SALA DE CASACIÓN SOCIAL

           Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO

En el juicio de cobro de diferencia de prestaciones sociales seguido por la ciudadana MILAGROS DEL CARMEN ARMAS SUMABILA, representada por los Procuradores Especiales de Trabajadores abogados Mirder Salazar, Mirelis González Valderrama, Susana Isis Rincón Albornoz, Oscar Domínguez González, Soraima Solórzano, María Fernanda Ordóñez, Jennitt Moreno, Emilia Suárez, Geimy Brito, Noris Marina García, Egda Beatriz Ochoa, Jenny Ramírez, Pablo Aristimuño, Marbis Ramos Gómez, José Manuel Díaz, Luisa Romero, Francisco Brito Alcántara y Oxalida Marrero, contra la sociedad mercantil CENTRO CLÍNICO ROJAS ESPINAL, C.A., representada por los abogados Jesús Tovar, Nicolás Golovatiuk Correa, Ángel R. Centeno y Gloria Collazo de Centeno, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, conociendo de la apelación de la parte demandada, en sentencia publicada el 27 de agosto de 2004, declaró sin lugar la apelación y ratificó la decisión del Juzgado del Municipio Zamora de la misma Circunscripción Judicial que declaró con lugar la demanda.

Contra esa decisión, por escrito presentado oportunamente, interpuso la parte demandada el recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En fecha 17 de enero del año en curso, tomaron posesión de sus cargos los Magistrados designados para la Sala de Casación Social, por la Asamblea Nacional, según Gaceta Oficial del 14 de diciembre de 2004, doctores LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ y CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, en virtud de lo cual esta Sala queda conformada por cinco Magistrados a partir de la fecha arriba indicada.

Recibido el expediente, fue admitido por esta Sala de Casación Social el 28 de julio de 2005. Hubo contestación al recurso de control de la legalidad.

Concluida la sustanciación del recurso, se fijó la audiencia oral, pública y contradictoria para el día 13 de diciembre de 2005, bajo la ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo.

Siendo la oportunidad para publicar el fallo escrito lo hace esta Sala, previas las siguientes consideraciones:

RECURSO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD

Señala el recurrente que el Juez de Juicio, conociendo de la apelación de la demandada de una sentencia proferida por un Juez de Municipio ordenó pagar cantidades mayores a las pretendidas en el libelo y mayores a las establecidas en la sentencia apelada, sin expresar los motivos que fundamentan la decisión, y que por ello la decisión impugnada violó normas de orden público contraviniendo lo establecido en los artículos 160 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil.

La demandada en la contestación del recurso señala que la recurrida acordó correctamente la corrección monetaria, asunto que puede declarar de oficio de conformidad con la jurisprudencia  de la Sala de Casación Social y con las normas de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

La Sala observa:

El Juzgado de Municipio dictó sentencia en la cual declaró con lugar la demanda y apelada la decisión se remitieron los autos al Tribunal de Primera Instancia del Trabajo, el cual por la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, remitió el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo que dictó sentencia en la cual declaró sin lugar la apelación y con lugar la demanda.

Ahora bien, el artículo 198 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone:

“La sentencia definitiva podrá ser apelada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación o notificación. De la apelación conocerá el correspondiente Tribunal Superior del Trabajo, aplicando el procedimiento previsto en esta Ley.

Contra dicha sentencia se admitirá recurso de casación aplicándose el procedimiento previsto en la presente Ley”.

Además establece el artículo 199 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que:

“Las causas que se encuentren en segunda instancia y casación serán resueltas por los Tribunales Superiores del Trabajo y por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente, conforme el procedimiento establecido en la presente Ley, dentro de los sesenta (60) días siguientes a su entrada en vigencia”.

Sobre el particular el artículo 17 de la resolución 2003-0260 de fecha 13 octubre de 2003, de la Sala Plena de este máximo Tribunal, dispone lo siguiente:

“Artículo 17: Los Tribunales de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que en virtud de su cuantía conozcan de causas de Trabajo continuarán conociendo de las mismas hasta su decisión. De las apelaciones de estas causas conocerá el Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda”.

En conformidad con las normas transcritas, los Tribunales Superiores son los competentes para conocer de las apelaciones, y específicamente en el Estado Miranda, es el Juzgado Primero Superior del Trabajo el que tiene atribuida tal función, por lo que el Tribunal de Primera Instancia de Juicio al dictar sentencia careciendo del presupuesto procesal de competencia violó los artículos 198 y 199 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, razón por la cual es procedente el recurso de control de la legalidad, y, en consecuencia, se declara nula la sentencia impugnada y se repone la causa al estado en que el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, conozca de la apelación interpuesta.

D E C I S I Ó N

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1º. CON LUGAR el recurso de control de la legalidad interpuesto contra la sentencia publicada el 27 de agosto de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; y, 2º. LA NULIDAD Y REPOSICIÓN DE LA CAUSA al estado en que el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda dicte sentencia.

No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Particípese esta decisión al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo y al Juzgado del Municipio Zamora, ambos de la misma Circunscripción Judicial.

La presente decisión no la firma el Magistrado LUIS E. FRANCESCHI, por no haber estado presente en la audiencia pública correspondiente.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13)  días del mes de enero  de dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente-Ponente,                                               Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                                      ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

Magistrado,                                                                   Magistrada,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ            CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C.L. AA60-S-2004-001553

Nota: Publicada en su fecha

                                                                                              El Secretario,