SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas,   10  de marzo  de 2006. Años: 195º y 147º.-

 

              Mediante escrito consignado por ante la Secretaría de esta Sala de Casación Social en fecha 17 de febrero de 2005, los abogados Yajaira Yrureta Ortiz y Rafael Molina García, solicitaron la interpretación del artículo 521 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

         Recibida la solicitud, se dio cuenta en Sala en fecha 15 de marzo de 2005 y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

         Siendo la oportunidad legal para decidir el presente recurso de interpretación, pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse en los siguientes términos:

 

- I -

 

El recurso interpuesto es planteado en los siguientes términos:

 

“…El artículo 521 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece:

‘la convención colectiva será depositada en la inspectoría del Trabajo de la jurisdicción para tener plana validez. La convención colectiva celebrada por una federación o confederación será depositada en la Inspectoría Nacional del Trabajo. A partir de la fecha y hora de su depósito surtirá todos los efectos legales.’

 

Ciudadanos magistrados, la interpretación que solicitamos de la normaanteriormente transcrita, deriva de que algunas autoridades administrativas afirman que las convenciones colectivas carecen de validez mientras no hayan sido homologadas, esto es, que adquieren validez a partir de la oportunidad en que sea dictada su homologación.

 

(Omissis)

 

En este orden de ideas, esta Sala Social en sentencia 535 del 18 de septiembre de 2003, estableció que:

 

‘…si bien es cierto que la convención colectiva tiene su origen en un acuerdo de voluntades, también es cierto que una vez alcanzado el mismo debe necesariamente suscribirse y depositarse ante un órgano con competencia pública, concretamente ante el Inspector del Trabajo, quien no solo puede formular las observaciones y recomendaciones que considere menester, sino que debe suscribir y depositar la convención colectiva sin lo cual ésta no surte efecto legal alguno. Estos especiales requisitos en su formación, incluyendo la suscripción y el depósito, con la intervención de un funcionario público, le da a la convención colectiva de trabajo un carácter jurídico distinto al resto de los contratos y permite asimilarla a un acto normativo que -se insiste- debido a los requisitos que deben confluir para su formación y vigencia, debe considerarse derecho y no simples hechos…’.

 

Y, es que no podemos olvidar que la razón de ser de la homologación respecto a las convenciones colectivas, tiene su único antecedente en la necesidad de que la autoridad competente tuviese una participación activa y vigilante, en los casos de reformatio in peius. De manera que no debería dársele otra interpretación a la facultad de homologatoria en esta materia, y mucho menos para contradecir el espíritu y la letra contenida en el artículo 521 de la Ley Orgánica del Trabajo,…

 

De la interpretación que a nuestro juicio involucra la norma citada, que se encuentra con la que algunas de las inspectorías del trabajo han expresado respecto al inicio de la validez de las convenciones colectivas y de lo expresado por esta Sala en la sentencia citada, deriva la duda razonable respecto al momento en el cual surge la validez de las convenciones colectivas…

 

La divergencia de interpretación entre lo que a nuestro entender establece la ley, y ha sido reiterado por la jurisprudencia de esta Sala, frente al criterio del órgano Administrativo del Trabajo, debe ser objeto de unificación mediante fijación de un criterio interpretativo de esta Sala…”   

 

 

 

- II -

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse en relación a la competencia para conocer del presente asunto y, en este sentido se observa que el artículo 266 numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece como atribución del Tribunal Supremo de Justicia "Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la Ley".

 

En este sentido, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ampliando la norma Constitucional, en el numeral 52 del artículo 5 en concordancia con su primer aparte, establece que cada una de las Salas afín con la materia debatida será competente para "Conocer del recurso de interpretación y resolver las consultas que se le formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, en los casos previstos en la ley, siempre que dicho conocimiento no signifique una sustitución del mecanismo, medio o recurso previsto en la ley para dirimir la situación si la hubiere".

 

              Por lo tanto, tratándose la presente causa de un recurso de interpretación de un artículo de la Ley Orgánica del Trabajo, corresponde su conocimiento a esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, por ser una materia afín con las competencias que tiene atribuidas. Así se decide.

 

- III -

 

              Esta Sala en la sentencia Nº 257 del 16 de marzo de 2004, estableció con relación al recurso de interpretación, lo siguiente:

 

"...Reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Tribunal que la admisibilidad de este particular recurso está sujeto al cumplimiento de ciertas exigencias y, en tal sentido, se han establecido como requisitos concurrentes: i) que la norma cuya interpretación y análisis se solicite sea de rango legal; ii) que la propia Ley permita o establezca el ejercicio de tal recurso; y iii) que se verifique la conexidad entre el recurso intentado y un determinado caso concreto.

 

Así ha quedado sentado en diversas decisiones proferidas por la Sala, como la de fecha 31 de mayo de 2001, en la cual se señaló:

 

`(...) primero que se requiere que la norma cuya interpretación y análisis se solicita sea de rango legal, pues sólo procede este recurso para fijar el alcance e inteligencia de textos legales. En segundo lugar, es determinante que la propia Ley haya previsto de manera expresa el ejercicio de tal recurso respecto de las normas en ellas contenidas, sin que sea posible extenderlo a otras leyes, salvo que la propia ley que prevé su interpretación disponga de modo expreso su extensión a otros textos normativos. En tercer lugar, se debe verificar la conexidad entre el recurso intentado y un determinado caso concreto, lo cual posee un doble propósito: por un lado, verificar la legitimación del recurrente evitando el simple ejercicio académico de interpretación y por el otro permitir al intérprete apreciar objetivamente la existencia de la duda que se alegue como fundamento.´

 

Ahora bien, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 21 de noviembre de 2000 (exp. N° 00-1276), expresó con relación a los recursos de interpretación de normas legales, el criterio que de seguida se transcribe:

 

`El Artículo 266, Numeral 6 de la nueva Carta Magna, establece que es competencia del Tribunal Supremo de Justicia ‘conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la Ley’.

 

Este reconocimiento general a nivel constitucional del recurso de interpretación, no es sólo una repetición de la previsión contemplada en el artículo 42, ordinal 24 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Como observamos anteriormente, la posibilidad de conocer este recurso estaba asignada exclusivamente a la Sala Político-Administrativa y en los casos previstos en la ley. Ahora extiende su conocimiento a cualquiera de las Salas del Tribunal, ‘Conforme a lo previsto por esta Constitución y la Ley’ (Artículo 266, último aparte). Pero lo más importante, es que el recurso no se limita a los casos previstos en la Ley, sino que el mismo se conocerá, ‘en los términos contemplados en la ley’.

En opinión de la Sala, esta redacción implica la competencia en materia de interpretación de textos legales, con carácter general, sin restricción a los casos expresamente autorizados por el Legislador, sino en las condiciones, circunstancias y requisitos formales y de fondo que determine la ley que regulará la actividad del Máximo Tribunal de Justicia.

 

En ausencia de dicha ley, el Tribunal Supremo de Justicia podrá establecer requisitos y/o restricciones para el ejercicio del mismo, mientras la Asamblea Nacional dicte la Ley Orgánica que regula esta atribución, y así se declara.´

 

Por su parte, esta Sala de Casación Social, mediante decisión de fecha 26 de julio de 2001, comentando el alcance de la citada doctrina, expresó que `los términos contemplados en la ley no son otros que los establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, todavía vigente en todo cuanto no colida con el texto constitucional.

 

Así las cosas, el criterio sentado por esta Sala ha sido que hasta tanto no se dicten mediante la Ley Orgánica que ha de regir el funcionamiento de este Tribunal Supremo de Justicia, las condiciones, circunstancias y requisitos de forma y de fondo del recurso de interpretación, las exigencias para la admisibilidad del mismo continúan circunscritas a las señaladas en la jurisprudencia supra transcrita...".

 

         En este sentido, advierte la Sala que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se hace necesario revisar el criterio sostenido en la sentencia parcialmente transcrita. Así tenemos, que el artículo 5, numeral 52 eiusdem, prevé:

 

“Artículo 5:

Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: (...omissis...)

 

52. Conocer del recurso de interpretación y resolver las consultas que se le formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, en los casos previstos en la ley, siempre que dicho conocimiento no signifique una sustitución del mecanismo, medio o recurso previsto en la ley para dirimir la situación si la hubiere".

 

              En aplicación de esta norma, las distintas Salas de este Alto Tribunal, han establecido con relación a los requisitos de admisibilidad del recurso de interpretación, lo siguiente:

 

              Sala Constitucional, entre otras, la más reciente, sentencia Nº 41 de fecha 22 de febrero de 2005, criterio acogido por la Sala de Casación Civil:

 

“...1. Legitimación para recurrir. Debe subyacer tras la consulta una duda que afecte de forma actual o futura al accionante.

2. Novedad del objeto de la acción. Este motivo de inadmisión no opera en razón de la precedencia de una decisión respecto al mismo asunto planteado, sino a la persistencia en el ánimo de la Sala del criterio a que estuvo sujeta la decisión previa.

3. Inexistencia de otros medios judiciales o impugnatorios a través de los cuales deba ventilarse la controversia, no que los procedimientos a que ellos den lugar estén en trámite (Sentencia del 30-11-01, caso: Ginebra Martínez de Falchi).

4. Que no sean acumuladas acciones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles (tal circunstancia fue sancionada en la sentencia N° 2627/2001, caso: Morela Hernández);

5. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción es admisible;

6. Ausencia de conceptos ofensivos o irrespetuosos;

7. Inteligibilidad del escrito;

8. Representación del actor...”.

 

 

 

              Sala Político Administrativa, sentencia N° 708 de fecha 22 de mayo de 2002:

 

"...1.- Legitimación para recurrir.

2.- Que la interpretación solicitada verse sobre un texto legal, aun cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de interpretarse.

3.- Que se precise en qué consiste el motivo de la interpretación.

4.- Que la Sala no se haya pronunciado con anterioridad sobre el punto requerido y en tal caso, que no sea necesario modificar el criterio sostenido.

5.- Que el recurso de interpretación no persiga sustituir los recursos procesales existentes, u obtener una declaratoria con carácter de condena o constitutiva.

6.- Que no se acumule a la pretensión otro recurso o acción de naturaleza diferente, o acciones incompatibles, excluyentes o contradictorias.

7.- Que el objeto de la interpretación no sea obtener una opinión previa del órgano jurisdiccional para la solución de un caso concreto que esté siendo conocido por otro órgano jurisdiccional, bien sea entre particulares o entre estos y los órganos públicos...".

 

 

 

              Sala Penal, sentencia Nº 271, de fecha 10 de agosto de 2004:

 

"...1. El ejercicio del recurso de interpretación requiere la conexidad con un caso concreto, para determinar la legitimidad del recurrente y la existencia de una duda razonable sobre la inteligencia de la disposición legal que justifique el movimiento del aparato jurisdiccional en la aclaratoria de ésta. Quien introduce un recurso de interpretación debe invocar un interés jurídico, actual, legítimo y fundado en una situación jurídica concreta y que requiera, necesariamente, la interpretación de las disposiciones legales aplicables al caso concreto para que cese la incertidumbre que motivó su solicitud.

2. La solicitud de interpretación debe expresar con toda precisión en qué consiste la oscuridad o ambigüedad o la contradicción de las disposiciones cuya interpretación se solicita.

3. Será inadmisible el recurso de interpretación cuando la Sala haya resuelto el punto y no sea necesario modificarlo.

4. El recurso de interpretación no substituirá los recursos procesales existentes pues si existieren medios para impugnar la interpretación solicitada deberá declararse inadmisible.

5. La disposición cuyo análisis interpretativo se solicita debe ser de rango legal y sólo procede este recurso para fijar el alcance e inteligencia de los textos legales. (Ponencia del Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, sentencia  N° 295, del 31 de julio de 2003).

 

Estas exigencias deben ser cumplidas concurrentemente tal y como se ha expresado en sentencias dictadas por las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia y de la extinta Corte Suprema de Justicia...".

 

 

 

              Sala Electoral, sentencia Nº 159 de fecha 7 de diciembre de 2004:

 

"...En ese orden de ideas, esta Sala ha sostenido que se requiere que la norma cuya interpretación y análisis se solicita sea de rango legal, pues sólo procede este recurso para fijar el alcance e inteligencia de textos legales. En segundo lugar, es determinante que la propia ley haya previsto de manera expresa el ejercicio de tal recurso respecto de las normas en ellas contenidas, sin que sea posible extenderlo a otras leyes, salvo que la propia ley que prevé su interpretación disponga de modo expreso su extensión a otros textos normativos. En tercer lugar, se debe verificar la conexidad entre el recurso intentado y un determinado caso concreto, lo cual posee un doble propósito: por un lado, verificar la legitimación del recurrente evitando el simple ejercicio académico de interpretación y por el otro, permitir al intérprete apreciar objetivamente la existencia de la duda que se alegue como fundamento...".

 

 

 

              Lo anterior, pone de relieve que las Salas que integran este Tribunal Supremo, con excepción de la Sala Electoral, en líneas generales, exigen los mismos requisitos de admisibilidad del recurso de interpretación, abandonando el anterior criterio de la Sala Político Administrativa referido a la obligación de estar prevista en el texto legal la autorización para su ejercicio. Siendo así, y con el fin de preservar la uniformidad de la interpretación de las leyes y la jurisprudencia, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ratifica el criterio sentado en la decisión N° 498 de fecha 10/05/05 que establece las condiciones de admisión del recurso in commento, las cuales serán:

 

1.- Establecer la conexidad con un caso concreto, para determinar la legitimidad del recurrente y la existencia de una duda razonable sobre la inteligencia de la disposición legal.

2.- Que la interpretación solicitada verse sobre un texto legal, aun cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de interpretarse.

              3.- Que se precise en qué consiste el motivo de la interpretación.

4.- Que la Sala no se haya pronunciado con anterioridad sobre el punto requerido y, en tal caso, que no sea necesario modificar el criterio sostenido.

5.- Que el recurso de interpretación no persiga sustituir los recursos procesales existentes, u obtener una declaratoria con carácter de condena o constitutiva.

6.- Que no se acumule a la pretensión otro recurso o acción de naturaleza diferente, o acciones incompatibles, excluyentes o contradictorias.

7.- Que el objeto de la interpretación no sea obtener una opinión previa del órgano jurisdiccional para la solución de un caso concreto que esté siendo conocido por otro órgano jurisdiccional, bien sea entre particulares o entre estos y los órganos públicos.

 

 

              En este orden de ideas, de conformidad con todo lo hasta aquí expuesto, y analizados los requisitos de admisibilidad del recurso de interpretación objeto de estudio, se constata que la interpretación del artículo 521 de la Ley Orgánica del Trabajo solicitada, no guarda conexidad con algún caso en concreto, que demuestre a la Sala la existencia de una incertidumbre devenida de una situación jurídica específica que requiera de la interpretación de normas jurídicas aplicables al caso en concreto, por lo que en consecuencia, resulta a todas luces inadmisible el presente recurso. Así se decide.

D E C I S I Ó N

 

               En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de interpretación interpuesto por los abogados Yajaira Yrureta Ortiz y Rafael Molina García.

 

               Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                                                                   Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                           ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrado,                                                             Magistrada,

 

 

_______________________________       __________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ      CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.I. N° AA60-S-2005-000261

 

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

 

 

                                                                           El Secretario,