SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.

 

                   En el juicio por daño moral, que sigue el ciudadano MARTÍN ANTONIO GUTIÉRREZ PIÑA, representado judicialmente por los abogados Henrry Antonio Rodríguez y José Rubén Miranda Catari, contra la sociedad mercantil BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL, judicialmente representada por los abogados Walter Rodríguez Barrada, José Gregorio Cestari Paul y María Isabel Bermúdez Arends; el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, conociendo en apelación, publicó sentencia en fecha 7 de junio de 2005, mediante la cual declaró sin lugar el recurso ejercido por la parte actora y prescrita la acción propuesta, modificando así la decisión de fecha 21 de abril de 2005, proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial.

 

Contra la decisión de alzada, el apoderado judicial del actor anunció recurso de casación, el cual una vez admitido fue oportunamente formalizado. No hubo impugnación

 

Recibido el expediente se dio cuenta en Sala en fecha 9 de agosto de 2005, designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

               Concluida la sustanciación del presente recurso con el cumplimiento de las formalidades legales, en la audiencia oral, pública y contradictoria celebrada el día martes 21 de marzo de 2006, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe, se dictó sentencia de manera inmediata declarándose sin lugar el recurso de casación interpuesto por la parte actora. En tal sentido, procede en esta oportunidad la Sala a reproducir y publicar el fallo según lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los términos siguientes:

 

RECURSO DE CASACIÓN

 

               Las tres denuncias contenidas en el escrito de formalización se analizarán y decidirán en conjunto, dado que presentan la misma fundamentación:

 

               En efecto, al amparo del ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se denuncia la infracción de los artículos 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, por falsa aplicación; 62 eiusdem, por falta de aplicación y subsidiariamente, en caso de que se desestime la aplicación de la referida norma, se acusa la infracción del artículo 1977 del Código Civil, por falta de aplicación; finalmente se denuncia el artículo 177 de la ley adjetiva laboral, también por falta de aplicación.

 

               El actor recurrente sostiene como fundamento de sus denuncias que la sentencia impugnada declaró la prescripción de la acción propuesta, aplicando falsamente el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto, tal disposición no se corresponde con el supuesto planteado en autos. Alega que la pretensión no versa sobre el pago de conceptos laborales derivados de una relación de trabajo, sino de una demanda que persigue la indemnización del daño moral que se le ocasionó al demandante por el hecho ilícito del patrono, hecho que, a pesar de haberse originado en el marco de una relación laboral, produce una acción personal de naturaleza estrictamente civil.

 

               En tal virtud, argumenta el formalizante que la norma que debió aplicarse y no se aplicó, es la contenida en el artículo 62 de la ley sustantiva del trabajo que prevé un lapso de prescripción de 2 años, por ser la que más se adecua a los hechos que sirven de base a la pretensión de indemnización de daño moral, ello, por cuanto, encuentra su apoyo en la doctrina de la Sala, recogida en la sentencia 128 de fecha 6 de marzo de 2003, en la cual se estableció que: “Las acciones que se intenten por indemnización de daños ocasionados por accidentes o enfermedades profesionales, incluso aquellos daños que se originen con ocasión del hecho ilícito del patrono, prescribirán a los dos años contados a partir de la fecha del accidente,(…)”.

 

               De manera que a juicio del formalizante, de haber aplicado el sentenciador de alzada el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, tomando en consideración que a partir del 22 de junio de 2002 (fecha en que la sentencia absolutoria dictada por el tribunal penal adquirió firmeza), comenzaba a correr el lapso de prescripción de 2 años y habiéndose interpuesto la demanda el 26 de febrero de 2004, no hubiera declarado con lugar la defensa opuesta por la demandada.

 

               De otra parte y en forma subsidiaria se alega la falta de aplicación del artículo 1977 del Código Civil, basado en que la acción de daño moral reclamada por el ilícito patronal es de naturaleza personal, aun cuando, algunos de los actos ilícitos cometidos por la empresa se materializaran en el marco de una relación laboral, y por ende, debió aplicarse la prescripción decenal contenida en dicha norma.

 

               A los fines de decidir, la Sala observa:

 

               Establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo que “Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios”.

 

               Expresa la sentencia impugnada a través del presente recurso de casación, que la acción por daño moral incoada por el actor, deviene de un proceso penal seguido en contra de éste, por la comisión de un presunto delito acaecido en el momento en que cumplía actividades de naturaleza laboral para la empresa demandada y que dio lugar a una intensa investigación, detención preventiva y exposición del trabajador ante la opinión pública.

 

El sentenciador de alzada, advirtiendo que la acción en la presente causa es de naturaleza laboral aplica el lapso anual de prescripción previsto en el artículo 61 antes reseñado, constatando que el despido se materializó en fecha 8 de agosto de 1996 y la interposición de la demanda fue el día 26 de febrero de 2004, en virtud de lo cual, declaró prescrita la acción.

 

               Sostiene el formalizante que la disposición en la cual se apoya el dispositivo del fallo recurrido fue falsamente aplicada, por cuanto a su entender, el lapso de prescripción que se debió computar es el de dos (2) años previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo y en su defecto, tratándose de una acción personal de naturaleza civil resultaba procedente la prescripción decenal establecida en el artículo 1977 del Código Civil.

 

               En anteriores decisiones, esta Sala de Casación Social ha realizado expreso pronunciamiento en orden a la prescripción, sosteniéndose reiteradamente que el lapso de extinción para la interposición de todas las acciones que se deriven de la relación de trabajo es el establecido en las leyes laborales, en ese sentido, todas las acciones provenientes de la relación de trabajo o producidas con ocasión de la misma, inclusive el hecho ilícito, prescriben al año de culminada la prestación de servicios, tal y como lo prevé el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, a menos que tal hecho ilícito del patrono sea la causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, caso en el cual prescribirá a los dos (2) años por disponerlo así el artículo 62 eiusdem.

 

               En el caso concreto, el supuesto de hecho indicado por el trabajador demandante que da fundamento a la pretensión de daño moral derivada de un acto ilícito que se señala cometido por la empresa accionada en el marco de una relación de trabajo, no se corresponde con el supuesto legal comprendido en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, denunciado por falta de aplicación en el escrito de formalización, pues, la norma in commento, como repetidamente ha sostenido la Sala y que fuera anteriormente referido, rige especialmente para los casos en los cuales se demanda una indemnización procedente de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, lo cual no es el planteamiento de hecho en el asunto bajo estudio. En consecuencia, no infringe la recurrida el precepto acusado ni el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al no acatar la doctrina de la Sala en materia de hecho ilícito derivado de infortunios laborales como erradamente se denunció por el actor recurrente.

 

De otra parte, encuentra esta Sala que la sentencia recurrida actuó ajustada a derecho al servirse del artículo 61 de la Ley del Trabajo para resolver la controversia, pues, la regla aplicable en materia de prescripción de las obligaciones que derivan de la relación de trabajo, es la especial anual prevista en el artículo indicado, y para el caso in commento, estando vinculada la acción por hecho ilícito conteste con la supuesta conducta antijurídica desplegada por la demandada en el marco o con ocasión de la relación de trabajo, lógico devenía el orientarse por dicha norma y declarar la prescripción. Así se decide.

 

Otro supuesto hubiere constituido el que la conducta antijurídica generadora del hecho ilícito alegado no se hubiere materializado con ocasión del vínculo jurídico laboral, por cuanto bajo tal premisa el régimen de prescripción sería el decenal contemplado en el derecho común, específicamente en el artículo 1977 del Código Civil, siendo por demás incompetentes los órganos jurisdiccionales del trabajo para conocer de tal acción, en tal virtud, no infringe la recurrida la señalada norma, acusada subsidiariamente. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora contra la sentencia definitiva de fecha 7 de junio de 2005, proferida por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en consecuencia, se CONFIRMA el fallo recurrido.

 

               Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, ello, a los fines legales consiguientes. Remítase copia certificada del presente fallo al Juzgado Superior de origen antes identificado.

 

Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay condenatoria en costas.

 

               Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                    Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                            ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrado,                                                             Magistrada,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C. AA60-S-2005-001376

No-

ta: Publicada en su fecha a

 

 

 

 

 

El Secretario,