SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia de la Magistrada Doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

En el juicio de cobro de indemnizaciones derivadas de enfermedad profesional instaurado por el ciudadano PEDRO MIGUEL HERRERA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad número V-8.778.922, representado judicialmente por la abogada Odalis Vásquez Vera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 55.647, contra la sociedad mercantil TRANSPORTE VIGAL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 17 de enero de 1997, bajo el número 21, Tomo 5-A, representada judicialmente por los abogados Marco Manstretta Pesquera, Javier Manstretta Cardozo, Laura Manstretta Cardozo, Anmy Toledo de Coletta, Andreína Collantes Duarte y María Verónica Labarca Barboza, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 7.478, 57.837, 105.913, 48.441, 47.259 y 91.209 respectivamente; el Tribunal Superior Primero para el Nuevo Régimen y para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, publicó sentencia en fecha 30 de junio de 2005, en la que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte accionante y sin lugar la demanda; en consecuencia, confirmó la decisión proferida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, en fecha 29 de abril de 2005 la cual declaró sin lugar la demanda.

 

Contra la sentencia de alzada, la parte demandante anunció y formalizó oportunamente recurso de casación. No hubo impugnación.

 

En fecha 27 de septiembre de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, quien con tal carácter suscribe el fallo.

 

Celebrada la audiencia oral, pública y contradictoria en fecha 30 de marzo de 2006 y emitida la decisión inmediata de la causa, conforme al artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa en esta oportunidad la Sala a reproducir y publicar la sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

 

Denuncia el recurrente con fundamento en el artículo 168, numeral 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la infracción por errónea interpretación del artículo 82 eiusdem.

 

Para sustentar su delación el impugnante alega:

 

La fundamentación parte de lo expuesto por la Ciudadana Jueza, quien en su sentencia afirma: ‘Ahora bien, observa este Tribunal que en la audiencia oral y pública de juicio la parte demandada no exhibió los documentos solicitados pero, no obstante antes de aplicar los efectos del artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, será necesario hacer varias consideraciones: En cuanto a la forma de promoción de la prueba el actor no consignó las copias fotostáticas y en segundo lugar, no estableció que existía la presunción grave de que el demandado los tiene en su poder; por otra parte en cuanto al reporte de accidente si no ocurrió tal accidente mal puede la demandada presentar el reporte del mismo. Por lo tanto, al no aplicar los efectos legales correspondientes, no hay nada que valorar. Y así se decide’.

 

Es cierto que el artículo 82 de la LOPT, contempla los supuestos mencionados por la sentenciadora en su motivación para abstenerse de valorar y aplicar los efectos del artículo a las exhibiciones solicitadas, y no aportadas por la demandada; no obstante es importante destacar que con relación a las copias simples requeridas por la jueza, la referida prueba se promovió en los siguientes términos: (…). Y tal como puede apreciarse a la altura de los folios treinta y nueve (39) y cuarenta (40) del expediente se observan dos (2) copias simples de la relación de viajes, adicionalmente, en la audiencia oral y pública la demandada admitió la existencia de dichos formatos, calificándolos de ‘documentación interna’, indicando que los mismos habían sido destruidos.

 

Adicionalmente, es importante destacar que la norma delatada como erradamente aplicada no solo (sic) posee dos (2) supuestos, (copia fotostática y presunción grave) la referida norma afirma igualmente que …’Cuando se trate de documentos que por mandato legal deba llevar el empleados (sic), bastará que el trabajador solicite su exhibición, sin necesidad de presentar medio de prueba alguno que constituya por lo menos presunción grave de que se encuentra o ha estado en poder del empleador’ (Resaltado en la fuente).

 

En este sentido, el recurrente afirma que en el escrito de promoción de pruebas solicitó la exhibición, por parte de la empresa demandada, de los resultados del examen médico pre-empleo, el reporte del accidente laboral ante la Inspectoría del Trabajo, el examen médico pre-retiro, el documento que especifica los implementos de seguridad que debieron ser entregados al trabajador, el manual de “descripción de cargo” y el manual de higiene y seguridad industrial que debe poseer la empresa, documentos éstos que según alega el accionante, deben ser llevados por el empleador por mandato legal.

 

Finalmente, el formalizante expresa en su escrito:

 

En este sentido, tal como fuera resaltado ut supra, la norma establece que al tratarse de obligaciones legales no deberá el trabajador sustentar de ninguna otra forma su requerimiento de exhibición, y en este sentido, la Ciudadana Jueza, no valora las exhibiciones solicitadas y no aplica las consecuencias que emanan del artículo 82 en virtud de considerar que fueron mal formuladas.

(Omissis)

 

Las obligaciones legales, no requieren sustentación colateral en su promoción, de ahí que insistimos en fundamentar nuestro recurso de casación en el hecho de considerar que las pruebas promovidas, no fueron debidamente analizadas por el sentenciador (…).

 

La no valoración de las pruebas con base en las leyes y normas especiales por la materia, influyó determinantemente en el fallo emitido por el Tribunal de segunda instancia, desestimando el esfuerzo violento al que fue sometido el trabajador, lo cual desencadenó en una lesión interna, constitutivo del accidente laboral que se reclama, con motivo y ocasión de las condiciones de desempeño del trabajo que como gandolero tuvo el actor, de conformidad con el artículo 561 de la Ley Orgánica del Trabajo y los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

 

Para decidir, la Sala observa:

 

La parte accionante en el escrito de promoción de pruebas –cursante a los folios 29 al 33-, solicitó a la empresa demandada la exhibición de los siguientes documentos:

 

a)                                        Resultados del examen médico pre-empleo practicado al ciudadano accionante.

b)                                        Reporte del accidente laboral sufrido por el actor ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia.

c)                                        La forma de liquidación final de las prestaciones sociales del trabajador.

d)                                        Resultados del examen médico pre-retiro.

e)                                        Documento que especifica los implementos de seguridad que debieron ser entregados al trabajador.

f)                                          Las “relaciones de viaje” del demandante durante el tiempo que prestó servicios para la empresa.

g)                                        Última constancia de trabajo entregada al demandante.

h)                                        Descripción del cargo desempeñado por el trabajador, según el Manual de Higiene y Seguridad Industrial.

 

Respecto a la exhibición de documentos, el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece:

 

Artículo 82. La parte que deba servirse de un documento, que según su manifestación se halle en poder de su adversario, podrá pedir su exhibición. A la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento o, en su defecto, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del documento y, en ambos casos, un medio de prueba que constituya, por lo menos, presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario.

 

Cuando se trate de documentos que por mandato legal debe llevar el empleador, bastará que el trabajador solicite su exhibición, sin necesidad de presentar medio de prueba alguno, que constituya por lo menos, presunción grave de que el mismo se encuentra o ha estado en poder del empleador.

El tribunal ordenará al adversario la exhibición o entrega del documento para la audiencia de juicio.

 

Si el instrumento no fuere exhibido en el lapso indicado, y no apareciere de autos prueba alguna de no hallarse en poder del adversario, se tendrá como exacto el texto del documento, tal como aparece de la copia presentada por el solicitante y, en defecto de éste, se tendrán como ciertos los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento.

 

Si la prueba acerca de la existencia del documento en poder del adversario resultare contradictoria, el juez de juicio resolverá en la sentencia definitiva, pudiendo sacar de las manifestaciones de las partes y de las pruebas suministradas las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje.

 

Del texto normativo citado, se desprende que para solicitar la exhibición de documentos que se encuentren en poder de la contraparte, el promovente de la misma debe acompañar una copia del documento o –en defecto de ésta- señalar los datos que conozca sobre el contenido del mismo, además de lo cual debe aportar un medio de prueba que permita formar la convicción de que tal documento se halla o se ha hallado en poder del adversario.

 

Tal como lo señala el recurrente, el último de los requisitos señalados –aportar un medio de prueba que constituya una presunción grave de la posesión del documento por la parte contraria- no tiene que ser satisfecho cuando se trate de documentos que por mandato legal deba llevar el empleador; no obstante, para que pueda operar la consecuencia jurídica establecida en el segundo aparte del artículo comentado –según el cual se tendrá como cierto el texto de la copia presentada, o en su defecto, los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento cuya exhibición se pide-, es indispensable que la parte solicitante de la exhibición haya cumplido con la carga de presentar una copia de la que pueda extraerse el contenido del documento, o en su defecto, afirme los datos que presuntamente figuran en su texto, y que han de tenerse como ciertos en caso de no ser entregado el instrumento original por la parte a quien se ordena su exhibición, ya que en caso contrario, no podrá el juzgador suplir esta deficiencia en la promoción de la prueba, atribuyéndole al documento presuntamente en posesión de la contraparte un determinado contenido que no fue alegado por el interesado.

 

En síntesis, se puede afirmar que de conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es requisito indispensable para que proceda la consecuencia jurídica establecida por esta norma para el caso de que la parte a quien se ordena la exhibición no cumpla con este deber jurídico, que el solicitante de la exhibición consigne una copia de la cual se evidencie el texto del documento, o en su defecto, afirme de manera concreta los datos que presuntamente contenga éste, y que eventualmente serán tenidos como ciertos frente al incumplimiento de la parte contraria. Esta exigencia debe cumplirse, aún en los casos que la propia norma exime de la carga de suministrar pruebas que permitan llegar a una presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder del adversario, como es el supuesto de ciertos documentos que deben ser llevados por el patrono, por disposición de la ley.

 

En este sentido, ya esta Sala de Casación Social en sentencia 1149 del 7 de octubre de 2004, expresó estas consideraciones:

 

Los artículos 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 436 del Código de Procedimiento Civil establecen los requisitos para la promoción de la prueba de exhibición y como consecuencia jurídica ordenan considerar ciertos los datos afirmados por el promovente, si el obligado no exhibiere los documentos solicitados.

 

En el caso concreto, el obligado no exhibió los documentos solicitados que por mandato legal debe llevar, sin embargo al aplicar los artículos mencionados, el juez se vio imposibilitado de declarar cierto el contenido del libro de registro de horas extras porque la solicitud no suministró la información necesaria para el cálculo de las horas extras y sólo indica los períodos sobre los cuales versará la prueba, razón por la cual, no incurrió en falsa aplicación del artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ni en falta de aplicación del artículo 436 del Código de Procedimiento Civil.

 

En el caso de autos, la Juez de la recurrida, al examinar las pruebas promovidas y evacuadas por las partes, estableció con respecto a la exhibición solicitada:

 

Ahora bien, observa este Tribunal que en la audiencia oral y pública de juicio la parte demandada no exhibió los documentos solicitados pero, no obstante antes de aplicar los efectos del artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, será necesario hacer varias consideraciones: En cuanto a la forma de promoción de la prueba, el actor no consignó las copias fotostáticas para poder tener como ciertos los hechos contenidos en tales documentos y en segundo lugar, no estableció que existía la presunción grave de que el demandado los tienen (sic) en su poder; por otra parte, en cuanto al reporte de accidente si no ocurrió tal accidente mal puede la demandada presentar el reporte del mismo. Por lo tanto, al no aplicar los efectos legales correspondientes, no hay nada que valorar. Y así se decide.

Por otra parte y en relación a la exhibición de las documentales relativas a la forma de liquidación final y de la constancia de trabajo, aunque las mismas no fueron exhibidas en la oportunidad legal correspondiente, las misma (sic) fueron reconocidas por la parte demandada, no obstante, no se les otorga todo valor probatorio, por cuanto no aportan elementos que resuelvan la controversia.

 

De la trascripción se evidencia que, con respecto a la exhibición de la constancia de trabajo y la forma de liquidación final, la Juez ad quem no negó la aplicación de la consecuencia jurídica establecida en el artículo 82 de la Ley, sino que desechó el mérito probatorio de dichos documentos por no aportar elementos de convicción pertinentes para la resolución de la controversia.

 

En cuanto a la exhibición de los resultados del examen médico pre-empleo que debió ser practicado al ciudadano accionante, el reporte del accidente laboral presuntamente sufrido por el actor, ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, los resultados del examen médico pre-retiro, el documento que especifica los implementos de seguridad que debieron ser entregados al trabajador y la descripción del cargo desempeñado por éste, según el Manual de Higiene y Seguridad Industrial de la empresa, independientemente del hecho de que sean o no documentos de los que el empleador está en la obligación de llevar por mandato expreso de la ley –lo cual sólo exime al promovente de la carga de aportar pruebas que permitan establecer una presunción grave de que se hallan o han estado en posesión del patrono-, la parte que solicitó su exhibición no aportó una copia de dichos instrumentos, ni afirmó datos concretos sobre el contenido de los mismos; por consiguiente, no resulta posible aplicar la consecuencia jurídica establecida en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para el caso de incumplimiento del deber de exhibir los documentos por el adversario.

 

Ahora bien, con respecto a las “relaciones de viaje” cuya exhibición se solicitó a la parte demandada, se observa que el actor consignó copias simples de dos (2) de estos documentos, de las cuales se puede extraer no sólo una presunción grave de que se hallan o debieron hallarse en poder de la empresa –ya que tienen el membrete de la accionada y están aparentemente suscritos por un representante de la misma-, sino que resultan idóneos para establecer la presunción de certeza sobre su contenido en caso de no ser exhibidos –ex artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo-, por lo que puede colegirse que la Juez ad quem efectivamente infringió la norma denunciada, al no declarar como cierto el texto de las copias aportadas por el actor, dado que la parte accionada no presentó los originales de dichos instrumentos en la oportunidad procesal correspondiente.

 

Sin embargo, también se constata que dicha infracción no es determinante del dispositivo del fallo, ya que las referidas documentales sólo evidencian las fechas y los destinos de los viajes realizados por el actor, así como el pago de viáticos y remuneraciones correspondientes a los mismos, por lo que la valoración de dichas pruebas no permite establecer la relación de causalidad entre la enfermedad que padece el actor y la prestación de sus servicios personales para la empresa, y en consecuencia, su apreciación no determinaría una decisión distinta de la que efectivamente dictó la Juez de alzada, quien desestimó la demanda por no existir pruebas suficientes de que la enfermedad padecida por el actor tiene carácter profesional, es decir, que el origen de la misma esté causalmente ligado a la prestación de servicios.

 

En razón de lo expuesto, se declara improcedente esta denuncia. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1°) SIN LUGAR el recurso de casación ejercido contra la sentencia publicada el 30 de junio de 2005, por el Tribunal Superior Primero para el Nuevo Régimen y para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; 2) Se CONFIRMA la sentencia recurrida.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen anteriormente señalado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (06) días del mes de abril  de dos mil seis. Años: 195° de la Independencia y 147° de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

Vicepresidente,

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO

Magistrado,

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

Magistrado,

 

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ALFONSO VALBUENA CORDERO

Magistrada Ponente,

 

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CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

Secretario,

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C. AA60-S-2005-001486

 

Nota: Publicada en su fecha a las

 

El Secretario,