SALA DE CASACIÓN SOCIAL

05-1341

 
Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

En el proceso de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, instaurado por los ciudadanos WILLIAN JOSÉ SUÁREZ MÁRQUEZ y LUIS ALBERTO CHIRINOS CADENAS, representados judicialmente por los abogados Winston César Rojas Castro, Wladimir Ortega Galárraga, Winston Manuel Rojas Castillo y Franco Alberto Napolitano Esteves, contra la sociedad mercantil PREMEZCLADOS RAPID CONCRETO P.R.C., C.A., representada judicialmente por los abogados Carlos De Luca García, Antonio Ramos Gaspar y Andrés Grillo Gómez; el Tribunal Superior Primero del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, publicó sentencia en fecha 15 de julio de 2005, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandante, revocó la decisión dictada el día 1° de marzo de ese mismo año, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda, declarando con lugar la misma.

 

Contra la decisión de alzada, la representación judicial de la parte demandada interpuso recurso de control de la legalidad.

 

Recibido el expediente, en fecha 09 de agosto de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

En fecha 02 de diciembre de 2005, esta Sala de Casación Social admitió el recurso interpuesto. De conformidad con el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se fijó la realización de la audiencia oral, pública y contradictoria para el día 15 de marzo de 2006, a las doce y treinta del mediodía (12:30 m.).

 

En fecha 13 de marzo de 2006, el Presidente de la Sala reasignó la ponencia al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Celebrada la audiencia oral y emitida la decisión de manera inmediata conforme a lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa en esta oportunidad la Sala a reproducir la misma en los siguientes términos:

 

DEL CONTROL DE LA LEGALIDAD

 

               En el caso bajo examen, la parte demandada recurrente fundamenta el recurso de control de la legalidad ejercido en la violación de normas de orden público y de la reiterada jurisprudencia de esta Sala, con menoscabo de sus derechos al debido proceso y a la defensa, ello, por parte del juzgador ad quem, quien condenó a la accionada con base en la “Impugnación Simple” que formuló la parte actora respecto del poder que acreditaba las facultades de representación de los apoderados judiciales de la empresa.

 

               Según afirma, el Presidente de la sociedad mercantil demandada, otorgó un poder apud acta y presentó los Estatutos Sociales que acreditaban su facultad; no obstante, el juez superior observó que la Secretaria del Tribunal de la causa se limitó a hacer constar que el poder fue otorgado en su presencia por el ciudadano Bruno Di Rocco Di Basilio, quien se identificó con su cédula de identidad “sin certificar el carácter con que actuaba”; por lo tanto, el sentenciador consideró, que ante la impugnación del poder, además de demostrarse que el poderdante era representante legal de la empresa, debió ratificarse el mismo (el poder) y las actuaciones subsiguientes. Como consecuencia de lo anterior, entendió que “la representación es nula y por consiguiente, (…) la empresa no compareció al proceso y está totalmente confesa, hay admisión de los hechos (sic)”.

 

               Por último sostiene la recurrente, que las impugnaciones de los mandatos judiciales deben estar orientadas a resaltar carencias o deficiencias de fondo que impidan su eficacia, y no simples violaciones de forma, como ocurrió en el presente caso; en este sentido, aduce que si bien la Secretaria del Tribunal no certificó el carácter con que actuó el poderdante, al conferirse el cuestionado poder “se identifica a la parte otorgante y se consignan los documentos que acreditan su facultad”.

 

               Vistos los términos en que quedó planteado el control de la legalidad bajo examen, esta Sala observa que en fecha 12 de marzo de 2003, cuando el ciudadano Bruno Di Rocco Di Basilio, absolvió las posiciones juradas promovidas por la parte actora, consignó copias simples de la inscripción de la empresa demandada en el Registro Mercantil y del acta de la asamblea general de accionistas en que fue designado como Presidente de la misma, debidamente protocolizada. Asimismo, el prenombrado ciudadano otorgó un poder apud acta a los abogados Carlos De Luca García, Antonio Ramos Gaspar y Andrés Grillo Gómez, el cual fue impugnado por la representación judicial de los demandantes, los días 13 y 17 de marzo de 2003.

 

               Al sentenciar la causa, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, declaró la improcedencia de dicha impugnación y resolvió el mérito de la controversia, declarando sin lugar la demanda.

 

               Por su parte, el Juez de Alzada evidenció que la Secretaria de dicho Tribunal, dejó constancia que el poder fue conferido en su presencia, por el ciudadano Bruno Di Rocco Di Basilio, quien se identificó con su número de cédula de identidad, pero omitió certificar el carácter con el cual actuaba y acreditar los documentos de los cuales tal circunstancia se desprendía; adicionalmente, consideró el ad quem, que además de demostrar que el poderdante era su representante legal, la demandada debió ratificar el referido poder y las subsiguientes actuaciones practicadas; ahora, después de evidenciar que ello no fue realizado, concluyó la alzada que: “no existe la representación que se atribuye a los profesionales del derecho mencionados, lo cual trae la consecuente nulidad de sus actuaciones y a tal efecto, resulta inoficioso analizar las demás actuaciones que conforman el proceso”. En consecuencia, se pronunció “con base en la admisión de los hechos, operada por la incomparecencia de la parte demandada”, y declaró con lugar la demanda.

 

               Determinado lo anterior, esta Sala considera menester señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, regla aplicable para el momento en que se confirió el poder apud acta, el poderdante debe enunciar en el poder los documentos que acrediten la representación que ejerce, y exhibirlos al funcionario que autoriza el acto, quien hará constar en la nota respectiva, la exhibición ad effectum videndi de tales instrumentos. La relevancia de tal formalidad radica en la necesidad de demostrar que se detenta la representación aducida, de modo que el mandatario ostente la facultad de representar a aquél en cuyo nombre se confirió el poder en cuestión.

 

               En el presente caso, el ciudadano Bruno Di Rocco Di Basilio, quien dijo actuar en su condición de Presidente de la empresa demandada, otorgó un poder apud acta de acuerdo con el artículo 152 de la ley procesal civil, según el cual el poder puede conferirse en las actas del expediente, para el juicio contenido en el mismo, ante el Secretario del tribunal, quien firmará el acta junto con el otorgante y certificará su identidad. En este orden de ideas, la Secretaria del Tribunal de la causa certificó “que el presente PODER APUD-ACTA fue otorgado en su presencia por la (el) poderdante Ciudadano (a) Bruno Di Rocco Di Basilio, quien se identificó con la Cédula de Identidad 6.465.422 (sic)”.

              

               Ahora bien, la impugnación del mencionado poder por parte de los actores se fundamentó en el incumplimiento de lo establecido en el citado artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual esta Sala debe reiterar el criterio sostenido en la sentencia 91 del 10 de febrero de 2004 (caso: Miguel Ángel Rondón contra D.S.D. Compañía General de Industrias, C.A.), en la cual se afirmó:

 

(…) la enunciación que hace el poderdante en el texto del poder es suficiente conforme lo exige el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, no obstante la insuficiencia de la declaración del Notario al no señalar, como ha tenido que hacerlo, el haber tenido o no a la vista el documento que autorizaba al poderdante para el acto del otorgamiento del poder a los abogados correspondientes. No basta pues esta omisión para considerar nulo el poder, puesto que de acuerdo con el artículo 206 eiusdem en su único aparte, en ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado, principio éste de rango constitucional recogido en los artículos 26 y 257 de nuestra Carta Magna.

 

La finalidad de lo antes expresado, es permitir a la contraparte el control de la representación que se alega, mediante la solicitud de exhibición de los documentos que acreditan la representación y facultades, que es a fin de cuentas el medio que debió emplear la parte actora al momento de la impugnación y no lo hizo. (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 10 de febrero de 2004).

 

              En este sentido, cabe destacar que en el texto del impugnado poder apud acta se enunció que su otorgante actuaba con el carácter de Presidente de la empresa accionada, representación que se evidenciaba “en los artículos 9° y 14° de los estatutos sociales y debidamente ratificada mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas debidamente registrada ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas en fecha 27 de noviembre de 2000, anotado bajo el Nro. 20, tomo 18-A”. Asimismo, fueron consignadas copias simples de los asientos de la empresa en el Registro Mercantil, entre los cuales se encuentra incluida el acta de la asamblea de accionistas donde fue designado el ciudadano Bruno Di Rocco Di Basilio como Presidente de la misma; al respecto, se observa que si bien se trata de copias fotostáticas, las mismas deben tenerse como fidedignas conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, regla de valoración aplicable para el momento de su consignación, por cuanto no fueron objeto de impugnación por la parte contraria.

 

              Adicionalmente, conteste con la jurisprudencia emanada de este alto Tribunal con respecto a la impugnación del poder “no puede el litigante limitarse a impugnar sino que debe desplegar una efectiva actividad probatoria: o pide la exhibición de los documentos, libros, registro o gacetas o prueba que el otorgante carecía de facultad para otorgar el poder” (Sentencia 310 dictada por la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia, el 8 de abril de 1999, caso: Fogade e Inmobiliaria Cadima), lo que no fue efectuado por los apoderados judiciales de la parte actora, quienes sólo afirmaron el supuesto incumplimiento del citado artículo 155 de la ley procesal civil, a pesar que en el libelo de demanda se solicitó que la citación de la sociedad mercantil Premezclados Rapid Concreto P.R.C., C.A. se practicara “en la persona de BRUNO DI ROCCO DI BASILIO en carácter de Presidente de la empresa”, y que el mismo acudiera a fin de absolver posiciones juradas –tal como se hizo, en fecha 12 de marzo de 2003–conforme al artículo 404 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que en principio será el representante de la persona jurídica, según la ley o sus Estatutos Sociales, quien absolverá las mismas en nombre de ésta.

 

               Conteste con los argumentos precedentes, esta Sala de Casación Social considera que constituye un rigorismo excesivo, ante la falta de acreditación por la Secretaría del Tribunal de primera instancia del carácter con que actuaba el poderdante, negar que los abogados Carlos De Luca García, Antonio Ramos Gaspar y Andrés Grillo Gómez, ostentaran el poder de representar a la accionada, con la consecuente nulidad de las actuaciones por ellos realizadas. Por lo tanto, resulta forzoso concluir que el sentenciador de la recurrida vulneró el orden público laboral, al declarar con lugar la demanda “con base en la admisión de los hechos, operada por la incomparecencia de la parte demandada”, no obstante, la consignación por parte de la empresa, de los escritos de contestación de la demanda y de promoción de pruebas.

 

               Por las razones anteriores, se declara con lugar el recurso de control de la legalidad ejercido por la empresa accionada, y en consecuencia, se anula el fallo recurrido. Visto que la decisión del juzgador ad quem se fundamentó en la admisión de los hechos, esta Sala estima adecuado, a fin de respetar el principio de la doble instancia, reponer la causa al estado en que el Juzgado Superior que resulte competente se pronuncie sobre el mérito del asunto. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de control de la legalidad interpuesto por la sociedad mercantil demandada, contra la sentencia de fecha 15 de julio de 2005, emanada del Tribunal Superior Primero del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas; en consecuencia, anula el fallo recurrido y repone la causa al estado en que el Juzgado Superior que resulte competente decida nuevamente el recurso de apelación, pronunciándose al fondo de la causa.

 

               No firma este fallo la Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, por cuanto no estuvo presente en la audiencia oral, debido a motivos justificados.

 

               Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, a los fines legales subsiguientes. Particípese de la presente remisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

              

               Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de marzo de dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y

 

147º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

       

 

El Vicepresidente,                                                        Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                      ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

Magistrado y Ponente,                                                   Magistrada,

 

 

_______________________________       _________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

C.L. AA60-S-2005-001341

Nota: Publicada en su fecha a

                                                       

El Secretario,