SALA DE CASACIN SOCIAL

Caracas, 04 de abril de 2006. Aos: 195 y 147.

 

En el juicio que por cobro de diferencia de prestaciones sociales siguen los ciudadanos TRINA BETANCOURT, NORBERTO BOLVAR, CARMEN CRDOVA, DILIA HERRERA, SARA GUZMN, FELIPE PREZ, MIGUEL PEA, PETRA RIERA, MARA SEGOVIA y MARA SNCHEZ, representados judicialmente por los abogados Jos Gregorio Garrido Ruz, Mara Molina Snchez, Betzabe Rojas, Andry Brochero y Henry Trosel contra la CORPORACIN DE SALUD DEL ESTADO ARAGUA (CORPOSALUD-ARAGUA), representada judicialmente por las abogadas Jeannie Piero vila, Luis Cecilio Perdomo Franco, Carlos Velsquez, Olvis Blanco, Sandra Snchez Bustamante, Rosandry Rodrguez, Nairobis Escalona, Vctor Acacio Girn, Claret Maluenga y Natalia Lisbet Liendo Mrquez; el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, conociendo en apelacin, dict sentencia definitiva en fecha 26 de septiembre del ao 2005, mediante la cual declar desistido el recurso de apelacin interpuesto por la parte demandada por su incomparecencia a la celebracin de la audiencia de apelacin, confirmando as el fallo dictado por el Tribunal de la causa, que declar con lugar la demanda.

 

Contra esta decisin de alzada, la representacin judicial de la parte demandada, propuso recurso de control de la legalidad del fallo sealado, el cual fue admitido por esta Sala de Casacin Social en fecha 16 de diciembre del ao 2005, fijndose audiencia oral, pblica y contradictoria para el da 30 de marzo del ao 2006, en sujecin a lo regulado por el artculo 173 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo.

 

Celebrada la audiencia oral y habiendo esta Sala pronunciado su decisin de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en la oportunidad que ordena el artculo 174 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, en los siguientes trminos:

 

NICO

 

Alega el recurrente que el sentenciador de alzada incurri en la violacin del artculo 108 de la Ley Orgnica del Trabajo, por errnea interpretacin, al confirmar la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia que orden el pago de los intereses de mora devengados en los literales a y b del artculo 666 eiusdem.

 

Seguidamente, arguye el recurrente que el Juez Superior infringi por errnea interpretacin el artculo 668 de la Ley Orgnica del Trabajo en cuanto a los conceptos que se deben tomar en cuenta para el clculo de los intereses de mora., sin embargo, observa la Sala la falta en la cual incurre el recurrente al no fundamentar la violacin de la norma jurdica denunciada.

 

Finalmente, alega el recurrente que el sentenciador de alzada contravino la reiterada doctrina de esta Sala de Casacin Social, segn sentencias de fechas 19 de junio y 16 de diciembre del ao 2003, al condenar en costas a la parte demandada, an cuando la misma se trata de una persona jurdica de carcter pblico.

 

En tal sentido, solicita el recurrente a esta Sala la declaratoria con lugar del presente medio de impugnacin excepcional.

 

La sentencia proferida por el Juzgado Superior, en fecha 26 de septiembre del ao 2005, en su parte motiva y dispositiva expresa lo siguiente:

 

En el caso de autos, la parte apelante, quien estaba a derecho, no compareci a la Audiencia ni por si ni por medio de Apoderado Judicial, lo que evidencia la prdida del inters procesal en la consecucin del procedimiento iniciado con la interposicin del recurso de apelacin propuesto, pues la obligatoria concurrencia del apelante a la audiencia de apelacin es un elemento inherente a la naturaleza oral del procedimiento, y con la inobservancia del mismo se vulneran los Principios que rigen la materia laboral en nuestro Pas.

 

En consecuencia de ello, esta Juzgadora, de conformidad con lo consagrado en la norma precedentemente transcrita, y en apego al criterio ampliamente sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casacin Social, que ha sealado que al haberse sustanciado el recurso de apelacin interpuesto, conforme a las normas contenidas en la Ley Orgnica del Trabajo, debe el Juez, una vez que verifica en la audiencia oral y pblica que la parte apelante no compareci por s sola o por medio de sus apoderados judiciales, declarar desistida la apelacin; criterio ste que en acatamiento a lo dispuesto por el artculo 177 de la Ley adjetiva laboral, es vinculante para los Jueces de Instancia, en aras de la proteccin de la integridad de la legislacin y la uniformidad de la jurisprudencia, dicta la presente Decisin:

 

DECISIN

 

Por las razones expuestas, este Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, administrando Justicia en nombre de la Repblica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: DESISTIDO EL RECURSO DE APELACIN interpuesto por la parte demandada CORPORACIN DE SALUD DEL ESTADO ARAGUA. SEGUNDO: SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la sentencia dictada el 16 de Junio de 2005 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua (). (Resaltado del Tribunal).

 

 

 

Por su parte, la sentencia confirmada por el ad quem dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay en fecha 16 de junio del ao 2005, seala en su parte dispositiva expres lo siguiente:

 

() Se imponen las costas procesales de conformidad con lo establecido en el artculo 59 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo.- (Resaltado del Tribunal).

 

 

De las sentencias de Primera y Segunda Instancia anteriormente transcritas se evidencia que, efectivamente, la sentencia recurrida, objeto del presente medio excepcional de impugnacin, declar desistido el recurso de apelacin propuesto por la Corporacin de Salud del Estado Aragua, Instituto este autnomo de la Administracin Pblica Descentralizada de la Gobernacin del Estado Aragua -persona jurdica de carcter pblico- y parte demandada en el presente juicio -ahora recurrente- de conformidad con lo establecido en el artculo 164 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, al determinar que dicha parte apelante, quien estaba a derecho, no compareci a la audiencia ni por si ni por medio de apoderado judicial, lo que a su decir, se tradujo en una prdida del inters procesal, confirmando as en todas y cada una de sus partes el fallo dictado por el a quo que, a su vez, al declarar con lugar la demanda incoada conden en costas procesales a la parte accionada, de conformidad con el artculo 59 aiusdem.

 

Ahora bien, esta Sala de Casacin Social se ha pronunciado de manera pacfica y reiterada sobre la exencin de costas del recurso a los organismos que pertenecen a la administracin pblica, segn sentencia de fecha 16 de octubre del ao 2003, (Caso: Jos Manuel Ramos contra Gobernacin del Estado Apure), en los siguientes trminos:

 

Por ltimo, en relacin con las costas del recurso, es necesario precisar que el artculo 33 de la Ley Orgnica de Descentralizacin, Delimitacin y Transferencia de Competencias del Poder Pblico, dispone que: Los Estados tendrn los mismos privilegios y prerrogativas fiscales y procesales de que goza la Repblica, en los asuntos judiciales que le ocurran. Asimismo, el artculo 74 del Decreto con Fuerza de Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica, establece que: La Repblica no puede ser condenada en costas, aun cuando sean declaradas sin lugar las sentencias apeladas, se nieguen los recursos interpuestos, se dejen perecer o se desista de ellos.

 

A tal efecto, al haber recurrido de hecho la Gobernacin del Estado Apure -parte demandada- que es un rgano de la administracin pblica estadal, que goza de privilegios procesales de no poder ser condenado en costas, es por lo que en aplicacin de lo dispuesto en las citadas disposiciones legales, no ha lugar a la condenatoria en las costas del recurso. (Resaltado de la Sala).

 

 

 

En cuanto a los Institutos Autnomos, la Sala Poltico Administrativa de este Mximo Tribunal, segn expediente N 2005-3609, de fecha 22 de noviembre del ao 2005, estableci en forma expresa que los mismos de igual manera gozan de los privilegios y prerrogativas acordados a la Repblica, de conformidad con el artculo 97 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica, en los siguientes trminos:

 

En el caso bajo anlisis la parte demandante, conforme a lo previsto en los artculos 585 y 600 del Cdigo de Procedimiento Civil, solicita se acuerde una medida de prohibicin de enajenar y gravar sobre el inmueble propiedad del Instituto de Vivienda, Obras y Servicios del Estado Bolvar (INVIOBRASBOLVAR) identificado de la siguiente manera: Unidad de desarrollo UD-109, Ciudad Guayana, Estado Bolvar, cuyos linderos y dems determinaciones se encuentran establecidas en el documento de adquisicin debidamente Protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Pblico del Municipio () Caron, del Estado Bolvar anotado bajo el No. 29, Protocolo Primero, Tomo 27 del Cuarto Trimestre de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995).

 

Ahora bien, para decidir resulta necesario sealar lo dispuesto en el artculo 97 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica, publicada en la Gaceta Oficial N 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001, donde establece lo siguiente:

 

Los institutos autnomos gozarn de los privilegios y prerrogativas que la ley nacional acuerde a la Repblica, los estados, los distritos metropolitanos o los municipios.

 

De la norma transcrita se desprende el reconocimiento que hace la Ley con carcter general y uniforme para todos los Institutos Autnomos -sin distinguir entre institutos nacionales, estadales o municipales- de los privilegios y prerrogativas acordados por Ley nacional a la Repblica, los Estados, los Distritos Metropolitanos o los Municipios.

 

En este contexto, el artculo 16 de la Ley Orgnica de Hacienda Pblica Nacional, publicada en la Gaceta Oficial N 1.660 Extraordinario de fecha 21 de junio de 1974, prev:

 

Los bienes, rentas, derechos o acciones pertenecientes a la Nacin, no estn sujetos a embargo, secuestro, hipoteca o ninguna otra medida de ejecucin preventiva o definitiva. En consecuencia, los Jueces que conozcan de ejecuciones contra el Fisco, luego que resuelvan definitivamente que deben llevarse adelante dichas ejecuciones, suspendern en tal estado los juicios, sin decretar embargo, y notificarn al Ejecutivo Nacional, para que se fijen, por quien corresponda, los trminos en que ha de cumplirse lo sentenciado

 

Por otra parte, cabe indicar que, en relacin con las normas antes citadas, la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica, publicada en la Gaceta Oficial N 5.554 Extraordinario del 13 de noviembre de 2001, dispone en sus artculos 63 y 73, lo siguiente:

 

Artculo 63: Los privilegios y prerrogativas procesales de la Repblica son irrenunciables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la Repblica.

 

Artculo 73: Los bienes, rentas, derechos o acciones que formen parte del patrimonio de la Repblica no estn sujetos a embargos, secuestros, hipotecas, ejecuciones interdictales y, en general, a ninguna medida preventiva o ejecutiva (Resalta la Sala).

 

As, concluye la Sala que al haber otorgado la Ley Orgnica de la Administracin Pblica en forma expresa a los institutos autnomos los privilegios y prerrogativas acordados a la Repblica, -tal como se seal anteriormente- entre los cuales se encuentra la inembargabilidad de sus bienes y la imposibilidad de dictar en su contra medidas preventivas, en el caso bajo examen, al ser el demandado un Instituto Autnomo creado en virtud de la Ley de Reforma de la Ley del Instituto de la Vivienda del Estado Bolvar, sancionada por el Consejo Legislativo Estadal, publicada en Gaceta Estadal Extraordinaria N 214 del 17 de diciembre de 2002, reimpresa en Gaceta Estadal Extraordinaria N 010 del 21 de enero de 2003; sus bienes, rentas, derechos o acciones, no estn sujetos a secuestro, embargo, hipoteca o ninguna otra medida de ejecucin preventiva o ejecutiva, por lo que resulta forzoso para esta Sala declarar improcedente la medida de prohibicin de enajenar y gravar solicitada por la parte accionante. As se declara.

 

 

 

En consecuencia, al declarar la recurrida desistido el recurso de apelacin propuesto por la Corporacin de Salud del Estado Aragua, Instituto este Autnomo de la Administracin Pblica Descentralizada de la Gobernacin del Estado Aragua y confirmar en todas y cada una de sus partes el fallo dictado por el Tribunal de la causa que, a su vez, conden en costas procesales a la parte accionada, de conformidad con el artculo 59 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, violent tanto el orden pblico laboral, como la jurisprudencia emanada de esta Sala, toda vez que se trata de un ente pblico que goza de las prerrogativas y privilegios que otorga la Ley al Estado.

 

Ahora bien, establecido como fue anteriormente que la Corporacin de Salud del Estado Aragua goza de los mismos privilegios y prerrogativas acordados a la Repblica, de conformidad con el artculo 97 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica, no poda la recurrida confirmar mecnicamente el fallo dictado por el Tribunal de la causa, sin verificar si la reclamacin era conforme o no a derecho, pues independientemente de la incomparecencia del ente pblico a la celebracin de la audiencia pblica y oral de apelacin -incomparecencia sta que en principio hace proceder el desistimiento de la apelacin tcita, de conformidad con el artculo 164 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo-, el Juez Superior debi y, no lo hizo, descender a las actas del expediente y verificar la legalidad de lo acordado y condenado a pagar por el a quo, toda vez que dicho ente pblico apel y en la fundamentacin de su recurso aleg la violacin por error de interpretacin del artculo 108 de la Ley Orgnica del Trabajo, todo lo cual trae como consecuencia la declaratoria con lugar del presente medio de impugnacin excepcional y la inmediata nulidad del fallo recurrido. As se establece.

 

Determinado lo anterior, pasa esta Sala de seguidas a pronunciarse sobre el fondo de la presente controversia, de conformidad con lo establecido en el artculo 179 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, en los siguientes trminos:

 

SENTENCIA DE MRITO

 

Se inicia el presente juicio por diferencia de cobro de prestaciones sociales, mediante demanda incoada por los ciudadanos TRINA BETANCOURT, NORBERTO BOLVAR, CARMEN CRDOVA, DILIA HERRERA, SARA GUZMN, FELIPE PREZ, MIGUEL PEA, PETRA RIERA, MARA SEGOVIA y MARA SNCHEZ contra la CORPORACIN DE SALUD DEL ESTADO ARAGUA (CORPOSALUD-ARAGUA), quienes afirman haber prestado sus servicios en calidad de obreros, en forma regular, permanente y subordinada, por tiempo indeterminado y devengando un salario por unidad de tiempo, concedindoles la demandada el beneficio de la jubilacin en fecha 01 de diciembre del ao 2003, segn Resolucin N 190, mediante la cual le cancelaron sus prestaciones sociales, sin tomar en cuenta en dicho clculo el cmputo de los intereses de la prestacin de antigedad, los intereses acumulados que forman parte integral del capital para calcular los nuevos intereses que se generan y adems el inters por mora por la fecha en que fueron cancelados los pasivos laborales, por lo que la demandada les adeuda, a su decir, la cantidad de ochenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y cinco bolvares con ochenta y dos cntimos (Bs. 87.368.555,82), distribuidos entre cada uno de los codemandantes, as como los intereses moratorios, la indexacin sobre el monto demandado y las costas y costos del proceso.

En el escrito de contestacin de la demanda de fecha 28 de febrero del ao 2005, la parte accionada admite la existencia de la relacin de trabajo con los codemandantes, los cargos por ellos desempeados, que fueron notificados del beneficio de jubilacin y los salarios por ellos expuestos en el libelo de demanda.

 

Sin embargo, niega la parte demandada en el mismo escrito los siguientes hechos: los clculos efectuados en el libelo por concepto de prestacin de antigedad y dems derechos laborales, que se deban tomar en cuenta los intereses acumulados para formar parte integral del capital y calcular los nuevos intereses, que los intereses de mora no hayan sido calculados a la tasa activa del Banco Central, as como cada uno de los montos expuestos en el libelo de la demanda.

 

Por su parte, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay en fecha 16 de junio del ao 2005, declar con lugar la demanda incoada, al no existir prueba en autos que desvirte lo pretendido por los codemandantes, de conformidad con el artculo 82 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo.

 

Contra el referido fallo apel la parte accionada, correspondindole el conocimiento del recurso al Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, quien dict sentencia en fecha 26 de septiembre del ao 2005, mediante la cual declar desistido el recurso de apelacin interpuesto por la parte demandada por su incomparecencia a la celebracin de la audiencia de apelacin, confirmando as el fallo dictado por el Tribunal de la causa, que declar con lugar la demanda.

 

Ahora bien, el artculo 108 de la Ley Orgnica del Trabajo, establece expresamente la forma de clculo de la prestacin de antigedad, cuando dice:

() La prestacin de antigedad, atendiendo a la voluntad del trabajador, requerida previamente por escrito, se depositar y liquidar mensualmente, en forma definitiva, en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigedad o se acreditar mensualmente a su nombre, tambin en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa. Lo depositado o acreditado mensualmente se pagar al trmino de la relacin de trabajo y devengar intereses segn las siguientes opciones:

a) Al rendimiento que produzcan los fideicomisos o los Fondos de Prestaciones de Antigedad, segn sea el caso y, en ausencia de stos o hasta que los mismos se crearen, a la tasa del mercado si fuere en una entidad financiera;

b) A la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del pas; si el trabajador hubiese requerido que los depsitos se efectuasen en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigedad o en una entidad financiera, y el patrono no cumpliera con lo solicitado; y

c) A la tasa promedio entre la activa y pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del pas, si fuere en la contabilidad de la empresa.

El patrono deber informar anualmente al trabajador, en forma detallada, el monto que le acredit en la contabilidad de la empresa, por concepto de prestacin de antigedad.

La entidad financiera o el Fondo de Prestaciones de Antigedad, segn el caso, entregar anualmente al trabajador los intereses generados por su prestacin de antigedad acumulada. Asimismo, informar detalladamente al trabajador el monto del capital y los intereses.

Los intereses estn exentos del Impuesto sobre la Renta, sern acreditados o depositados mensualmente y pagados al cumplir cada ao de servicio, salvo que el trabajador, mediante manifestacin escrita, decidiere capitalizarlos.

(OMISSIS)

PARGRAFO QUINTO.- La prestacin de antigedad, como derecho adquirido, ser calculada con base al salario devengado en el mes al que corresponda lo acreditado o depositado, incluyendo la cuota parte de lo percibido por concepto de participacin en los beneficios o utilidades de la empresa, de conformidad con lo previsto en el artculo 146 de esta Ley y de la reglamentacin que deber dictarse al efecto ().

 

En efecto, el artculo 108 de la Ley Orgnica del Trabajo regula lo concerniente a la prestacin de antigedad, derecho que se reconoce a todo trabajador por su permanencia en el trabajo, en tal sentido se entiende que los das de salario acumulados en el transcurso de la prestacin de servicio, a razn de cinco (05) das por mes, genere intereses, calculados de conformidad con lo establecido en la norma antes transcrita.

 

En el presente caso, observa la Sala que los montos sealados como adeudados en el libelo de la demanda, referido a los intereses sobre prestaciones sociales, fueron calculados errneamente en forma mensual por la parte accionante en su escrito libelar, ya que si bien es cierto que el artculo 108 de la Ley sustantiva del Trabajo estipula que los mismos sern acreditados o depositados mensualmente al trabajador, tambin establece que sern pagados anualmente por cada ao de servicio causados mensualmente. Siendo ello as, y vista la falta en la cual incurri el demandante al aplicar errneamente la norma antes mencionada, resulta forzoso para esta Sala declarar la improcedencia del pago por concepto de intereses sobre la prestacin de antigedad previstos en el artculo 108 eiusdem. As se establece.

 

Por otro lado, al estar establecido en autos los elementos definitorios de la relacin de trabajo entre las partes, surge para el patrono la obligacin de pagar a los trabajadores el corte de cuenta indicado en el artculo 666 de la Ley Orgnica del Trabajo por conceptos de la modificacin del carcter retroactivo de las prestaciones sociales; y adems, la obligacin de pagar los intereses sobre corte de cuenta en la forma establecida en el artculo 668 eiusdem, y visto que la parte demandada no demostr que dichos intereses fueron cancelados oportunamente, esta Sala ordena el pago de los mismos, as como la indexacin y los intereses de mora sobre el monto que resulte del clculo condenado a pagar, los cuales sern harn travs de una experticia complementaria del fallo a ser realizada por un nico experto contable designado por el Juzgado de la causa.

 

En virtud de lo antes expuesto, se declara parcialmente con lugar de la demanda. As se resuelve.

 

DECISIN

 

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casacin Social, administrando justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de la ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, en fecha 26 de septiembre del ao 2005. Por consiguiente, ANULA el fallo mencionado, y 2) PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA incoada por cobro de diferencia de prestaciones sociales por los ciudadanos TRINA BETANCOURT, NORBERTO BOLVAR, CARMEN CRDOVA, DILIA HERRERA, SARA GUZMN, FELIPE PREZ, MIGUEL PEA, PETRA RIERA, MARA SEGOVIA y MARA SNCHEZ contra la CORPORACIN DE SALUD DEL ESTADO ARAGUA (CORPOSALUD-ARAGUA).

 

No hay condenatoria en costas del proceso, en virtud de no haber vencimiento total.

 

Publquese y regstrese. Remtase directamente el presente expediente a los fines de su ejecucin a la Unidad de Recepcin y Distribucin de Documentos de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay. Particpese de esta decisin al Juzgado Superior de origen, anteriormente identificado.

 

El Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DAZ

 

El Vicepresidente, Magistrado-ponente,

 

________________________ ________________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Ma-

gistrado, Magistrada,

 

_______________________________ _________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIERREZ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

______________________________

JOS E. RODRGUEZ NOGUERA

 

RCL N AA60-S-2005-001730

 

Publicada en su fecha a las

 

 

 

 

 

 

 

El Secretario,