SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.

 

                  Visto el procedimiento que por cobro de diferencia prestaciones sociales, sigue el ciudadano TIBALDO ENRIQUE FINOL, representada judicialmente por los abogados Rosanna Medina de Vega, Celestino Vega López, Magdalena Antunez Queipo y Nathalia Áñez Finol, contra la sociedad mercantil AVENTIS PHARMA, S.A., representada judicialmente por los abogados Luis Ferreira Molero, David Fernández Bohórquez, Carlos Malavé González, Joandres Hernández Velásquez, Nancy Ferrer Romero, Alejandro Ferreira Rodríguez, Irelina Romay González, Ricardo Cruz Rincón, Gerardo González Ángel, Ricardo Andrés Cruz Bavaresco, Thomas Diego Cruz Bavaresco y Liliana Salazar; el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 25 de enero de 2005, mediante la cual declaró: 1) sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra la decisión proferida en fecha 17 de agosto de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y 2) con lugar la demanda incoada.

 

                  Contra la decisión de Alzada, en fecha 3 de febrero de 2005, la representación judicial de la parte demandada interpuso recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

                  En fecha 28 de abril de 2005, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

                  Celebrada la respectiva audiencia oral, pública y contradictoria, en el día y hora señalado y habiendo esta Sala pronunciado su sentencia de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en la oportunidad que ordena el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los siguientes términos:

 

RECURSO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD

 

Señala la parte demandada recurrente, que la sentencia impugnada contraviene la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, al atribuirle carácter salarial a la asignación por vehículo que la empresa accionada pagaba al demandante, cuya incidencia en los conceptos reclamados constituye el fundamento principal de la demanda incoada por cobro de diferencia de prestaciones sociales.

 

A tal efecto, explica quien recurre, que la asignación por vehículo constituía una suma fija que la empresa le pagaba al accionante para compensarlo por el uso de su vehículo para trabajar y en forma alguna buscaba remunerarlo o incrementar su patrimonio, pues, si no se le hiciera dicho pago, el demandante habría tenido que sufrir el desgaste del bien, más aun cuando por los servicios que como “visitador médico” prestaba su traslado permanente, era fundamental.

 

Del mismo modo, señala que constituyó un hecho admitido por ambas partes, que el demandante reportaba mensualmente el número de días trabajados y la empresa depositaba en la nómina del trabajador el monto correspondiente a la mencionada “Asignación por Vehículo”, según el número de días efectivamente laborados, sin que fuere necesario un reporte de gastos por el uso de ese dinero.

 

                  Para decidir, la Sala observa:

 

Del análisis que se hace al fallo contra la cual se recurre y luego las actas que conforman el expediente, se pone en evidencia que el punto medular de la presente litis devino indudablemente en determinar si la asignación por vehículo cancelada por la empresa al trabajador, debe otorgársele o no naturaleza salarial con incidencia en el cálculo de las prestaciones sociales que a éste último le corresponden con ocasión a la relación laboral que mantuvieron entre ambos, toda vez que el fundamento principal de la acción precisamente lo constituye el recálculo de todos los conceptos laborales con la inclusión dentro del salario de dicha percepción.

 

                   Sobre el particular, el Juzgador de Alzada se pronunció en los términos siguientes:

 

“Se evidencia del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo -que el concepto de salario está referido a la remuneración, provecho o ventaja, por lo que se trata de un activo que se incorpora al patrimonio del trabajador, el cual es pagado directamente y del cual tiene derecho a disponer, lo cual se aparta de la idea de que el contrato de trabajo se limita a establecer un intercambio de prestaciones, esto es, la ejecución del servicio a cargo del trabajador y el pago del salario a cargo del patrono, reduciendo el salario a un valor de intercambio que estaba constituido por aquello que el patrono pagaba al trabajador a cambio de su labor, con lo cual podía considerarse salario los pagos hechos al trabajador pero que no lo beneficiaban directamente, concepto que permite excluir del mismo, aun cuando la Ley no lo haga expresamente, aquellos pagos que están destinados a permitir o facilitar al trabajador el cumplimiento de las labores encomendadas, pero que no constituyen activos que ingresaban a su patrimonio.

 

Según se evidencia de las documentales denominadas ‘Relación de Gastos’ consignadas en el expediente, la asignación por vehículo era pagada por la patronal a la parte accionada (sic) mediante depósito de una cantidad fija en la cuenta nómina del trabajador, previa relación de los días hábiles que trabajaba con la utilización del vehículo, pero no consta en los autos que dicha cantidad fuera para cubrir o pagar efectivamente gastos ocasionados por o en ocasión del uso del vehículo por parte del trabajador, por el contrario su uso equivalía a una cantidad fija que éste percibía por el valor del uso del vehículo, del cual no consta en los autos que la parte demandada haya cumplido con la carga probatoria de demostrar que dichos pagos constituían reembolso de gastos previamente causados y/o que el accionante rindiera algún tipo de reporte, relación o cuenta de la utilización de las referidas sumas de dinero, de allí que se evidencia que el trabajador disponía realmente de dichas cantidades, las cuales ingresaban efectiva y de libre disposición en su patrimonio y consecuencialmente la asignación por vehículo que la accionada cancelaba al trabajador es de naturaleza salarial conforme a los establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, no tipificándose con los supuestos de excepción contenidos en el artículo 72 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se establece.

 

Observa además esta Alzada, que en la audiencia de apelación, la empresa recurrente reconoció que el pago por vehículo efectuado al actor, constituía un resarcimiento a su patrimonio, por lo que evidentemente le está reconociendo el carácter salarial.

 

Es por eso que al haberse establecido, tal como lo hizo la recurrida, que la asignación por vehículo tiene carácter salarial, debe declarar forzosamente el Tribunal la procedencia de la incidencia de la asignación de vehículo en el pago de los días sábados, domingos y feriados, razón por la cual el salario integral de la parte accionante debe considerarse compuesto por el salario normal del mes respectivo, más las comisiones, más la asignación por vehículo, la cuota parte de las utilidades y bono vacacional, constituyendo el último salario diario normal del actor la cantidad de 43 mil 681 bolívares con 97 céntimos, al cual al sumarle la cantidad de 18 mil 275 bolívares con 79 céntimos, que corresponde a la alícuota de utilidades y bono vacacional, arroja un total para un salario diario de bolívares 62 mil 137 con 80 céntimos. Así se establece. ”

 

 

 

Como se aprecia, del pasaje de la sentencia recurrida precedentemente transcrito, el Juzgador de Alzada estableció que tal beneficio tiene carácter salarial, y por lo tanto, debía ser incorporado en el cálculo de los conceptos derivados de la terminación de la relación de trabajo, de conformidad con la interpretación que le otorga al artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, declarando con lugar la pretensión y condenando al recurrente a pagar las diferencias que resultarían a favor del actor producto de la inclusión en su salario normal de la asignación por vehículo.

 

                  Ahora bien, en razón del criterio sostenido por el Juez y de los argumentos aducidos por la parte recurrente, se hace necesario para esta Sala establecer primeramente las siguientes consideraciones:

 

El artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, contiene una amplia descripción de lo que debe entenderse e incluirse como salario, refiriéndose a cualquier ingreso, provecho o ventaja percibido por el trabajador como contraprestación a las labores por éste realizadas.

 

No obstante, esta Sala reiteradamente ha señalado que no todas las cantidades, beneficios y conceptos que un patrono pague a un trabajador durante la relación de trabajo tendrán naturaleza salarial, por el contrario, constantemente se ha establecido a través de la doctrina jurisprudencial que de determinarse que el elemento alegado como beneficio, provecho o ventaja sirve exclusivamente para la realización de las labores, no podría catalogársele como tal, porque no sería algo percibido por el trabajador en su provecho, en su enriquecimiento, sino un instrumento de trabajo necesario para llevarlo a cabo, y por ende no pueden ser calificados como integrantes del salario.

 

                  Respecto a la interpretación del mencionado artículo 133, la Sala ha desarrollado el concepto de salario, estableciendo reiteradamente, entre otros argumentos, que: “Salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que éste último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”. (Sentencia 106, de fecha 10 de mayo de 2000).

 

Asimismo, con relación a los conceptos o elementos excluidos de la noción de salario, la Sala ha acogido mediante sentencias Nros. 263 de fecha 24 de octubre de 2001 y 1566 de fecha 9 de diciembre de 2004, lo sostenido por la doctrina patria, en los términos siguiente:

 

“(...) La nueva redacción -del Primer Parágrafo del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo- no le da carácter salarial a aquellas prestaciones ‘necesarias para la ejecución del servicio o realización de la labor’, pues centra el concepto de salario en la ‘remuneración que corresponde al trabajador’ y que constituye para él una remuneración, provecho o ventaja’ concatenando estas expresiones con las empleadas al establecer los principios generales del salario (...), podemos afirmar que éste es un activo que se incorpora al patrimonio del trabajador, el cual le es pagado directamente (art. 148) y del cual tiene derecho a disponer (art. 131). Esta concepción del salario como remuneración patrimonial que se hace al trabajador con ocasión de la relación de trabajo, excede de la tradicional idea según la cual el contrato de trabajo se limita a establecer un intercambio de prestaciones: la ejecución del servicio a cargo del trabajador y el pago del salario a cargo del patrono. De este modo, el salario se reducía a ser un valor de intercambio que estaba constituido por aquello que el patrono pagaba al trabajador ‘a cambio de su labor’, con lo cual podían considerarse salario los pagos hechos al trabajador pero que no lo beneficiaban directamente.

 

(Omissis).

 

Este concepto de salario permite, además, excluir del mismo, aun cuando la Ley no lo haga expresamente, aquellos pagos que están destinados a permitir o facilitar al trabajador el cumplimiento de las labores encomendadas, pero que no constituyen activos que ingresan a su patrimonio. (...) Es en este sentido que la doctrina ha distinguido entre prestaciones pagadas por el trabajo, que forman parte del salario y prestaciones pagadas para el trabajo, es decir, como medio de permitir o facilitar la ejecución del mismo, las cuales tienen naturaleza extra salarial (José Martins Catharino, Tratado Jurídico do Salario, 1951, p. 175)”. (Oscar Hernández Álvarez, Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo, 1999).

 

 

              Siguiendo los criterios antes esbozados en el caso bajo análisis, se aprecia que de las actas que conforman el expediente, específicamente de las “Relaciones de Gastos” aportados al proceso por la parte demandada, el accionante a través de un formulario notificaba, entre otros puntos, a su patrono el número de días en que prestaba sus servicios y partiendo de esto determinaba el monto que mensualmente le correspondía por asignación de vehículo, multiplicando los días reportados por el valor diario previamente fijado por ambas partes.

 

                   De acuerdo a lo anterior, advierte la Sala que la suma de dinero recibida mensualmente por el trabajador fue otorgada con el fin de compensarlo por la utilización de su vehículo de acuerdo a la relación de días al mes reportada, siendo que para ello era estimada una cantidad diaria que indemnizaba la depreciación del vehículo y el desgaste sufrido por el uso del bien particular en el desempeño de sus labores para la empresa, sin que tal prestación implicara un enriquecimiento efectivo en el patrimonio del trabajador.

                   Aunado a lo antes señalado, también pondera este Alto Tribunal a los efectos de resolver la presente controversia que el accionante se desempeñaba en la empresa como “visitador médico”, constituyendo para él una herramienta indispensable en la ejecución de su labor la utilización del vehículo, toda vez que en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo le resulta necesario desplazarse constantemente por diversas zonas para cumplir con el objetivo final de la empresa, el cual es ofertar en el mercado nacional los productos elaborados.

 

                   Ante tal conclusión, indudablemente debe considerarse que la asignación por vehículo bajo análisis no era originada por causa o por retribución de la labor prestada por el trabajador, sino que la misma fue otorgada para cubrir de manera exclusiva los gastos en que éste pudiera incurrir por el deterioro de su vehículo en la ejecución del servicio, en virtud a que de lo contrario ello significaría que es el trabajador quien debe cargar con gastos y riesgos que por su naturaleza, corresponderían netamente al ente empresarial.

 

                  A mayor abundamiento, en sentencia 1464 de fecha 1° de noviembre de 2005, esta Sala en un caso relacionado con un visitador médico, estableció que a través de los pagos originados por el uso del vehículo “...la empresa resarcía el desequilibrio patrimonial generado por la aplicación de un bien particular del trabajador, al proceso productivo dirigido por el patrono, siendo esta indemnización una consecuencia necesaria de la ajenidad presente en la relación de trabajo, en virtud de la cual, es la parte patronal quien debe cargar con los riesgos y costos de producción, sin que pueda desplazar hacia el patrimonio del trabajador esta carga económica, y en caso de hacerlo –lo cual resulta necesario circunstancialmente, por las particularidades de ciertos empleos-, debe compensar íntegramente el desgate patrimonial sufrido por el trabajador, sin que esto implique –y en tanto la compensación económica se encuadre en los límites de una indemnización o reembolso de gastos- que tal resarcimiento tenga naturaleza salarial, ya que el mismo no tiende al aumento del acervo patrimonial del laborante, sino al necesario reequilibrio que impone la naturaleza misma de la relación...”.

 

                   Por todas las consideraciones precedentemente descritas, esta Sala de Casación Social considera que la asignación de vehículo percibida por el actor, no posee naturaleza salarial que pretende se le atribuya, pues, adolece de la intención retributiva del trabajo, y por ende el Juzgador de Alzada al incluir dicha percepción dentro del salario normal del trabajador, contravino la reiterada doctrina jurisprudencial sentada por esta Sala, con relación a la noción de salario y los elementos que deben ser excluidos del mismo, quebrantando igualmente el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo por errónea interpretación, en consecuencia, se declara con lugar el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada, se anula el fallo recurrido, para de seguidas pasar a resolver el asunto principal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los términos siguientes:

 

DE LA DECISIÓN DE FONDO

 

Tal como se resolvió en los acápites anteriores, la asignación por vehículo percibida por el trabajador de autos, no reunió los elementos necesarios para otorgarle naturaleza salarial, por ende al fundamentar el actor su pretensión precisamente en la incidencia que podría tener tal percepción en el cálculo de los conceptos y beneficios laborales que le pertenecen por causa de la terminación de la relación laboral, corresponde forzosamente a esta Sala declarar sin lugar la presente demanda. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

                  Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 25 de enero de 2005, emanada del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, 2) SE ANULA el fallo recurrido y 3) SIN LUGAR la demanda incoada.

                  No hay expresa condenatoria en costas del proceso, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

                  No firma la presente decisión el Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, por cuanto no estuvo presente en la audiencia por causa debidamente justificada.

 

              Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Coordinación Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines legales consiguientes. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

                  Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a  los nueve (09) días del mes de febrero  de dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                                                                                               Magistrado,

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrado,                                                                               Magistrada,

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

C.L. AA60-S-2005-000574

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

                                                                                              El Secretario,