SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas, primer (01) día del mes de febrero de 2006. Años: 195° y 146°

En el juicio que por cobro de prestaciones sociales, siguen los ciudadanos RAMÓN EMILIO CAMPOS RUIZ y RAFAEL SOLANO, representados judicialmente por las abogadas Beatriz de Benítez y Alida Querales de Pavone, contra las sociedades mercantiles TRANSPORTE FLETAGRO C.A. y ALIMENTOS CONCENTRADOS SOUTO C.A., representada judicialmente, la primera, por los abogados Carmen Lucía González Ravelo, Miguel Ángel Pacheco, Alicia Marisela Flames de Marín, Juan Manuel Rosas y Anna Ianni Gómez, y la segunda, por el abogado Félix Alfredo Vegas Martínez; el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dictó sentencia en fecha 25 de enero de 2005, en la cual declaró con lugar el recurso y revocó la sentencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, reponiendo la causa al estado procesal previo a la decisión del Tribunal a quo.

 

                  El 15 de febrero de 2005, la apoderada judicial de la co-demandada empresa Transporte Fletagro, C.A., anunció recurso de casación, el cual fue declarado inadmisible por auto del 03 de marzo de 2005, por no llenar los extremos exigidos por el artículo 167, numeral 1 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Contra dicha decisión se interpuso recurso de hecho.

 

Recibido el expediente, se dio cuenta en Sala en fecha 07 de abril de 2005, designándose ponente al Magistrado quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Así, siendo la oportunidad procesal para decidir, lo hace esta Sala en los términos siguientes:

 

El Juzgado Superior al declarar la inadmisibilidad del recurso de casación, señaló:

 

“(…) De conformidad con lo señalado en el artículo 24 de la norma constitucional (sic) “…Las leyes de procedimiento se aplicaran desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso…”, en el caso de autos de la revisión de las actas en especial del escrito libelar, se observa que el petitorio de condena del accionante fue (sic) la cantidad de SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES (sic) CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (sic) (Bs. 60.815.973,42) cuestión que permite a este Tribunal determinar el incumplimiento del requisito de la cuantía, pues el interés del juicio no excede del monto exigido para la admisibilidad del Recurso de Casación, lo que lleva a declarar por vía de consecuencia Inadmisible el Recurso de Casación interpuesto contra la sentencia dictada por esta Alzada”.        

 

Como se aprecia, el Tribunal ad quem sostiene que en la presente causa, no se garantiza el requisito establecido en el artículo 167, numeral 1 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con relación a la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación.

 

Ahora bien, esta Sala en sentencia N° 894, de fecha 05 de agosto de 2004, expediente N° 04-0570, manifestó:

 

“(…) tal y como se evidencia del escrito libelar, de cuyo análisis exhaustivo advierte esta Sala, que cada una de las cantidades reclamadas por los demandantes -individualmente consideradas-, no superan la cuantía mínima exigida en la novísima ley procesal laboral para el ejercicio del recurso extraordinario de casación –3.000 U.T.-, equivalente a la suma de setenta y cuatro millones cien mil bolívares (Bs. 74.100.000,00). 

 

En este orden de ideas, es pacífico y reiterado el criterio jurisprudencial adoptado por este máximo Tribunal, en aquellos casos de acumulación de pretensiones de naturaleza laboral, en los cuales se debe examinar si por lo menos una de ellas cumple con la cuantía requerida para acceder a casación, a los efectos de la admisibilidad de este medio extraordinario de impugnación.

 

En virtud de lo precedentemente señalado, y de conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, resulta forzoso para esta Sala declarar la inadmisibilidad del recurso de casación anunciado contra el fallo dictado en fecha 12 de abril del año 2004, por el Tribunal Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, lo que conlleva a la declaratoria sin lugar del recurso de hecho planteado. Así se resuelve”.

 

 

Ahora bien, observa la Sala en el caso bajo estudio, que la demanda está integrada por las pretensiones de dos (02) trabajadores, lo cual configura la llamada conexión impropia o intelectual, en la que cada una de ellas debe ser individualmente considerada. Por lo tanto, y verificado en el caso de autos la suma individual de cada una de las pretensiones demandadas, se constata que ninguna supera la cantidad mínima exigida en el artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para la admisibilidad del recurso de casación, por lo que, resulta necesario concluir, que contra dicha decisión es inadmisible el recurso extraordinario de casación y en consecuencia, improcedente el recurso de hecho. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de hecho interpuesto contra el auto de fecha 03 de marzo de 2005, emanado del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y en consecuencia, INADMISIBLE el recurso de casación propuesto contra la decisión del Juzgado identificado supra.

 

Se condena en costas del recurso a la parte demandada, de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, ello, a los fines legales pertinentes. Particípese de dicha remisión al Superior Primero del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, todo de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 170 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

El Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

   

   

     El Vicepresidente,                                                                 Magistrado,

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                 ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

      Magistrado y Ponente,                                                         Magistrada,

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

R.H. Nº AA60-S-2005-000503

Nota: Publicada en su fecha a  

                                                          

  El Secretario,