral, corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia resolver el conflicto de competencia planteado específicamente entre el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, por lo que en consecuencia, se declina el conocimiento del asunto en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

                   Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer el conflicto negativo de competencia suscitado en el presente juicio. En consecuencia, se declina la competencia en la SALA PLENA de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

                   Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia. Particípese de esta decisión al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                                                                    Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                       ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrado,                                                                         Magistrada,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

Reg. AA60-S-2005-000994

 

 

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

 

 

El Secretario,