SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

              En el juicio que por calificación de despido, intentara el ciudadano ARMANDO JOSÉ QUERALES LEÓN, representado judicialmente por los abogados Karen Camargo y Magaly Muñoz, contra PDVSA PETRÓLEO, S.A, representada judicialmente por los abogados Lissetti Celided Zamora Pérez, Esperanza de Jesús Padrón Villasana, Emily Esther Rodríguez Velásquez, Rosalía Pinto Gutiérrez, Lenmar Gonzalo Álvarez Charmel, Rosa Inés Valor, Daniel Enrique Tarazón, Jesús Alexander Useche Duque, Kemmly Prado Figueredo, Yetxica Leonor Medina, Aracelis Sánchez, Jorge Hawat Lose, Arturo Suárez, Cristóbal Cornieles, Marcia Madrid Bellorín, José Vásquez, Argenis Rodríguez, Yurima Falcón, Leonardo Rodríguez, Gilberto Chacón Laya, Ronald Rondón, Jesús Martínez, Luis Castillo y Juan Carlos Delgado; el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto, mediante decisión de fecha 06 de junio de 2005, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el actor, declaró con lugar el mismo, revocando el fallo dictado por el Juzgado Segundo Transitorio de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, en fecha 07 de marzo de 2005, que había declarado la perención de la instancia.

              Contra la decisión de alzada, en fecha 09 de junio de 2005, la representación judicial de la parte demandada interpuso recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

              En fecha 01 de julio  de 2005, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

              En fecha 02 de febrero de 2006, fue declarado admisible el recurso interpuesto y en fecha 13 de marzo de 2006, mediante auto del Juzgado de Sustanciación de esta Sala, fue fijada la audiencia oral, pública y contradictoria para el día martes 16 de mayo de 2006, a las doce y treinta minutos de la tarde (12:30 p.m).

 

              Celebrada la audiencia y habiendo esta Sala proferido su decisión de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en los términos siguientes:

 

 DEL RECURSO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD

 

               Delata el solicitante que la recurrida infringe el orden público procesal contenido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

               Indica que la violación del orden público adjetivo se manifiesta en la recurrida cuando la parte demandante en fecha 28 de enero de 2004, solicita el avocamiento (sic) del juez y no fue sino hasta transcurrido un año y tres días, específicamente el 1° de febrero de 2005, cuando vuelve a tener actuación en el expediente.

 

               Aduce el recurrente, que la recurrida incurre en error de apreciación, toda vez que para determinar la perención, la computa a partir del año 2003, siendo que el lapso de perención tuvo su origen del 28 de enero de 2004 al 1° de febrero de 2005.

 

               Señala que el sentenciador de alzada, toma como punto de partida para establecer el lapso de perención, la fecha del auto de avocamiento (sic) del tribunal o sea, el 1° de marzo de 2004.

               Alega que tal conducta constituye un “exabrupto jurídico”, puesto que las actuaciones del tribunal no producen ningún efecto sobre la perención, dado que antes del visto para dictar sentencia, los únicos actos que inciden sobre el lapso de perención son aquellos emanados por (sic) las partes y que además le den impulso al proceso.

 

               Arguye que el juzgador toma como acto que suspende el lapso de perención el avocamiento (sic) del Juez, y que no siendo éste un acto de las partes, no suspende el lapso de perención.

 

               Para decidir la Sala, pasa a realizar un examen de las actuaciones de las partes y del tribunal a lo largo del proceso, ello, a fin de establecer la veracidad de la denuncia interpuesta por la accionada de autos, recurrente por control de la legalidad:

 

ACTUACIÓN

FECHA

Interposición de la demanda

22 de enero de 2003

Admisión del libelo

17 de febrero de 2003

Poder Apud-Acta otorgado por el actor

12 de marzo de 2003

Diligencia solicitando designación de correo especial

02 de julio de 2003

Auto que acuerda la solicitud anterior

09 de julio de 2003

Diligencia solicitando abocamiento (sic)

13 de enero de 2004

Diligencia solicitando abocamiento (sic)

28 de enero de 2004

Auto donde el Juez se aboca

01 de marzo de 2004

Diligencia solicitando la notificación  a la accionada

01 de febrero de 2005

Sentencia de primera instancia que declara la perención

07 de marzo de 2005

              

               Asimismo, la recurrida al declarar con lugar la apelación interpuesta por  la representación del actor, sostuvo:

 

(…) en el caso de marras cuando el Juez de la causa se avoca (sic) en fecha 01 de marzo de 2004, y toma la dirección del proceso a fin de llevarlo hasta las últimas consecuencias, de conformidad con el artículo 06 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, nace la carga de la actora de instarlo, hasta lograr la notificación de la demandada.                  

 

En virtud de lo cual no puede hablarse de la paralización del proceso, una vez que la parte actora solicita y ratifica el avocamiento (sic) del Juez, y una vez que este se avoca (sic) es que (sic) puede realizarse un nuevo cómputo, el cual garantiza a las partes su Juez natural a la fecha en que la actora diligencia emplazando al alguacil para que de resultas de las notificaciones, en fecha 01 de febrero de 2005, valga decir, antes de cumplirse el fatal lapso previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

 

               En este orden, no comparte la Sala el criterio de la alzada, por no ajustarse al espíritu, propósito y razón ni del legislador adjetivo civil, ni del laboral, los cuales establecen en las respectivas disposiciones –artículo 257 del Código de Procedimiento Civil  y 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo- el impulso de parte, como elemento cualitativo central a efectos de impedir la perención de la instancia, al menos antes de vista la causa.

 

               En reciente doctrina de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, quedó establecida la interpretación de la institución de la perención contenida en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, señalándose lo siguiente:

 

(…) debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia, pues, contrario a la creencia del actor, los jueces de segunda instancia, poseen una facultad de revisión amplia y general del caso que los ocupa –principio de la doble instancia-, claro está, siempre atendiendo a lo alegado y probado en autos, por ello independientemente de que una perención no hubiere sido advertida por el juzgador de primera instancia, ello no es impedimento para que el de alzada la verifique y la declare de concurrir las circunstancias para ello, ni mucho menos para pensar –como aduce el actor-, que se ha configurado una convalidación a la misma por no haber sido decretada en primera instancia.

 

En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil-.

 

Así pues, en base al artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. (Yván Ramón Luna Vásquez, 27 de enero de 2006).

 

      Expuesto lo anterior, la Sala acogiendo el criterio de interpretación antes señalado, declara con lugar el presente recurso del control de la legalidad, anula la decisión recurrida y pasa a pronunciarse sobre el fondo de la controversia, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

DEL MÉRITO DE LA CONTROVERSIA

 

 

               Como quiera que ha constatado esta Sala la materialización de la perención, ello, dada la inactividad procesal de la parte actora en juicio durante el lapso establecido en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se declara la extinción del proceso. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

               Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1)  CON LUGAR el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 06 de junio de 2005, emanada del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto; y en consecuencia, ANULA  la decisión recurrida; y 2) se declara la PERENCIÓN de la instancia y en tal sentido, la extinción del proceso.

 

               No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de la presente decisión.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba señalada. Particípese de la presente remisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

               Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticinco (25)  días del mes de mayo  de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

        

     El Vicepresidente,                                                                Magistrado,

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                      ALFONSO VALBUENA CORDERO

     

       Magistrado y Ponente,                                             Magistrada,

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

C.L. N° AA60-S-2005-001063

 Nota: Publicada en su fecha a

                                               El Secretario,