SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO

En el juicio de cobro de diferencia de prestaciones sociales seguido por el ciudadano ECCIO ADRIANI VILLAREAL, representado por los abogados Clemencia Acero Velasco, Mauro Rangel Oviol y Juan Carlos Ocanto, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO, representada por los abogados Sara Bastidas, María Nancy Mendoza, Yennyfer Lugo, Luz Marina Cabrera, Luis Edgardo Godoy, Carlos Hernández Casares, Oscar Linares, Rosalía del Carmen Flores Suárez y Ranier González Montilla, el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, conociendo de la apelación interpuesta por la parte demandada, en sentencia publicada el 28 de abril de 2004, declaró sin lugar el recurso interpuesto contra la decisión dictada en fecha 16 de marzo de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, quedando confirmada la sentencia apelada, que declaró con lugar la demanda de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Contra esa decisión, la parte demandada interpuso el recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Recibido  el  expediente,  se  designó ponente al Magistrado quien con tal carácter suscribe el presente fallo. No hubo contestación.

En fecha 17 de enero del año en curso, tomaron posesión de sus cargos los Magistrados designados para la Sala de Casación Social por la Asamblea Nacional, según Gaceta Oficial del 14 de diciembre de 2004, LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ y CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, en virtud de lo cual esta Sala queda conformada por cinco Magistrados a partir de la fecha arriba indicada.

Concluida la sustanciación del recurso, se fijó la audiencia oral, pública y contradictoria para el día 13 de diciembre de 2005, bajo la ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo.

Celebrada la audiencia en el día y a la hora indicada, profirió esta Sala su sentencia de manera inmediata, la cual pasa a reproducir en los términos siguientes:

ÚNICO

En el caso concreto señala la recurrente que la sentencia recurrida violó normas de orden público al no decidir en forma expresa, positiva y precisa sobre la consulta de la decisión dictada por el Tribunal a quo en conformidad con el artículo 9° de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, en concordancia con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, por ser dicha prerrogativa o privilegio extensivo a los Estados, pues, a decir de quien recurre, la Alzada sólo se circunscribió a analizar si los hechos alegados por su representada en la audiencia preliminar, configuraban una causa extraña no imputable, sin entrar a revisar lo ajustado o no de la sentencia dictada en Primera Instancia.

De otra parte alega el recurrente, que la sentencia impugnada es contraria a la jurisprudencia de la Sala, citando la sentencia de fecha 25 de marzo de 2004, por cuanto los funcionarios judiciales están obligados a observar los privilegios y prerrogativas de la República, contenidos en los artículos 6° y 66 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, respectivamente, y, el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuyos privilegios son de aplicación extensiva a los Estados por remisión expresa del artículo 33 del Decreto de Reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público.

A los fines de decidir la presente causa, la Sala considera necesario hacer un breve resumen de las actuaciones realizadas por las partes  en el transcurso de la audiencia preliminar. Así tenemos:

En fecha 20 de febrero de 2004 tuvo lugar la audiencia preliminar, a la cual comparecieron ambas partes. En dicha oportunidad, la parte actora objetó la representación judicial de la Procuraduría General del Estado Trujillo, por cuanto en el instrumento poder consignado, no se otorgan facultades para mediar, conciliar, ni transigir, a lo cual manifestó la parte demandada, que el poder es amplio y que para tales condiciones deben contar con una autorización expresa del ciudadano Gobernador. Acto seguido el Juez permitió la actuación de la parte demandada en la audiencia, instándola a que presentara la ampliación del poder en la siguiente oportunidad, esto es, en la prolongación acordada para el día 2 de marzo de 2004.

El día y hora fijado para la prolongación de la audiencia, las partes luego de las conversaciones sostenidas conjuntamente con el Juez mediador, llegaron a un acuerdo sobre los conceptos y montos reclamados, con excepción de los intereses de mora sobre los salarios retenidos, expresando la demandada que el pago de tales intereses debía plantearlo a la Directiva de Recursos Humanos y una vez totalizado el monto debido y la posible fecha de pago, presentarla a la mesa de diálogo. Con vista al planteamiento expuesto por la accionada, ambas partes acordaron prolongar la audiencia para el día 16 de marzo de 2004.

Anunciada la prolongación de la audiencia preliminar en la fecha antes señalada, el Tribunal dejó constancia de la comparecencia de la parte actora y de la incomparecencia de la representación judicial de la demandada, razón por la cual de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declaró la admisión de los hechos, condenando al pago de los conceptos y montos que las partes ya  habían acordado en fecha 2 de marzo de 2004, más los intereses de mora sobre los salarios retenidos, los cuales se encuentran discriminados en el acta que se levantó a tales efectos.

Contra dicha decisión la parte demandada ejerció el recurso de apelación, el cual previo el cumplimiento de las formalidades de ley,  fue declarado sin lugar, confirmándose la decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución, de conformidad con el artículo 131 eiusdem, que declaró la admisión de los hechos, en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la segunda prolongación de la audiencia preliminar, condenando al pago de los conceptos y montos acordados por las partes en el desarrollo de la audiencia.

La Sala para decidir, observa:

El artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece que en aquellos procesos en los cuales se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, los funcionarios judiciales deben observar los privilegios y prerrogativas consagrados en leyes especiales.

El Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, en su artículo 63 señala, que los privilegios y prerrogativas procesales de la República son irrenunciables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la República.

Por su parte, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, preceptúa que, cuando los apoderados o mandatarios de la Nación no asistan al acto de la contestación de las demandas intentadas contra ella, o de excepciones que hayan sido opuestas, se tendrán unas y otras como contradichas en todas sus partes, sin perjuicio de la responsabilidad que la omisión apareja al representante del fisco.

De igual forma el artículo 66 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece que, cuando el Procurador o Procuradora General de la República, o de los abogados que ejerzan la representación de la República, no asistan a los actos de contestación de demandas intentadas contra ésta, o de las cuestiones previas que les hayan sido opuestas, las mismas se tienen como contradichas en todas sus partes, sin perjuicio de la responsabilidad personal del funcionario por los daños causados a los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.

Por último, en relación con las facultades de los abogados que ejerzan la representación de la República en juicio, señala en el artículo 68, que no pueden convenir, desistir, transigir, comprometer en árbitros, conciliar o utilizar cualquier otro medio alternativo para la solución del conflicto, sin la expresa autorización del Procurador o Procuradora General de la República, previa autorización escrita de la máxima autoridad del órgano respectivo.

Tales prerrogativas o privilegios procesales se aplican en forma extensiva a los Estados, por disponerlo así el artículo 33 del Decreto de Reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, motivo por el cual, al ser la demandada en el caso de autos, la Gobernación del Estado Trujillo, debió el Juez de Alzada, aplicarlas, en resguardo de los intereses patrimoniales del Estado. 

Al respecto, la Sala de Casación Social, en sentencia 263, del 25 de marzo de 2004, al analizar las normas antes citadas, estableció que, “...los derechos, intereses y bienes de la República no pueden concebirse afectados por la negligencia del profesional del derecho que en un momento dado ejerza su representación, en consecuencia, y en el perímetro del asunto in comento, uno de los privilegios de la República que debe honrarse es precisamente el alegado por la parte  recurrente en la denuncia, a saber el contenido el artículo 6°  de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional....omissis...De tal forma que, pese a la incomparecencia de la parte demandada, el Juzgador de la recurrida ha debido observar los privilegios y prerrogativas de la República y no aplicar el efecto jurídico de la no asistencia del demandado a la audiencia preliminar, como lo es la presunción de admisión de los hechos. En consecuencia, una vez operada la incomparecencia del demandado, el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución competente debió remitir el expediente al Tribunal de Juicio respectivo, previo el transcurso de los cinco (5) días hábiles a que se contrae el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los fines de que el Juez de Juicio que correspondiera, proveyera lo que considerare pertinente...”

En consecuencia, al no constatarse en el instrumento poder otorgado por el Procurador General del Estado Trujillo, a las representantes judiciales de la demandada, facultades para, desistir, transigir, comprometer en árbitros, conciliar o utilizar cualquier otro medio de autocomposición procesal, ni tampoco autorización escrita de la máxima autoridad del órgano respectivo, esta Sala declara nulo y sin efecto jurídico, el acuerdo realizado entre las partes, sobre los conceptos y montos demandados, discriminados en el acta de fecha 2 de marzo de 2004, sobre los cuales recayó la decisión recurrida.

En tal sentido, la Sala apercibe a las abogadas Sara Bastidas y Nancy Mendoza, para que se abstengan en el futuro de plantear acuerdos como el realizado en el presente caso, pues a sabiendas que para mediar, conciliar y transigir, se requiere facultad y autorización expresa del Gobernador, no se entiende como es que, sin cumplir dichos requisitos, acordaron con la parte actora el pago de los conceptos y montos demandados, los cuales se encuentran detallados en la mencionada acta, de fecha 2 de marzo de 2004. Pues, de permitirse actuaciones como la ocurrida en el caso de autos, ello constituiría una falta de lealtad y probidad, a tenor de lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En conclusión, al haber actuado la recurrida de la forma señalada, violó las normas de orden público y la Jurisprudencia de la Sala antes mencionada al no observar los privilegios y prerrogativas de la República, contenidos en los artículos 6° y 66 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, respectivamente, y, el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de aplicación extensiva a los Estados por remisión expresa del artículo 33 del Decreto de Reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, así como también la Jurisprudencia de la Sala, establecida en sentencia 263, de fecha 25 de 2004, y se repone la causa al estado de que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, remita el expediente al Tribunal de Juicio respectivo, previo el transcurso de los cinco (5) días hábiles a que se contrae el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los fines de que el Juez de Juicio que corresponda, provea lo que considerare pertinente.

D E C I S I Ó N

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1º CON LUGAR el recurso de control de la legalidad propuesto por la parte demandada, y en consecuencia se anula la decisión proferida en fecha 28 de abril de 2004, por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo; y, 2º LA NULIDAD de las actuaciones practicadas a partir del auto de fecha 16 de marzo de 2004, inclusive, y la reposición de la causa al estado el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, remita el expediente al Tribunal de Juicio respectivo, previo el transcurso de los cinco (5) días hábiles a que se contrae el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los fines de que el Juez de Juicio que correspondiera, proveyera lo que considerare pertinente.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, a los fines indicados. Remítase copia certificada de esta decisión al Juzgado Primero Superior del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial.

La presente decisión no la firma el Magistrado LUIS E. FRANCESCHI G., por no haber estado presente en la audiencia pública correspondiente.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación  Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce (12) días del mes de enero de dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 146° de la

 

 

Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

                                                                                                                   

El Vicepresidente-Ponente,                                                   Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                                       ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

Magistrado,                                                                   Magistrada,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ            CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C.L. AA60-S-2004-000705

Nota: Publicada en su fecha a las

 

                                                                                                          El Secretario,