SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

El ciudadano MARTÍN CORTÉS ZARATE, representado judicialmente por los abogados José Antonio Adrián Álvarez, Orlando R. Adrián Álvarez, Javier E. Adrián Tchelebi y Juan Carlos Regardiz Salas, demandó a la sociedad mercantil BAROID DE VENEZUELA S.A.,  patrocinada por el profesional del derecho Said Frangie,  por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación laboral, por ante el extinto Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. El Juzgado Primero Superior del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo  de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con sede en Maturín, conociendo en alzada, en fecha 10 de mayo de 2005,  declaró sin lugar el recurso de apelación intentado por la parte accionada y parcialmente con lugar el interpuesto por la representación de la parte actora, modificando de esta forma la decisión apelada.

 

      Contra dicho fallo la parte demandante anunció y formalizó oportunamente recurso de casación.

 

Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se dio cuenta del mismo en fecha 21 de junio de 2005, designándose ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez.

 

       Por auto de esta Sala fechado 07 de diciembre de 2005, fue fijada la audiencia pública para el día catorce (14) de febrero de 2006, a las once de la mañana (11:00 a.m.).

 

Celebrada la audiencia en el día y a la hora indicada, profirió esta Sala su sentencia de manera inmediata, la cual pasa a reproducir bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, en los términos siguientes:

 

I

DENUNCIAS POR INMOTIVACION

 

      Bajo el amparo de lo dispuesto en el ordinal 3° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se delata el vicio de “ausencia de motivación”, contentivo de tres denuncias enmarcadas en los siguientes términos:

 

I

 

      Fundamenta el recurrente, la falta de motivación sobre la base que la recurrida señala:

 

“Estableció claramente la recurrida, lo cual comparte esta alzada  (omissis) que por las funciones que ejercía y por la denominación del cargo se trata de un empleado de confianza que se desprende incluso de las declaraciones del libelo su conocimiento de secretos operacionales del patrono, así como la supervisión de otros trabajadores y que a tenor de lo previsto en la Cláusula 3 de la Convención Colectiva Petrolera, no le es aplicable al presente caso el pretendido régimen, sino por el contrario la Ley Orgánica del Trabajo”.  (Resaltado de la Sala).

 

 

      Señala, que del texto transcrito se evidencia que la Juez de la recurrida resuelve que el actor es un trabajador de confianza y por esta razón, no le es aplicable la Convención Colectiva Petrolera, sin que exista ningún tipo de razonamiento propio que sustente como llegó a esa conclusión, sino que, se limita a señalar las razones, en virtud de las cuales, la Juez de Primera Instancia consideró que era un trabajador de confianza, indicando que es compartida tal visión por esa alzada.

 

      Agrega en su fundamentación el formalizante, que se encuentra en un supuesto similar al que se conoce como “motivación acogida”, que ocurre cuando el juez de segunda instancia se limita a transcribir totalmente las sentencias dictadas por los tribunales de primera instancia y hacerlas suyas como decisiones de alzada, sin contener sus propias consideraciones respecto a los motivos que soportan la decisión, sólo que en este caso, no transcribió el contenido de la sentencia de primera instancia sino que lo resumió y lo hizo suyo, sin hacer consideración propia alguna que justifique su conclusión.

 

      Ahora bien, estima la Sala prudente antes de decidir la presente delación,  hacer las siguientes consideraciones:

 

      La Sala de Casación Social, acogiendo la orientación de la doctrina más calificada, ha asentado en reiteradas decisiones que la inmotivación es el vicio del que adolece la sentencia cuando ésta incumple con el requisito insoslayable de expresar los motivos fácticos y de derecho en que se sustenta. Así, ha sido criterio diuturno de la doctrina de casación, que el fallo detenta este vicio cuando carece absolutamente de motivos, no así cuando esté provisto de motivos escasos o exiguos. De la misma forma, ha sido adoptado por la jurisprudencia el que nos encontramos ante una falta absoluta de fundamentos cuando a pesar de contener motivos el fallo, son impertinentes, contradictorios o integralmente vagos o inocuos, razón por la cual, son incapaces de ofrecer apoyo alguno al dispositivo de la sentencia. También configura inmotivación absoluta y en consecuencia es írrito el fallo, cuando el juez no expresa los motivos en que fundamenta la decisión con respecto a un punto particular de la litis, bien sean de hecho o de derecho.

 

         Se observa que la sentencia recurrida, en su texto indica ciertamente que acoge las razones expuestas por el a quo para concluir que el actor es un trabajador de confianza y por ende está excluido del ámbito de aplicación subjetiva de la Convención Colectiva de Trabajo, no obstante se percata la Sala que esta declaratoria de la alzada se fundamenta en las funciones que ejercía el actor, en la denominación del cargo e incluso en las declaraciones contenidas en el escrito libelar, quedando de esta manera suficientemente motivado dicho aserto, razón por la cual debe ser desechada esta denuncia y así se establece.

 

II

 

      Sustenta el fomalizante esta delación por falta de motivación, sobre la base que la recurrida señala en su página seis, lo siguiente:

 

“Visto el análisis probatorio y establecimiento de los puntos controvertidos, comparte este Tribunal tanto la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, como los cálculos efectuados, entendiéndose así que debe condenarse el pago de los montos establecidos en la recurrida, los cuales suman la cantidad de veintiocho millones trescientos noventa y cinco mil setecientos diecisiete bolívares con ochenta y dos céntimos (28.395.717,82), sin embargo se modifica la fecha a tomar para el cálculo de la indexación, es decir deberá realizarse experticia complementaria del fallo, desde el 21 de febrero de 2000, hasta que quede firme la decisión, prosperando así parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y así se decide”. 

 

      Asimismo, señala quien recurre que: 

 

“(…) puesto que la Juez de Segunda Instancia para fundamentar su decisión se limita a señalar que en virtud del “análisis probatorio y establecimiento de los puntos controvertidos” hecho por la Juez de Primera Instancia, ella comparte tanto la aplicación de la L.O.T. (en lo adelante L.O.T.) (sic) y los cálculos efectuados por ésta, para concluir que debe condenarse a la demandada al pago de la suma de Bs. 28.395.717,82. Conforme a lo expuesto, la Juez de la recurrida toma su decisión, teniendo como único motivo los criterios emitidos por la Juez de Primera Instancia, sobre la valoración de las pruebas y establecimiento de los hechos, así como los cálculos por ella efectuados y su apreciación sobre la aplicación de la L.O.T., sin que en modo alguno ella señale o indique una consideración suya, en base a la cual tomo (sic) su decisión…Pero esta falta de motivación se hace aún más evidente, cuando observamos que la Juez de la recurrida, condena a la demandada al pago de la suma de Bs. 28.395.717,82, en bloque, sin indicar los conceptos que conforman esta condena y los montos individuales de cada uno de ellos”.

                  La Sala para decidir observa:

 

      Si bien es cierto que la recurrida no hace la debida determinación de los montos y conceptos que conforman el monto total a cancelar (Bs. 28.395.717,82), de la detenida revisión de la sentencia del a quo y de la indicación hecha por el ad quem en el vuelto del folio 780 de la 2ª pieza del expediente, pueden claramente constatarse los componentes y cantidades conformantes de esta condena, razón por la cual esta Sala considera que dicha omisión en razón de los principios orientadores de la nueva jurisdicción laboral, no amerita una declaratoria de nulidad de la sentencia recurrida, pues lo contrario validaría la preeminencia de las formalidades sobre la justicia, razón por la cual se desecha la presente denuncia. Así se decide.

 

III

 

      Esgrime el formalizante, que la recurrida señala en su página cinco:

 

“Estableció claramente la recurrida, lo cual comparte esta alzada, (omissis) que por las funciones que ejercía y por la denominación del cargo se trata de un empleado de confianza que se desprende incluso de las declaraciones del libelo su conocimiento de secretos operacionales del patrono, así como la supervisión de otros trabajadores y que a tenor de lo previsto en la Cláusula 3 de la Convención Colectiva Petrolera, no le es aplicable al presente caso el pretendido régimen, sino por el contrario la Ley Orgánica del Trabajo”. (Resaltado añadido).

 

      Así alega el recurrente, que en la sentencia de alzada “no aparecen indicadas las razones de hecho y de derecho que le permiten concluir, que el demandante era un trabajador de confianza. En efecto, en la sentencia no se indica cuales (sic) eran las funciones que ejercía el demandante, que le permiten calificarlo como un trabajador de confianza, ¿como (sic) quedaron evidenciadas en el expediente esas funciones? y como (sic) se subsumen, dichas funciones, en los supuestos previstos en el artículo 45 de la L.O.T. que califican a un trabajador como de confianza”.

 

                  Al decidir se advierte:

 

      Valora la Sala del análisis de la decisión impugnada, que contrariamente a lo sostenido por el recurrente, el ad quem afirma que de las actas conformantes del expediente se evidencia la condición de trabajador de confianza del actor, fundado ello en las funciones ejercidas por el mismo, en la denominación de su cargo y en el reconocimiento que éste mismo hace en el escrito libelar de tal circunstancia, motivo por el cual debe ser declarada improcedente la presente denuncia, al estar indicadas suficientemente las razones que lo condujeron a esa conclusión.

 

II

RECURSO POR DEFECTO DE JUZGAMIENTO

 

I

 

      Bajo el amparo de lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la infracción en la recurrida, por falta de aplicación, de las disposiciones contenidas en los artículos 135 de la Ley Orgánica del Trabajo y 72 eiusdem.

 

      El recurrente luego de citar textualmente los dispositivos de las precitadas normas legales y hacer algunas consideraciones, delata:

 

“No obstante lo dispuesto en las disposiciones citadas, la forma en que dio contestación la demandada y que en el juicio resultó evidenciada la condición de trabajador del demandante, la Juez de la recurrida, en lugar de establecer que el demandante tenía derecho a que se le aplicaran las previsiones de la Convención Colectiva Petrolera, infringiendo lo previsto en los artículos denunciados, resolvió que al actor no le era aplicable esa Contratación (sic) por tratarse de un empleado de confianza y por eso solicitamos se declare con lugar la presente denuncia.

 

      Esta infracción fue decisiva en la sentencia, pues en virtud de ello no le acordaron a nuestro representado los conceptos demandados conforme a las previsiones de la Contratación Colectiva Petrolera sino de la L.O.T. La norma  o normas que el juez ha debido aplicar y no aplicó son los artículos 135 y 72 de la L.O.P.T., aquí denunciados, estableciendo que a nuestro representado le era aplicable la Convención Colectiva Petrolera, en virtud de los términos en que la demandada dio contestación a este punto de la demanda”.

 Para decidir la Sala observa:

 

      Tal como ha sido sostenido por este alto Tribunal, la falta de aplicación de una norma tiene lugar cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal que esté vigente, a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance. Al respecto, el Dr. Gabriel Sarmiento Núñez, en su obra Casación Civil, publicada por la Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios, Caracas 1993, al explicar los motivos de casación de fondo, expresó respecto a este vicio que: “(…) Se trata de una falta de aplicación de la norma legal, que configura un error sobre la existencia o validez en el tiempo y en el espacio, de una norma. Es la negación o el desconocimiento del precepto, o mejor, de la voluntad abstracta de la ley (...)”.

 

         En cuanto a la infracción alegada por el recurrente, esta Sala de Casación Social constata, que el formalizante no expresa el por qué la recurrida se negó aplicar dichas normas a la relación jurídica planteada, limitándose sólo a señalar que:

 

 “No obstante, lo dispuesto en las disposiciones citadas, la forma en que dio contestación la demandada y que en el juicio resultó evidenciada la condición de trabajador del demandante, la Juez de la recurrida, en lugar de establecer que el demandante tenía derecho a que se le aplicaran las previsiones de la Contratación Colectiva Petrolera, infringiendo lo previsto en los artículos denunciados, resolvió que al actor no le era aplicable esa Contratación (sic) por tratarse de un empleado de confianza y por eso solicitamos que se declare con lugar la presente  denuncia”.

 

Es oportuno puntualizar que la doctrina casacional ha señalado, que al denunciarse una norma como infringida por falta de aplicación debe indicarse, la parte relevante de la decisión, la mención de la norma que el juez no aplicó, la debida explicación de por qué es aplicable y cuál hubiese sido la decisión adoptada por el juez de haber aplicado el artículo en cuestión, además de las apreciaciones que se consideren necesarias realizar.

 

Pues bien, en el presente caso, aún y cuando se soporta la denuncia de conformidad con el artículo 2° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y el formalizante indica las normas que en su criterio no aplicó el ad quem, incumple con los demás requisitos exigidos para que esta Sala pueda analizar la presente delación.

 

En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se desecha la presente denuncia y así se decide.

 

II

 

      Bajo el amparo de lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la infracción del artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo, por falsa aplicación.

 

      En tal sentido, refiere el formalizante que el fallo recurrido estimó:

 

“Estableció claramente la recurrida, lo cual comparte esta alzada, (omissis) que por las funciones que ejercía y por la denominación del cargo se trata de un empleado de confianza que se desprende incluso de las declaraciones del libelo su conocimiento de secretos operacionales del patrono, así como la supervisión de otros trabajadores y que a tenor de lo previsto en la Cláusula 3 de la Convención Colectiva Petrolera, no le es aplicable al presente caso el pretendido régimen, sino por el contrario la Ley Orgánica del Trabajo”. (Resaltado añadido).

 

      Así las cosas aduce el recurrente que: “(…) la afirmación de que (…) era un empleado de confianza, que le sirve de motivo para excluirlo de la aplicación de la referida Convención (sic), es una motivación falsa, porque no tiene asidero con lo que aparece en el expediente, en las actas probatorias, ni tampoco con lo que se señala en el libelo de demanda, y (…) aunque el libelo no sea una pieza probatoria, por el hecho que la Juez hace referencia a unas supuestas menciones que allí aparecen, que también son falsas”.

 

Finalmente alega que “la infracción denunciada constituye una falsa aplicación del artículo 45 de la L.O.T., pues esta (sic) aplicando la consecuencia jurídica prevista en esa norma: calificación de trabajador como de confianza, sin que aparezca evidenciado en el expediente, el supuesto de hecho a que se refiere la norma, como es: el conocimiento personal por parte del actor de secretos industriales o comerciales del patrono, o su participación en la administración del negocio, o en la supervisión de otros trabajadores”, y prosigue afirmando que: “esta infracción fue decisiva en la sentencia, pues sobre la base de esa falsa aplicación, no se le acordó (…) el pago de los conceptos demandados conforme a las previsiones de la Contratación Colectiva Petrolera sino de la L.O.T. La norma o normas que el juez ha debido aplicar y no aplicó son los artículos 55, 54 y 509 de la L.O.T”.

 

      Para decidir se observa:

 

         A este respecto, la falsa aplicación se ha entendido como:

 

“(…) una violación que consiste en una incorrecta elección de la norma jurídica aplicable, lo cual se traduce normalmente en una preterición y omisión de la norma jurídica que debió ser aplicada.

 

Para Calamandrei, la falsa aplicación de la ley constituye un error sobre la relación que tiene lugar entre el caso particular concreto y la norma jurídica: se verifica en todos aquellos casos en que el juez yerra al establecer la relación de semejanza o de diferencia que existe entre el caso particular concreto jurídicamente cualificado y el hecho específico hipotetizado por la norma. Esta infracción se denomina también, con la terminología alemana, como “error de subsunción del caso particular bajo la norma”. (José Gabriel Sarmiento Nuñez. Casación Civil).

 

       Así, para que pueda establecerse una situación de falsa aplicación de la ley, debe necesariamente haberse aplicado una norma jurídica, sólo que la situación de hecho en concreto establecida, no se relaciona con el supuesto de hecho regulado por dicho precepto.

 

       Conteste con lo expuesto, se pondera que en el presente caso, la recurrida aplica el delatado artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo, por considerar que el actor fue un trabajador de confianza, y al respecto señala:

 

“Estableció claramente la recurrida, lo cual comparte esta alzada (…) que por las funciones que ejercía y por la denominación del cargo se trata de un empleado de confianza, que se desprende incluso de las declaraciones del libelo su conocimiento de secretos operacionales del patrono, así como la supervisión de otros trabajadores, y que a tenor de lo previsto en la Cláusula 3 de la Convención Colectiva Petrolera, no le es aplicable al presente caso el pretendido régimen, sino por el contrario la Ley Orgánica del Trabajo”.

 

       Como se puede constatar, ciertamente la alzada a los fines de declarar improcedente el alegato del recurrente, afirmó que de las actas que conformaban el expediente se evidenciaba que el actor era un trabajador de confianza (criterio este que se comparte dada las particularidades de las funciones que ejecutaba el actor), por lo que mal puede pretenderse la falsa aplicación del artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando la recurrida hizo una correcta elección de la norma jurídica in commento, ello, para concluir que el demandante ostentaba tal condición, por lo que, debe desecharse la presente delación, y así se decide.    

DECISIÓN

      Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia publicada por el Juzgado Primero Superior del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con sede en Maturín, en fecha 10 de mayo de 2005.

 

      De conformidad con las previsiones del artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se condena en costas del recurso a la parte actora.

 

            Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución que resulte competente. Particípese de la presente remisión al Tribunal Superior de origen, de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

            Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho de  la  Sala de  Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiuno (21) días del mes de febrero de dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                        Magistrado,

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                          ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrado y Ponente,                              Magistrada,

______________________________           ________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C. N° AA60-S-2005- 000989

Nota: Publicada en su fecha a

 

El Secretario,