SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.

 

                  En el juicio que por cobro de prestaciones sociales, sigue el ciudadano JOSÉ LUIS DELGADO VAAMONDE, representado judicialmente por los abogados Gustavo Enrique Pineda y Eddiez José Sevilla, contra la sociedad mercantil DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES Y MINEROS, C.A. (DAMICA), representada judicialmente por los abogados Juan Carlos Silva Malpica y Andreína Cristina Bello Fuenmayor; el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, conociendo en apelación, publicó sentencia definitiva en fecha 22 de marzo de 2005, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación intentado por la parte demandada, contra la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, en fecha 9 de febrero de 2005, que declaró parcialmente con lugar la demanda intentada por el actor en la presente causa.

 

                   Contra dicha decisión, la representación judicial de la parte demandada solicitó mediante escrito, el presente recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

 

                  En fecha 31 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

                   En fecha 10 de noviembre de 2005, fue admitido el recurso interpuesto. Y en fecha 7 de diciembre del mismo año, se fijó audiencia oral, pública y contradictoria para el día jueves dieciséis (16) de febrero del año 2006, de conformidad con el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

                   Celebrada dicha audiencia y habiendo esta Sala pronunciado su decisión de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en la oportunidad que ordena el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los siguientes términos:

 

RECURSO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD

 

                   Alega el solicitante del presente recurso, la violación del derecho a la defensa, de conformidad con el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 168 ordinal 3° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

                   En su escrito de solicitud, expone el recurrente que la Alzada, declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto, siendo que el pronunciamiento definitivo sobre lo controvertido, se encuentra cargado de imprecisiones y vicios. 

 

En este sentido, señala que la sentencia recurrida incurre en una evidente inconsistencia al no poderse determinar coherentemente en que partes se modificó o confirmó la decisión apelada, lo cual representa una ilogicidad en la motivación.

 

Asimismo, se denuncia el vicio de silencio de prueba respecto a las documentales marcadas con las letras “A”, “B” y “C”, cursantes a los folios 108, 109 y 110, de la primera pieza del presente expediente, anexadas en el escrito complementario de la contestación a la demanda, por cuanto no realizó estudio y valoración alguna de dichas pruebas.

 

Y finalmente, delata la parte demandada, solicitante del presente recurso de control de la legalidad, que en el fallo recurrido existe una ausencia absoluta en la determinación de los puntos específicos que deban servir de base para que los expertos realicen la experticia complementaria que se ordena en los puntos Segundo y Quinto del dispositivo, en contravención a lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 93 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

A tal efecto explica quien recurre, que no se señalaron cuáles son las cantidades efectivamente canceladas por la empresa demandada y los conceptos que deban estimarse como no cancelados, así como tampoco se especificó la fecha a partir de la cual debe estimarse la indexación judicial y los intereses moratorios, todo lo cual conlleva a que los expertos no tengan límites o parámetros al momento de realizar los cálculos.

 

En virtud de ello, señala que ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal que los peritos no pueden actuar como jueces y decidir los fundamentos o bases de los conceptos a cancelar, ya que su labor debe limitarse a una cuantificación monetaria que debe estar enmarcada dentro de la misma sentencia, con el fin de que no se produzcan extralimitaciones ni se generen derechos nuevos no determinados en la decisión, por lo que la Alzada, al ordenar la experticia complementaria sin indicar las bases precisas para su práctica, hace dificultosa la revisión de la misma, puesto, que no habría elementos ciertos con los cuales pueda ser confrontado el resultado pericial.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Con respecto a lo denunciado por el recurrente, en cuanto a la ilogicidad en la motivación, encuentra esta Sala, que la Alzada determinó que conforme se deriva de la documental marcada con la letra “A” (folio 108 de la pieza N° 1) y las marcadas con los números 1 al 35, las cuales acompañaron el escrito de promoción de pruebas, el demandante recibió de la empresa por concepto de préstamos a cargo de las prestaciones sociales ciertas cantidades de dinero, las cuales de conformidad con el artículo 103 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo pueden ser compensadas al momento de hacer el pago de las prestaciones sociales.

Asimismo, se observa que la Juzgadora de Alzada concluyó que el monto de las prestaciones sociales acordadas en el acta celebrada el día 14 de marzo de 2002, es el correspondiente al actor por la relación laboral que unió a las partes hasta la mencionada fecha, monto del cual determinó que el actor había recibido adelantos parciales desde el 4 de abril de 2002 hasta el 16 de octubre de 2002.

 

                   Ahora bien, tal como se verifica de lo antes reflejado, la Juez de la recurrida no incurre en el vicio imputado, pues, no se advierte que en sus fundamentos existan argumentos vagos, generales o inocuos, que no permitan conocer el criterio que siguió para dictar su decisión, por el contrario, se desprende que la Alzada encontró elementos suficientes para modificar la decisión proferida por el Juez de primera instancia, los cuales se patentizan en lo decidido respecto a los adelantos que recibió el actor por parte de su patrono con cargo a sus prestaciones sociales que no fueron apreciados ni tomados en consideración por el A quo.

 

                   En cuanto al vicio de silencio de prueba delatado por quien recurre, constata esta Sala que con relación a la documental signada con la letra “A”, que corre inserta en autos al folio 108 de la primera pieza, se observa que la misma fue valorada y analizada por la Sentenciadora de Alzada, y a través de ella estableció que el actor recibió cantidades de dinero por concepto de préstamos con cargo a sus prestaciones sociales.

 

En cuanto a las otras dos documentales (marcadas “B” y “C”) denunciadas por la parte recurrente, se desprende que el ad quem omitió pronunciamiento y la exposición correspondiente sobre tales probanzas, sin embargo, de la revisión que se hace de tales instrumentales, se aprecia que las mismas constituyen un complemento de la probanza marcada con la letra “A”, antes referida, pues, tienden a demostrar el mismo hecho reflejado en ella (préstamo solicitado por el actor a la empresa con cargo a sus prestaciones sociales) lo cual conlleva a que resulte innecesario revocar la recurrida por este motivo, toda vez que no modificaría lo decidido. Así se decide.

 

Ahora bien, en cuanto lo que finalmente denuncia el formalizante del presente recurso de control de la legalidad (indeterminación objetiva), encuentra esta Sala que resulta a todas luces procedente, ello en base a las siguientes consideraciones:

 

El fallo pronunciado por la Alzada, en su parte dispositiva declaró, lo que de seguidas se transcribe: “…PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación  (…). SEGUNDO: Se ordena experticia complementaria del fallo a los fines de determinar las cantidades canceladas por la demandada en auto por concepto de Adelanto de Prestaciones Sociales y los conceptos acordados por el Tribunal A-quo en sentencia nueve (09) de Febrero del año 2005, con el objetivo preciso de especificar el monto total al cual se le condena a pagar a la empresa Desarrollos Agroindustriales y Mineros, C.A. (Damica) (…) QUINTO: Se acuerda experticia complementaria del fallo a los efectos de determinar Indexación Judicial y los intereses moratorios constitucionales que se hayan causado de conformidad con lo establecido por la Jurisprudencia patria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia…”.

 

                  De tal manera, de la parte dispositiva del fallo parcialmente transcrito se observa que la Juez de Alzada no determinó de forma clara y precisa el objeto sobre el cual recayó la decisión; por el contrario, simplemente se limitó a declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación, obligando a la parte demandada a pagar la suma de dinero que resulte de la experticia complementaria a la cual se le debe descontar una cantidad totalmente incierta por concepto de adelantos con cargo a las prestaciones sociales.

 

                  Ha dicho esta Sala de Casación Social, que la indeterminación objetiva “…debe entenderse en el sentido de que el sentenciador es tan impreciso en su fallo que hace imposible la ejecución de dicho mandato...”.(Sentencia 24 de mayo de 2000, N° 125). Sin embargo, esa misma sentencia señala que “Es necesario recalcar el hecho de que si el juez no fija en la orden de experticia judicial los límites de tal experticia, y sin embargo los mismos pueden ser extraídos de la parte motiva del fallo o de las actas que conforman el expediente, sería inútil anular dicha sentencia por indeterminación objetiva…”.

 

                  Ahora bien, de lo anteriormente transcrito en cuanto a lo decidido por la Alzada en el caso objeto de estudio, no se logra desprender con exactitud de la parte dispositiva, ni tampoco de la motiva de la sentencia -de conformidad con los principios de autosuficiencia y unidad procesal del fallo-, cuáles cantidades deberá considerar el experto como adelantos de prestaciones sociales, con el fin de que sean descontadas de los conceptos que por prestaciones sociales fueron acordados por el tribunal de primera instancia, más por el contrario, se advierte de lo establecido en la recurrida que se está delegando en el perito funciones que por ley le corresponden al órgano jurisdiccional, dejando en manos de éste –el experto- el establecimiento de pretensiones que fueron sometidas a su consideración, al ordenarle a su libre disposición la determinación de las cantidades canceladas por la demandada al actor por concepto de adelanto de Prestaciones Sociales.

 

                  Asimismo, se desprende de la decisión objeto del presente recurso, que la Alzada no indicó los parámetros que el experto debe seguir para el momento de realizar el cálculo de la indexación judicial, tal como lo es la fecha a partir de la cual deberán calcularse. De esta misma forma, en cuanto al cálculo de los intereses moratorios, obvió la Alzada la especificación de las tasas porcentuales aplicables para tal fin.

 

                  De tal manera, resulta para esta Sala evidente la violación grosera al orden público procesal laboral, en el que la Juzgadora de Alzada incurre al quebrantar la disposición contenida en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando obvia la determinación en forma clara y precisa del objeto sobre el cual recae la decisión, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 93 eiusdem, ello, al no indicar con claridad los puntos que servirán de base para la realización de la experticia complementaria del fallo, lo que necesariamente repercute en la recta ejecución del fallo. Así se decide.

 

                   Es por lo anterior, que esta Sala declara con lugar el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada, anulando así la decisión objeto del presente recurso y en consecuencia, se ordena la reposición de la causa, reposición que considera esta Sala de conformidad con el artículo 179 de la Ley Adjetiva Laboral, completamente útil, para así lograr restablecer el orden jurídico infringido, al estado en el que el Juez Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia pronunciándose en cuanto al merito de la causa, evitando incurrir en el error cometido por la sentencia recurrida y anulada por esta Sala. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

                  Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara 1) CON LUGAR el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra la decisión de fecha 22 de marzo de 2005, emitida por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, 2) SE ANULA el fallo recurrido y, 3) SE REPONE la causa al estado en que el Juzgado Superior que resulte competente dicte nueva sentencia pronunciándose en cuanto al merito de la causa.

 

                  Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay condenatoria en costas.

 

                  Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de febrero  de dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El-

Vicepresidente,                                                                          Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                            ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrado,                                                                               Magistrada,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

C.L. N° AA60-S-2005-000770

 

 

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

 

                   El Secretario,