SALA DE CASACIÓN SOCIAL

ACCIDENTAL

Caracas, primer (01) día del mes de febrero de 2006. Años: 195° y 146°


En el juicio de estabilidad laboral seguido por el ciudadano ÁNGEL RAMÓN MÉNDEZ NATERA, representado por el abogado Jorge Aguiar Mármol, contra la sociedad mercantil DEFORMACIONES PLÁSTICAS DE METALES, representada por los abogados Jorge Luis Meza, Maritza Elena Hernández, José Javier Silva Álvarez y Juan Carlos Torrealba, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en sentencia definitiva de 13 de julio de 2004, declaró con lugar la demanda.

El Juzgado Superior del Trabajo de la citada Circunscripción Judicial, conociendo por apelación de la parte demandada, en decisión publicada el 9 de marzo de 2005, declaró desistida la apelación por incomparecencia de la parte recurrente, y por tanto, firme la decisión de Primera Instancia.

Contra esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de control de la legalidad en conformidad con el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Recibido el expediente, por inhibición del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO declarada con lugar, se convocó a la Segunda Magistrada Suplente Dra. NORA VÁSQUEZ DE ESCOBAR, quien aceptó y se constituyó la Sala Accidental que conocerá del presente asunto y siendo la oportunidad legal para ello, pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse sobre su admisibilidad en los siguientes términos:

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos casos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.

En decisión de fecha 12 de diciembre de 2002, se estableció que “corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público o la jurisprudencia reiterada de la Sala”.

Por tanto, la Sala se refiere a que la admisibilidad del recurso se restringe a situaciones donde la violación o amenaza es de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión. De allí, que se trate entonces, de violaciones categóricas del orden legal establecido, que en definitiva, transgredirían el Estado de Derecho, o de aquellas decisiones que contravengan la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, pues, ésta se contrae fundamentalmente entre otras, a preservar la uniformidad de la jurisprudencia laboral.

En el caso concreto, el recurrente abogado Juan Carlos Torrealba sostiene que no pudo asistir a la audiencia de apelación por motivos médicos justificados y por tanto, solicita la reposición de la causa al estado en que se celebre de nuevo la audiencia, no obstante, la Sala observa que el recurrente no señala de manera expresa la violación de alguna norma de orden público o la contravención de jurisprudencia emanada de esta Sala, requisito indispensable para que se conozca del recurso.

En todo caso, se aprecia en el presente asunto que había tres (3) representantes más de la empresa, quienes podían asistir a dicha audiencia, todo lo cual conlleva a la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto. Así se declara.

Dada la conducta evidente del recurrente al interponer recurso con el solo objeto de impedir la ejecución de la sentencia, llegando inclusive a solicitar control de legalidad de una sentencia por violaciones que no existen, esta Sala considera que en este caso se configura el supuesto de interposición maliciosa del recurso de control de legalidad a que se refiere el último aparte del artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En consecuencia, se impone al recurrente multa de veinte unidades tributarias (20 U.T.).

D E C I S I Ó N

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha 9 de marzo de 2005, dictada por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.

Se impone al recurrente multa de veinte unidades tributarias (20 U.T.), y se ordena al Tribunal de la causa expedir la correspondiente planilla de liquidación, para ser pagada en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales, dependiente del Ministerio de Finanzas.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Coordinación Judicial para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara a los fines de que lo envíe al Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo correspondiente, para su ejecución. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes identificado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

El Presidente de la Sala,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

                                                                                                                               El-

            Vicepresidente-Ponente,                                      Segunda Magistrado Suplente,                                                                                               Magistrado y Ponente,

 

 

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            JUAN RAFAEL PERDOMO                              NORA VÁSQUEZ DE ESCOBAR

 

 

                Magistrado,                                                               Magistrada,

 

               

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  LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ            CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

C.L. AA60-S-2005-00480

Nota: Publicada en su fecha