SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

                  En el procedimiento de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, instaurado por los ciudadanos FERNANDO LEAL, GODOFREDO TORRES, HUMBERTO QUINTERO, PEDRO QUINTERO, MARCOS QUINTERO, ARNOLDO LUCENA, NUMAN TORRES, IGNACIO FERNÁNDEZ, PEDRO CHIRINOS, GONZALO CHIRINOS, FRANKLIN GONZÁLEZ, ELBIN CABRERA, OVER CHIRINOS, JOSÉ DELGADO, GIOVANNY GONZÁLEZ, NEIXO DELGADO y OSWALDO BOSCÁN, representados judicialmente por la abogada Gloria Hernández Sánchez, contra la sociedad mercantil SERVICIOS TÉCNICOS MECÁNICOS, C.A. (S.T.M., C.A.), representada judicialmente por los abogados Alberto Nava Bravo y José Ramón Peralta; el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante sentencia publicada el 15 de abril de 2005, declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada, contra la decisión dictada el 19 de octubre de 2004, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial; sin lugar la demanda intentada por los ciudadanos Gonzalo Chirinos, José Delgado y Neixo Delgado, y parcialmente con lugar la demanda interpuesta por los restantes actores, con lo cual confirmó el fallo apelado.

 

Contra la decisión de alzada, la representación judicial de la sociedad mercantil accionada anunció recurso de casación, en fecha 22 de abril de 2005, el cual fue admitido.

 

En fecha 16 de mayo de 2005, la parte recurrente presentó escrito de formalización. No hubo impugnación.

 

Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, el 21 de junio de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Concluida la sustanciación del presente asunto, pasa esta Sala a dictar sentencia, en los siguientes términos:

 

ÚNICO

 

En primer lugar, es necesario reiterar que de acuerdo con el artículo 169 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta Sala tiene la facultad de resolver en definitiva sobre la admisibilidad del recurso de casación, independientemente de lo decidido por el juez ad quem, y en tal virtud observa:

 

Conteste con lo establecido por esta Sala de Casación Social, en el fallo Nº 763 del 1º de diciembre de 2003 (caso: Yolanda Otero contra Arena de Francia C.A.), aquellos juicios en los cuales se hubiere proferido sentencia de segunda instancia con posterioridad a la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se regirán por las disposiciones contenidas en dicha Ley; por lo tanto, la cuantía para la admisibilidad del recurso de casación será la establecida en el artículo 167 eiusdem, a saber, tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). Asimismo, en decisión N° 443 del 18 de mayo de 2004 (caso: Juan de Mata Ramírez Ramírez contra Cauchos y Frenos Capricornio, C.A.), se afirmó que para la estimación de la cuantía se debe atender al valor que tenía la unidad tributaria para la fecha en que fue dictada la decisión.

 

No obstante, en decisión N° 1573 del 12 de julio de 2005 (caso: Carbonell Thielsen, C.A.), la Sala Constitucional de este máximo Tribunal de la República, estableció que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, señalando:

 

(…) aún cuando las leyes procesales son de aplicación inmediata, las mismas no pueden tener efecto retroactivo respecto a los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía; es decir, la ley no debe establecer correcciones en el iter procedimental salvo que sólo sean aplicables a futuro, pues de aceptarse así las partes estarían expuestas a sufrir las consecuencias de los cambios sobrevenidos durante el desarrollo del mismo, más aún cuando el artículo 24 de la Carta Magna prevé que las leyes de procedimiento son de aplicación inmediata a los procesos en curso, no así deben ceder en su aplicación ante el supremo derecho a la justicia y de la tutela judicial efectiva, cuando la cuantía fue estimada bajo la vigencia de una ley anterior.

 

Al respecto, siendo uno de los pilares fundamentales de la justicia la confianza que tienen los particulares que un órgano del Poder Público, actúe de manera semejante a la que ha venido actuando, frente a circunstancias similares o parecidas, considera la Sala que las modificaciones posteriores que determinen el quantum necesario para acceder a la sede casacional, pueden afectar eventualmente a las partes, pues no están en capacidad de prever, las alteraciones que en el futuro puedan ocurrir en relación con esa situación y en caso de ser previsible, no tienen la seguridad que sucedan.

 

En tal sentido, esta Sala en aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía y por ello considera cumplido el quantum requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación. Así se decide.

 

(Omissis)

 

De lo anterior se colige, que para acceder a la sede casacional de acuerdo con la referida ley [Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia] la cuantía del juicio deberá exceder a las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). Sin embargo, ante los incrementos anuales que sufre la unidad tributaria pudiera estar afectándose o limitándose la posibilidad de los administrados de acceder en casación ante las respectivas Salas del Tribunal Supremo de Justicia; en tal sentido, el Juzgador correspondiente deberá determinar -con base a los parámetros anteriormente expuestos- la cuantía exigida para el momento en que fue presentada la demanda, y en caso que la cuantía exigida sea la establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá calcularse la unidad tributaria vigente para el momento en el cual fue interpuesta la referida demanda.

 

El criterio transcrito fue establecido con carácter vinculante, desde la publicación del fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la cual se realizó el 12 de agosto de 2005 (G.O. N° 38.249), para las demandas que se interpongan con posterioridad a dicha publicación y para las causas que se encuentren en trámite, siempre que el tribunal correspondiente aún no hubiere emitido pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de casación.

 

De acuerdo con lo determinado en el fallo in commento, todos los tribunales de la República, deben aplicar tal criterio, y ello necesariamente comprende a los órganos jurisdiccionales con competencia en materia laboral, pese a que pudiera afirmarse la existencia de una duda razonable al respecto, no sólo porque la Sala Constitucional, únicamente se refirió a la cuantía establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia –sin hacer alusión a la prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo– sino además, porque la ley adjetiva laboral contempla un medio de impugnación novedoso en el ordenamiento jurídico venezolano, cual es el recurso de control de la legalidad, admisible exclusivamente en aquellos supuestos en que no es susceptible el ejercicio del recurso de casación.

 

Así las cosas, conforme con lo sostenido por la Sala Constitucional, la admisión del recurso de casación se examinará con base en la cuantía plasmada para la fecha de interposición de la demanda, lo que implica modificar el criterio fijado por esta Sala, según el cual lo determinante para aplicar la cuantía prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es la fecha en que se profirió el fallo de segunda instancia.

 

Por otra parte, continuando con el análisis de la aplicación del criterio sentado por la Sala Constitucional en la sentencia in commento, se reitera que ésta especificó, que el mismo sería vinculante para las demandas interpuestas con posterioridad a la publicación del fallo en Gaceta Oficial –12 de agosto de 2005– y para las causas que se encuentren en trámite, siempre que el tribunal correspondiente aún no hubiere emitido pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de casación.

 

Ahora, si bien el primero de dichos supuestos no presenta duda alguna, el segundo requiere algunas precisiones a fin de evitar incertidumbre jurídica, pues debe recordar esta Sala que entre los avances de la legislación procesal laboral, destaca la incorporación del recurso de control de la legalidad, anteriormente mencionado, a través del cual se asegura que cualquier decisión –siempre y cuando no tenga acceso a casación– pueda ser controlada por parte de la Sala de Casación Social, lo que garantiza el derecho a los recursos, que forma parte del más amplio derecho a la tutela judicial efectiva, de acuerdo con lo afirmado por la referida Sala Constitucional, en la sentencia N° 607 del 21 de abril de 2004 (caso: Juan Martínez y otro).

 

En este orden de ideas, estima esta Sala que la aplicación del criterio establecido por la Sala Constitucional, en “las causas que se encuentren en trámite siempre que el tribunal correspondiente aún no hubiere emitido pronunciamiento sobre  la admisibilidad del recurso de casación”, requiere un análisis acorde con la legislación propia de la materia procesal laboral, que no fue examinada por la prenombrada Sala debido a que el asunto sometido a su consideración versaba sobre un asunto de naturaleza civil.

 

Así, se reitera que una de las particularidades de los actuales juicios del trabajo, consiste en la existencia de dos medios de impugnación contra la decisión de segunda instancia, a saber, los recursos de casación y de control de la legalidad. Por lo tanto, las partes pueden impugnar el fallo que les resulte desfavorable a través de uno de los dos recursos mencionados, siendo admisible sólo uno de ellos, toda vez que el control de la legalidad está concebido como una vía recursiva para impugnar aquellas decisiones que no sean recurribles en casación.

 

En consecuencia, asumir una postura exegética de lo afirmado por la Sala Constitucional, cuando precisa que el criterio por ella establecido es vinculante a partir de la publicación de su sentencia en Gaceta Oficial, aplicándose a las causas en curso “siempre que el tribunal correspondiente aún no hubiere emitido pronunciamiento sobre  la admisibilidad del recurso de casación”, devendría –en los juicios laborales– en inseguridad jurídica.

 

Es de imaginar aquella situación en que cada parte procesal intente uno de los recursos; en ese caso, corresponde al juez superior emitir el pronunciamiento sobre la admisibilidad de la casación, y a esta Sala, el relativo a la admisibilidad del control de la legalidad; pero independientemente de ello, sólo podrá admitirse uno de los medios de impugnación interpuestos, por cuanto los mismos son excluyentes.

 

Para hacer aún más ilustrativo el ejemplo anterior, supongamos que el ejercicio de los recursos se realizó antes del 12 de agosto de 2005 –fecha de publicación en Gaceta Oficial de la sentencia N° 1573/2005 de la Sala Constitucional–, y con posterioridad a esa fecha corresponde hacer los pronunciamientos atinentes a su admisión. ¿Podría entonces admitirse la casación con fundamento en el criterio recientemente establecido, y el control de la legalidad con base en el criterio anteriormente imperante? Obviamente no, dado que las dos vías recursivas no son susceptibles de acumulación. Entonces, ¿cuál de ellos debe admitirse?.

 

Tales interrogantes llevan a concluir a esta Sala, que la admisibilidad de los recursos intentados en un caso concreto debe ser examinada conforme al criterio imperante para el momento de su ejercicio, pues solamente así puede darse una respuesta ajustada a las expectativas que las partes han podido tener, de acuerdo con ese criterio. En este sentido, mal podría perjudicarse al justiciable que intentó el recurso adecuado, con fundamento en un criterio jurisprudencial posterior; tal situación configuraría un supuesto de aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial, lo que no es acorde con un Estado de Derecho, según lo aseverado por la Sala Constitucional, que en la sentencia N° 401 del 19 de marzo de 2004 (caso: Servicios La Puerta, S.A.), sostuvo:

 

(…) en la actividad jurisdiccional el principio de expectativa plausible, en cuanto a la aplicación de los precedentes en la conformación de reglas del proceso, obliga a la interdicción de la aplicación retroactiva de los virajes de la jurisprudencia. En tal sentido, el nuevo criterio no debe ser aplicado a situaciones que se originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones que se originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos.

 

(Omissis)

 

Conforme a lo expuesto, esta Sala ha reiterado en múltiples fallos (Vid. sentencia nº 3702/2003 del 19 de diciembre, caso: Salvador de Jesús González Hernández, entre otras), que la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial, iría en contra de la seguridad jurídica que debe procurarse en todo Estado de Derecho. Por tal razón, en los casos en que esta Sala ha modificado un criterio jurisprudencial, que entiende ha permanecido en el tiempo, expresamente señala que dicho cambio surtirá efectos a partir de la publicación del fallo que lo contiene (Vid. sentencia nº 438/2001 del 4 de abril, caso: C.V.G. Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) C.A.).

 

Conteste con los argumentos precedentes, y con la finalidad de adaptar  los parámetros establecidos por la Sala Constitucional, a las vías recursivas previstas en el proceso laboral, esta Sala de Casación Social considera que el nuevo criterio sobre la cuantía que ha de examinarse para admitir o no el recurso de casación, debe aplicarse de acuerdo con la fecha en que se ejerza el medio recursivo correspondiente, de tal manera, que los recursos que hayan sido interpuestos antes del 12 de agosto de 2005 –fecha de publicación en Gaceta Oficial de la citada sentencia de la Sala Constitucional–, deberán decidirse conforme con el criterio entonces imperante; por el contrario, el nuevo criterio será aplicable para aquellos interpuestos con posterioridad a la fecha supra indicada (12 de agosto de 2005). Así se establece.

De esta forma, se evita la aplicación retroactiva de dicho criterio jurisprudencial, en pro de la igualdad de las partes y de la certeza jurídica que debe caracterizar el proceso, por cuanto el órgano jurisdiccional actuará en consonancia con las expectativas que surgieron bajo el criterio vigente al momento de ser interpuestos los recursos correspondientes. Igualmente, se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, así como el debido proceso, que implica “garantizar a los ciudadanos la oportunidad de insertarse en relaciones procesales previamente ordenadas y reguladas en el espacio y en el tiempo” (sentencia N° 683 dictada por la Sala Constitucional el 11 de julio de 2000, caso: Nec de Venezuela, C.A.).

 

Determinado lo anterior, y visto que en el caso sub iudice la parte demandada anunció el recurso de casación en fecha  22 de abril de 2005, denota la Sala que no resulta aplicable el criterio recientemente establecido por la Sala Constitucional, por lo cual la cuantía para la admisibilidad del recurso de casación es de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167, numeral 1 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y cónsono con lo sostenido en los fallos Nos 763/2003 y 443/2004, antes mencionados.

 

Adicionalmente, evidencia esta Sala que la recurrida es una decisión definitiva dictada en un juicio por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, iniciado por diecisiete (17) litisconsortes, de cuyo escrito libelar se constata que la cuantía fue estimada en trescientos setenta y nueve millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta y un bolívares con treinta y ocho céntimos (Bs. 379.285.361,38).

 

No obstante, de acuerdo con la jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala, cuando existe acumulación de pretensiones debe examinarse individualmente cada una de ellas, a fin de determinar si por lo menos una de éstas cumple con la cuantía requerida, a los efectos de la admisibilidad del recurso extraordinario de casación.

 

Así pues, se constata que la cuantía indicada precedentemente, resulta de la sumatoria de cada una de las pretensiones y no de los montos individualmente considerados; en este sentido, ninguna de las cantidades reclamadas por los demandantes supera la cuantía de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), que para la fecha de la sentencia de segunda instancia –15 de abril de 2005– era equivalente a ochenta y ocho millones doscientos mil bolívares (Bs. 88.200.000,00), toda vez que la mayor de las pretensiones alcanza la cantidad de treinta y tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil cincuenta y cinco bolívares con setenta y seis céntimos (Bs. 33.486.055,76); por lo tanto, resulta forzoso para esta Sala declarar la inadmisibilidad del recurso de casación ejercido. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

                   En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia publicada el 15 de abril de 2005, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En consecuencia, se REVOCA el auto emitido el 27 de abril de 2005, por ese mismo Tribunal, mediante el cual admitió el referido recurso.

 

                   No hay condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza del presente fallo.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (04) días del mes de abril de dos mil seis. Años: 195° de la Independencia y 147° de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

       

     El Vicepresidente,                                                          Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                 ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

 

      Magistrado y Ponente,                                                    Magistrada,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

 El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C. N° AA60-S-2005-001019

Nota: Publicada en su fecha a

 

                                                                       El Secretario,