SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas,  09 de  agosto   de 2006. Años: 196º y 147º.

 

               En el procedimiento que por nulidad de acto administrativo, sigue la sociedad mercantil PROMOCIONES 181818, C.A., representada judicialmente por los Abogados Reynaldo J. Martínez Díaz, Carmen Luisa Martínez Marín, Alfredo Velásquez y María Luisa Dávila Ruiz; contra la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 00011-06 de fecha 16 de febrero de 2006, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO MÉRIDA; el TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, mediante auto de fecha 23 de marzo del año 2006, declaró incompetencia y acordó enviar el expediente al TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN ANDINA, CON SEDE EN BARINAS, por lo que la parte demandante solicitó en fecha 29 de marzo de 2006 la regulación de competencia, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

 

               Recibido el expediente, en fecha 9 de mayo de 2006, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

               Siendo la oportunidad, esta Sala pasa a decidir, conforme las consideraciones siguientes:

 

Ú N I C O

 

               La presente solicitud de regulación de competencia surge en un procedimiento de nulidad incoado contra la providencia administrativa N° 00011-06 de fecha 16 de febrero de 2006, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, por la sociedad mercantil Promociones 181818, C.A., ante el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

 

               En el caso bajo análisis, se observa que recibidas la actuaciones (en virtud de la apelación efectuada por la parte actora, de una multiplicidad de sanciones administrativas por presunto incumplimiento de la parte de la accionada), el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, se declaró incompetente, declinando el conocimiento de la causa en el Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Andina, con sede en Barinas, con vista de ello, la representación de la parte actora solicita regulación de competencia a esta Sala de Casación Social.

 

               Ahora bien, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, según decisión N° 1318 de fecha 02 agosto de 2001 con ponencia del Magistrado Antonio José García García, estableció criterio con respecto a la jurisdicción competente para conocer de los recursos interpuestos contra las providencias administrativas que dicten las Inspectorías del Trabajo; y es así como se asienta:

 

“En este sentido, se observa que la jurisdicción laboral ha venido conociendo de los juicios de nulidad de estas resoluciones, siguiendo el criterio sostenido en decisión dictada por la Sala Político Administrativa de la antes denominada Corte Suprema de Justicia, el 13 de febrero de 1992, en el juicio conocido como caso: Corporación Bamundi, C.A., sin que en realidad exista en la Ley Orgánica del Trabajo una norma que expresamente le asigne a los juzgados laborales el conocimiento de este tipo de juicio. Es preciso al respecto advertir, que la competencia de los órganos del Estado, viene determinada por una norma jurídica que de manera formal le atribuya la competencia. De allí que, siendo que en los casos de juicio de nulidad, a que se refiere la Ley Orgánica del Trabajo, ésta no le atribuyó dicha competencia de manera expresa a esta jurisdicción especial, sino se limitó a señalar que contra estas decisiones se podía ejercer los recursos correspondientes antes los tribunales, sin que indicara cuáles se estaba refiriendo.

La expresada omisión no autoriza a interpretar que la jurisdicción laboral es entonces la competente para conocer de dichos juicios, con base a lo dispuesto en el artículo 5 y 655 eiusdem, sino que lo razonable era establecer que como quiera que, la decisión provenía de un órgano de carácter administrativo, inserto en el Poder Ejecutivo, esto es, de las Inspectorías del Trabajo, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir este tipo de controversia era la jurisdicción contencioso administrativo, siendo consecuente con el principio del juez natural . De lo expuesto se colige, que el criterio sostenido en la sentencia anteriormente citada, dictada por la Sala Político Administrativa, debe ser abandonado. En consecuencia, deberá prevalecer el presente criterio, lo que indica que, en el futuro, los Juzgados con competencia en materia laboral, deberán declinar en los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento y decisión de los recursos interpuestos contras las providencias administrativas, dictadas por las Inspectorías del Trabajo, por ser éstos  los órganos judiciales a los cuales les incumbe conocer de este tipo de juicio.”

 

 

 

               De la transcripción realizada, se constata que la Sala Constitucional de este alto Tribunal establece que la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer de los recursos que se interpongan contras las providencias administrativas emanadas de la Inspectorías del Trabajo; por lo tanto y en procura de mantener un criterio uniforme con las decisiones que emanan de este Tribunal Supremo, esta Sala de Casación Social confirma el criterio jurisprudencial ut supra transcrito, así se establece.

 

               En virtud de los señalamientos explanados anteriormente, esta Sala señalará en el dispositivo del presente fallo, que la competencia para conocer del presente asunto corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, específicamente al Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Andina.

 

D E C I S I Ó N

 

               Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara COMPETENTE para decidir la presente solicitud de regulación de competencia al TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISRATIVO DE LA REGIÓN ANDINA, CON SEDE EN BARINAS. En consecuencia, se anulan todas las actuaciones ocurridas en el presente procedimiento desde el auto de admisión de fecha 22 de marzo de 2006, dictado por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

               Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal declarado competente. Particípese de esta remisión al Tribunal  Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                     Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                           ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrado,                                                             Magistrada,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

Reg. N° AA60-S-2006-000629

 

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

 

 

 

El Secretario,