SALA DE CASACIÓN SOCIAL

ACCIDENTAL

Ponencia de la Magistrada CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

En el juicio que por jubilación especial, cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales sigue LUISA MARGARITA SILVA VERA, titular de la cédula de identidad V-7.195.070, representada judicialmente por los abogados Nelida Salazar de Acosta, Wilmer Torres, José Enrique Montes De Oca Chirinos, Manuel Núñez, Adolfo José González Aguilar y Trino Arcay Vilavicencio inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 13.721, 20.701, 42.782, 64.416, 47.218 y 47.440, contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA, (C.A.N.T.V.), inscrita inicialmente en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal, el 20 de junio de 1930, bajo el Nº 387, tomo 2-A, representada judicialmente por los abogados Rosa Elena Martínez de Silva, Luis José Vázquez, María Elena Páez Pumar y Rosemary Thomas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 15.071, 61.176, 39320 y 21.177; el Tribunal Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, publicó sentencia en fecha 8 de abril 2005, mediante la cual declaró con lugar la apelación interpuesta por la parte actora, parcialmente con lugar la demanda, con lugar la solicitud de jubilación especial, ordenó a la parte actora la devolución a la demandada del monto por concepto de bonificación especial, y ordenó la compensación de ambos créditos, revocando así la sentencia dictada por el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, en fecha 23 de abril de 1998, que declaró la prescripción de la acción.

Contra este fallo de la alzada, anunció recurso de casación, la apoderada judicial de la parte demandada, el cual fue admitido.

 

Se recibió el expediente en esta Sala de Casación Social, dándose cuenta del asunto en fecha 31 de mayo de 2005, y se designó ponente a la Magistrada Doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA. En esa misma fecha, los Magistrados Dr. OMAR ALFREDO MORA y Dr. JUAN RAFAEL PERDOMO manifestaron tener motivos de inhibición para conocer del asunto.

 

Fue formalizado el recurso de casación anunciado por la parte demandada.

 

Declaradas con lugar las inhibiciones de los Magistrados Dr. OMAR MORA DÍAZ y Dr. JUAN RAFAEL PERDOMO, se procedió a convocar a los conjueces o suplentes respectivos, quienes manifestaron su aceptación para integrar la Sala Accidental, la cual quedó constituida en fecha 31 de octubre de 2005 de la siguiente manera: Magistrados Dr. LUIS FRANCESCHI GUTIÉRREZ y Dr. ALFONSO VALBUENA CORDERO, Presidente y Vicepresidente respectivamente, Magistrada Ponente Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, el Tercer Suplente Dr. Jesús Alberto Soto Luzardo y la Primera Conjuez Dra. Marjorie Acevedo Galindo. Se designó Secretario al Dr. José E. Rodríguez Noguera, Alguacil al ciudadano Rafael Arístides Rengifo. Se conserva la ponencia inicial.

 

Cumplidas las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social (accidental) a decidirlo bajo la Ponencia del Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, previas las siguientes consideraciones:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

-I-

 

Al amparo del numeral 3 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se delata el vicio de inmotivación.

 

Aduce el formalizante:

 

Pues bien, según se evidencia de la demanda, la actora pidió el otorgamiento del beneficio de jubilación especial previsto en la contratación colectiva de CANTV (1995-1996) alegando tener derecho al mismo por cumplir con lo requisitos exigidos para ello en dicha convención, y porque, a su entender, dicho beneficio tiene el carácter de derecho adquirido e irrenunciable.

No consta en ninguna parte de la demanda, que la actora hubiera alegado encontrarse en una ‘disyuntiva’ de decidir entre recibir una cantidad de dinero adicional a la que en derecho le correspondía o disfrutar de una pensión de jubilación, tampoco alegó no encontrarse en alguna situación ‘ideal de escoger que era lo más beneficioso para ella y su grupo familiar’, ni alegó haber incurrida en un ‘error excusable’; ni alegó haber estado sujeta a un ‘falso conocimientote la realidad’.

Sin embargo, la recurrida, en su página 10, estableció esos hechos, como fundamento para declarar  que la actora habría incurrido en un error excusable que habría viciado un acto de escoger, lo cual la condujo a decidir que procedía la petición de la actora al beneficio de jubilación especial.

Cabe señalar, asimismo, que esos ‘hechosno tienen la condición de ‘notorios’ ya que tratándose de un error excusable, pues debe atenderse a circunstancias particulares e internas de aquél cuya voluntad se pretende viciada; en todo caso, cabe advertir que los hechos ‘notorios’, como hechos que son, no están exceptuados de la carga de alegación.

De manera que es evidente que la recurrida pretendió motivar una declaratoria de ‘error excusable’ en hechos que no fueron alegados por la actora y por tanto, que no tienen relación alguna con la pretensión deducida, incurriendo así en el vicio de inmotivación acusado.   

 

La Sala, para decidir, observa:

 

Señala la formalizante que la actora pidió el otorgamiento del beneficio de jubilación especial previsto en la Contratación Colectiva de CANTV (1995-1996), y que a su decir es acreedora de este derecho irrenunciable por cumplir con los requisitos exigidos para ello; destaca que no consta en el escrito libelar que la actora hubiere alegado encontrarse en una disyuntiva de decidir entre recibir una cantidad de dinero adicional a la que le correspondía en derecho, o disfrutar de una pensión de jubilación; agrega que la demandante tampoco alegó haber incurrido en un “error excusable” ni en “falso conocimiento de la realidad” que hubiere viciado el acto de “escoger” entre un beneficio y otro; no obstante, el juez de la recurrida estableció estos “hechos” como fundamento para declarar que la actora incurrió en un error excusable que vició el acto de escoger, y por tal motivo declaró procedente la solicitud del beneficio de jubilación especial.

 

Ahora bien, de la revisión de las actas del expediente evidencia la Sala que, ciertamente, en el libelo de la demanda no se alegó un vicio en el consentimiento dado para suscribir el acta referida, ni se mencionó que la actora hubiese incurrido en error excusable, por lo que resulta necesario transcribir lo dispuesto en la sentencia recurrida respecto a este punto:

 

De una lectura del Acta transcrita parcialmente, como del análisis de la liquidación que cursa al folio 112, así como de la confesión que hace la propia accionada, antes transcrita en forma parcial, se evidencia que si bien el vinculo de trabajo finalizó de común acuerdo entre las partes, el patrono le reconoció a la trabajadora su derecho a la jubilación especial al pagarle una cantidad de dinero que casi duplica lo cancelado por concepto de indemnización de antigüedad, cantidad adicional, que le fue pagada, como lo afirmó la propia demandada en lugar de su jubilación prevista en el anexo C (Plan de Jubilaciones) del Contrato Colectiva de Trabajo vigente. Es así como resulta aplicable al caso concreto la hipótesis planteada en forma reiterada por la Sala de Casación Social, en el sentido, de establecer que la voluntad del trabajador al suscribir la referida acta, en lo que respecta al acto de escoger entre una u otra modalidad que se presenta el beneficio, se encuentra viciada en su consentimiento por error excusable, ya que se encontró ante la disyuntiva de decidir entre recibir una cantidad de dinero adicional a lo que en derecho le correspondía, en un momento de su vida, o el disfrutar de una pensión mensual equivalente a un % (sic) de su salario, es decir una cantidad menor o igual a la que habitualmente recibían; no se encontraban en ese momento en la situación ideal de escoger qué era lo más beneficioso para ella y su grupo familiar, de allí que incurrió, como ya se estableció, en un ERROR EXCUSABLE consistente en una falsa representación, y por consiguiente un falso conocimiento de la realidad…

 

De lo precedentemente transcrito se constata que la recurrida sí concluyó que la demandante incurrió en error excusable al escoger entre el pago periódico de su pensión de jubilación especial, más el resto de los beneficios y la bonificación especial que le propuso la empresa demandada, siendo que tal vicio no fue alegado por ella en el libelo de la demanda. Sin embargo, lo declara en virtud de que considera que el acta en comento es muy similar al modelo señalado en la sentencia proferida por esta Sala, y en la cual se dejó plasmado el hecho notorio que lleva al juzgador de la recurrida a declarar que el actor incurrió en error excusable, se fundamenta el sentenciador en un hecho de dominio público que, en virtud de su naturaleza, constituye para el Juez una obligación conocerlo y producir su decisión tomándolo en cuenta, independientemente de que haya sido o no alegado.

 

En consecuencia, considera esta Sala que la sentencia recurrida no incurrió en el vicio de inmotivación delatado, razón por la que se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.

 

-II-

 

Con fundamento en el numeral 3 del artículo 168 de la ley adjetiva laboral, se denuncia la falta de motivación.

 

Al respecto señala la formalizante en su escrito:

 

La recurrida declaró la existencia de un vicio en el consentimiento en (sic) la demandante, sin dotar, a esa decisión, de la debida motivación de hecho; la recurrida se limitó a expresar que acogía doctrina contenida en sentencias dictadas por esta Sala en otros juicios, en los cuales se reclamaba igualmente el beneficio de jubilación especial.

En efecto, consta en su página 10, que la recurrida, luego de referirse a la aludida doctrina de esta Sala sobre el llamado ‘error excusable’, declaró –sin previa motivación de hecho-, que resultaba aplicable al caso la hipótesis planteada por la doctrina de esta Sala.

(Omissis)

Como se nota, la recurrida se limitó a transcribir parte del contenido de la sentencia de esta Sala que manifestó acoger. Es palpable que no existe, en ninguna parte de la recurrida, motivos de hecho que respalden el establecimiento de un ‘error’ como vicio en el consentimiento de la demandante.  La recurrida, repetimos, no analizó prueba alguna de la cual extrajera hechos concretos que motivaran la existencia de tal vicio, y ello determina la existencia de la acusada inmotivación de hecho.

(Omissis)

De manera que la sentencia de la alzada no cumplió con el deber de motivar la declaratoria de existencia de un vicio en el consentimiento en la demandante, pues no dotó a esa decisión de motivación propia de hecho, es decir, e hechos establecidos con base sobre el examen de las pruebas existentes en autos demostrativas del acaecimiento de circunstancias fácticas de funden la declaratoria de existencia de un error de hecho… (Resaltado de la formalizante)

 

La Sala observa:

 

Se evidencia que la presente delación es del mismo tenor que la denuncia que antecede, por lo que, es forzoso concluir que la presente denuncia es improcedente, tal como se estableció ut supra. Así se resuelve.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

 

-ÚNICO-

 

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la formalizante denuncia la infracción de los artículos 1148 y 1159 del Código Civil, por falsa aplicación y falta de aplicación, respectivamente.

 

Señala la parte recurrente:

 

…en el artículo 1148 del Código Civil el legislador no ha querido dejar al juicio soberano e incontrolable de los jueces de instancia la valoración o apreciación con respecto a si el error de hecho es causa de anulabilidad de un contrato, sino que ha condicionado esa valoración señalando al juzgador las circunstancias específicas que deben concurrir a fin de que el error produzca el efecto de anulabilidad del contrato.

La recurrida, no declaró la existencia de motivaciones subjetivas o psicológicas- internas y particulares- en la demandante: no declaró la existencia de alguna circunstancia o condición que la demandante internamente, hubiera considerado esencial o determinante de su decisión de escoger recibir el pago de una cantidad de dinero superior a la que le correspondía, en vez del beneficio de jubilación. Lo que hizo la recurrida fue transacribir, haciendo suya, parte del contenido de una sentencia de esta Sala, expresando que la actora: se habría encontrado en una ‘disyuntiva’ de decidir entre recibir una cantidad de dinero adicional o una pensión de jubilación, que no se encontraba en la situación ideal de escoger lo más beneficioso, y que tuvo un falso conocimiento de la realidad.

(Omissis)

Si la demandante decidió escoger el pago de una bonificación especial –cantidad considerable de dinero- en lugar de escoger recibir el pago de una cantidad igual o inferior a su último salario, a plazos, independientemente de las razones que tuviera para entender que esa escogencia le era más beneficiosa económicamente, ello, a la luz del artículo 1148 del Código Civil, es irrelevante, no constituye un motivo determinante y esencial capaz de configurar un error.

Por tanto, la recurrida, al declarar la nulidad del ‘acto de escoger de la actora’, en fundamento de las circunstancias de hecho referidas, las cuales no son las que condicionan la existencia de un error de hecho capaz de producir tal efecto de anulabilidad según el artículo 1148 del Código Civil, infringió, por falsa aplicación, ese artículo 1148 del Código Civil en cuanto a que desconoció cuales son los únicos supuestos de hecho que, apreciados y valorados, pueden servir para aplicarles la consecuencia jurídica regulada en esa norma.

Con esa decisión la recurrida dejó de aplicar, y por tanto, infringió por falta de aplicación del artículo 1159 del Código Civil, según el cual, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y no pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley. De haber aplicado esa norma, la recurrida hubiera decidido que la escogencia efectuada por la actora era válida y que, no existiendo causa autorizada por la ley, -porque no existen los criterios o atributos que según el artículo 1148 del Código Civil determinan la existencia de un error de hecho- la manifestación de voluntad de la demandante de escoger recibir una cantidad de dinero adicional, en vez de acogerse al beneficio de jubilación especial, no es nula.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Aduce la formalizante que la recurrida infringió por falsa aplicación el artículo 1.148 del Código Civil, por haber hecho suyos los argumentos de la sentencia de esta Sala de Casación Social, de la cual no se desprende para el caso de autos la prueba del error excusable; agrega que el supuesto error excusable en que incurrió la demandante no versa sobre el concurso de voluntades para el perfeccionamiento del contrato, puesto que ambas partes manifestaron su consentimiento, sino en una segunda manifestación de voluntad unilateral del acreedor que eligió una opción entre dos posibles; señala que en la mencionada disposición no consagra entre los supuestos que sancionen con nulidad del acto, la escogencia errónea como vicio de consentimiento. Con respecto a la denuncia del artículo 1.159 del Código Civil alega la formalizante que si la recurrida lo hubiese aplicado al caso en concreto, la conclusión sería que la escogencia efectuada por la parte actora era válida y excluyente del beneficio de jubilación y en consecuencia no procedía la demanda.

 

Cabe destacar, que la jurisprudencia de esta Sala de Casación Social, en estos casos, ha sido reiterada en cuanto al error excusable en que pudieron haber incurrido algunos de los trabajadores de dicha empresa, en virtud del acta de terminación del vínculo de trabajo, que fue analizada en su oportunidad, en donde se han estudiado las circunstancias que rodearon la suscripción de la misma y en la que se tomó en consideración, desde el trabajo como un deber social, hasta las normas que regulan la relación laboral, así como aquellas que se vinculan con la voluntad de las partes. En este sentido, la recurrida en su fallo destacó los elementos coincidentes del caso en especie con la decisión de esta Sala de Casación Social, la cual tomó en consideración en el momento de declarar el error excusable por parte del actor, por lo que al constatarse que efectivamente existió por parte de la actora un vicio en el consentimiento que es encuadrable en los supuestos establecidos en los artículos 1.146 y 1.148 del Código Civil, resultan aplicables dichas normas, y por lo tanto, no incurrió la recurrida, en la falsa aplicación del mencionado artículo 1.148.

 

En cuanto a la falta de aplicación del artículo 1.159 del Código Civil, debe esta Sala declarar que la recurrida no incurrió en la infracción de la delatada norma, por cuanto en el caso bajo análisis, el acta convenio suscrita por las partes fue anulada por una causa ajustada a la ley.

 

En consecuencia de lo antes expuesto, es forzoso para la Sala declarar la improcedencia de la presente denuncia, y así se decide.

 

CASACIÓN DE OFICIO

 

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de casar de oficio el fallo recurrido, al detectar las infracciones de orden público y constitucionales, aún cuando no se las hubiese denunciado o no se cumpla con la técnica para ello, la Sala pasa a decidir, para lo cual se observa:

 

El juez ad quem, en la parte motiva del fallo recurrido estableció:

 

Determinado lo anterior, observa este Juzgador, que el salario regular mensual de la accionante para el momento de finalizar la relación de trabajo era la suma de Bs. 125.200,00. Ahora bien, ateniéndonos a la formula del anexo “C”, a la trabajadora le corresponderá una pensión de jubilación mensual y vitalicia que se fijará a razón de 4, 5 % del salario mensual, por cada año de servicio hasta un máximo de 20 años y a razón de 1% sobre cada año en exceso, hasta llegar a un 100%, es decir, que en el caso sub examine, teniendo el (sic) trabajadora una antigüedad equivalente a 18 años, deberá multiplicarse por 4,5 % para obtener el porcentaje de jubilación, que es para el presente caso, el equivalente a un 81 %. En consecuencia a la reclamante le corresponde una pensión de jubilación, que es para el presente caso, el equivalente a un 81 %. En consecuencia a la reclamante le corresponde una pensión de jubilación vitalicia de Bs.101.412,00, dicho monto deberá ser reajustado en proporción a los incrementos del contrato de trabajo otorgado por la empresa demandada sobre este beneficio, desde la fecha de terminación de la relación del contrato de trabajo, tal como si la accionante estuviese disfrutando de la jubilación especial, hoy acordada por vía judicial, dicha jubilación deberá ser cancelada desde la fecha de ruptura del vínculo laboral de forma vitalicia, y por ser estas (sic) una deuda de valor, cuyo objeto principal es satisfacer el requerimiento alimentario y/o de subsistencia en sustitución del salario, deberá indexarse las pensiones de jubilación insolutas computadas mes por mes hasta la fecha de ejecución del presente fallo. Así se decide.

 

En ese sentido, la Sala considera que la pensión de jubilación, por definición, si bien debe ser calculada sobre la base de los últimos sueldos que percibió el beneficiario de la misma, no puede ser inferior al salario mínimo urbano, tal y como lo ordena el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí que, en el caso de autos, al no tomarse en cuenta ni considerar el cumplimiento de la disposición constitucional para el cálculo de las pensiones de jubilación, se vulneró ese derecho constitucional, que nació con posterioridad a la entrada en vigencia del texto fundamental.

 

Ahora bien, esta Sala de Casación Social, en sentencia Nº 816, de fecha 26 de julio del año 2005, acoge el lineamiento establecido por la Sala Constitucional, en sentencia de fecha 25 de enero del año 2005, de que en aquellos procesos en los que la pensión de jubilación resulte inferior al salario mínimo urbano se debe ajustar, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela. En el caso que se examina, la Sala ordena que de resultar inferior el monto de la pensión de jubilación al salario mínimo urbano, generada a partir de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 30 de diciembre de 1999, se debe incrementar dicho monto en forma proporcional desde la mencionada fecha hasta la ejecución del fallo, quedando entendido que las cantidades de la pensión, anteriores a esta fecha, se calcularán de acuerdo a la Convención Colectiva vigente para el momento, tal como lo hizo el juez de la recurrida.

 

En razón de lo expuesto, esta Sala de Casación Social, casa de oficio la sentencia recurrida y así se establecerá en el dispositivo del presente fallo.

 

DECISIÓN SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA

 

Como quiera que la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho, la Sala ratifica todas y cada una de sus partes, con excepción de que el monto de la pensión de jubilación, no puede ser inferior al salario mínimo urbano generado a partir de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde la mencionada fecha hasta la ejecución del fallo.

 

De igual forma, a partir de la declaratoria de ejecución del fallo deberá regularizarse el pago de lo que corresponda por pensión de jubilación en forma mensual y vitalicia, más el disfrute del resto de los beneficios complementarios o inherentes a la jubilación especial. El monto de la pensión de jubilación deberá determinarlo el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo que resulte competente, de conformidad con lo antes establecido y con vista al último salario devengado por la trabajadora demostrado en autos, y su antigüedad, tal y como lo señala la cláusula pertinente del Anexo “C”, así como la corrección monetaria que deberá determinarse con base en los Índices de Precios al Consumidor (I.P.C.) que mensualmente publica el Banco Central de Venezuela, que en consecuencia deberá ser solicitado a dicho organismo, como así ya lo estableció esta Sala de Casación Social.

 

Así mismo, en congruencia con lo precedentemente expuesto, se acuerda la realización de la experticia complementaria del fallo por un solo experto y a expensas de ambas partes, de conformidad con el último parágrafo del artículo 514 del Código de Procedimiento Civil.

 

Por último, se reproduce el resto del fallo recurrido en cuanto a: nulidad parcial del acta firmada entre las partes, por haber incurrido la trabajadora en error excusable; la declaratoria sin lugar de la defensa de prescripción de la acción opuesta por la demandada y declaratoria con lugar de la acción de jubilación especial; por consiguiente, acuerda el pago mensual de forma vitalicia de la pensión de jubilación y se declara parcialmente con lugar la demanda incoada. Así se resuelve.

 

D E C I S I Ó N

 

En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social (Accidental) del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1) SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, (C.A.N.T.V.), contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 8 de abril 2005; 2) CASA DE OFICIO el fallo recurrido y se anula parcialmente, y 3) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por Luisa Margarita Silva Vera, contra la empresa COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V.).

 

No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total.

 

No firma la decisión el Magistrado Suplente Dr. Jesús Alberto Soto Luzardo, motivado a causas justificadas.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, enviando copia certificada del presente fallo, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiuno (21) días del mes de febrero de dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

Vicepresidente,

 

 

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ALFONSO VALBUENA CORDERO

Magistrada Ponente,

 

 

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CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

Conjuez,

 

 

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MARJORIE ACEVEDO GALINDO

 

Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C. Nº AA60-S-2005-901

Nota: Publicada en su fecha a

El Secretario,