SALA DE CASACIÓN SOCIAL

 

Ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO.

 

 

En el juicio que por cobro de prestaciones sociales sigue el ciudadano ORLANDO ENRÍQUE DÍAZ, representado judicialmente por los abogados Ramón Antonio Meléndez Adrián, Armando José Oliveira, Axel Rafael Trujillo Carmona, Meyckerd José Abad, Alejandro Inaudi y Alberto Silva contra la sociedad mercantil C.V.G. PRODUCTOS FORESTALES DE ORIENTE, C.A. (C.V.G. PROFORCA), representada judicialmente por los abogados Ronald José Zurita Betancourt, Rosario Lanetti Ruiz y Narki Navarro de Borjas; el Tribunal Superior Primero del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con sede en la ciudad de Maturín, dictó sentencia en fecha 22 junio del año 2005, siendo reproducida en fecha 01 de julio del mismo año, mediante la cual declaró con lugar la apelación interpuesta por la parte demandante y parcialmente con lugar la demanda, revocando así el fallo apelado que la declaró sin lugar.

 

Contra el fallo anterior anunciaron recurso de casación los abogados Ronald Zurita y Meyckerd José Abad, actuando el primero de ellos en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, y el segundo de los nombrados en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, los cuales una vez admitidos, fue formalizado sólo el anunciado por la parte demandada. No hubo contestación a dicha formalización.

 

En fecha 04 de agosto del año 2005, se dio cuenta en Sala del expediente, correspondiendo la ponencia al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero.

 

En la oportunidad fijada para la realización de la audiencia, concurrieron las partes y expusieron sus alegatos en forma oral y pública.

 

Concluida la sustanciación con el cumplimiento de las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a reproducir la sentencia dictada en fecha 09 de marzo del año 2006, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, previa las siguientes consideraciones:

 

RECURSO DE CASACIÓN ANUNCIADO POR LA PARTE ACTORA

 

ÚNICO

 

 

Esta Sala constata que en fecha 11 de julio del año 2005, el apoderado judicial de la parte actora anunció oportunamente el recurso de casación contra la sentencia de fecha 22 junio del año 2005, reproducida en fecha 01 de julio del mismo año, siendo el mismo admitido el día 13 de julio del año 2005, dejándose constancia en dicho acto, que el último día para el anuncio correspondió al día 12 de julio del referido año, fecha en la cual comenzaría a transcurrir los veinte (20) días más el termino de la distancia para la formalización del recurso extraordinario de casación.

 

Pero es el caso, que el lapso para la consignación de la formalización del recurso de casación venció el día 07 de febrero del año 2005, sin que la parte accionante haya presentado durante dicho lapso el escrito en cuestión, por lo que es forzoso declarar perecido el recurso de casación por esta anunciado. Así se resuelve.

 

 

RECURSO DE CASACIÓN ANUNCIADO Y FORMALIZADO POR

LA PARTE DEMANDADA

 

ÚNICO

 

De conformidad con el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 175 eiusdem, se denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 40 y 55 de la Ley Orgánica del Trabajo por falta de aplicación y 65 eiusdem por falsa aplicación.

 

Sobre el particular, alega el formalizante lo siguiente:

 

En el inicio del fallo se establece que lo controvertido en el juicio lo era la naturaleza de la relación jurídica (sic), al alegar la demandada que el actor no era trabajador sino contratista de la empresa y reconoce que realizaba el transporte del personal empleado. Posteriormente, en la parte motiva (folio 486) la recurrida señaló: “estando controvertida la naturaleza jurídica de la relación la empresa no llegó a demostrar que el actor, por el transporte de personal mantenía con la demandada un contrato de arrendamiento del vehículo, no demostrándose el pago de arrendamiento alguno ni el cumplimiento de obligaciones arrendaticias, o que la relación fuese de índole mercantil, tal como lo alegó en la contestación de la demanda, ratificándolo en las audiencias, en este sentido, no se configura la existencia de un contrato de transporte de personas.” Sin embargo, de la declaración efectuada en la audiencia de juicio, tal cual como lo transcribe la recurrida a su folio 481 y vuelto, el actor declaró que era contratista de la accionada y trasladaba el personal de dicha empresa, lo cual lo hacía con un vehículo de su legítima propiedad. Igualmente señaló haber suscrito con mi representada contratos de arrendamientos para la prestación del servicio de transporte de su personal. De esta declaración se evidencia la figura del contratista, prevista en el artículo 55 de la LOT que establece “…el contratista, es decir, la persona natural o jurídica que mediante contrato se encarga de ejecutar obras o servicios con sus propios elementos.”, además de los señalamientos de que nunca, desde el inicio de la relación, disfrutó de vacaciones ni percibió utilidades, aunado a los altos montos señalados como supuestos salarios mensuales hacen presumir de la existencia de un contrato distinto al laboral. Ahora bien, estos hechos debieron haber sido valorados de conformidad con el artículo 2 de la LOPL (sic) en concordancia con el 89.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para llegar a la conclusión de que se estaba ante un contratista, es decir, un trabajador no dependiente, y no como erradamente lo califica el sentenciador en su fallo al establecer al vuelto del folio 486 del expediente “… No hay dudas entonces de que la relación jurídica que tuvo el actor con la empresa demandada, es de naturaleza laboral, por cuanto se configuran los elementos que la caracterizan…”. En conclusión, se produjo la infracción de los artículos denunciados cuando calificó de naturaleza laboral la prestación de un servicio no sujeta a un contrato de trabajo, lo que ocasionó o incidió que se declarar (sic) con lugar la pretensión del actor en el dispositivo del fallo.

 

Para decidir la Sala observa:

 

Aduce quien recurre, la infracción del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo por falsa aplicación, así como la infracción de los artículos 40 y 55 eiusdem por falta de aplicación, por cuanto la recurrida estableció la existencia de una relación de naturaleza laboral, a pesar de que el mismo actor en la declaración de partes realizada en la audiencia de juicio, reconoció que era contratista de la accionada y que había suscrito con ella un contrato de arrendamiento para el traslado de personal.

 

Pues bien, en virtud de los hechos alegados por el recurrente, esta Sala estima necesario transcribir pasajes de la sentencia recurrida para su posterior análisis, lo cual hace de la siguiente manera:

 

Estando controvertida la naturaleza jurídica de la relación, la empresa no llegó a demostrar que el actor, por el transporte de personal mantenía con la demandada un contrato de arrendamiento del vehículo, no demostrándose el pago de arrendamiento alguno ni el cumplimiento de obligaciones arrendaticias, o que la relación fuese de índole mercantil, tal como alegó en la contestación de la demanda ratificándolo en las audiencias, en este sentido, no se configura la existencia de un contrato de transporte de personas.

 

Según la doctrina, el transporte de personal consiste esencialmente en hacer recorrer un itinerario a personas, trasladándolas así de un lugar a otro o volviéndolas a aquel de donde salieron, distinguiéndose dos situaciones, un transporte-hecho y un transporte-contrato, en el caso del “contrato de transporte tiene lugar entre el expedidor o remitente, que da la orden de transporte y el empresario que se encarga de hacerlo efectuar en su nombre y por cuenta de otros o bien entre uno de ellos y el portador que se encarga de efectuarlos”.

 

El contrato de transporte de personas sigue al Derecho común y por consiguiente le son inherentes los elementos esenciales a la existencia y validez de todos los contratos (objeto, consentimiento y causa).

 

En el transporte de personas realizado por una empresa o por una persona natural que hace de esa actividad su profesión habitual, es de naturaleza mercantil y se rige por las disposiciones de la responsabilidad civil contractual especialmente loa (sic) artículos 1271, 1274 y 1275 del Código Civil. Esta situación no es la que se encuadra en la situación fáctica del presente caso que se decide.

 

En materia laboral, lo importante es la realidad de los hechos, que es la que determina cual es la naturaleza de la labor prestada, en el presente caso el actor realizaba una labor por cuenta ajena y si bien es cierto que utilizaba su propio vehículo para la realización de su labor, lo cierto es que bajo las condiciones de trabajo que le imponía la empresa demandada, realizaba los traslados del personal de un sitio a otro, previamente determinados por la parte patronal, cumpliendo las obligaciones y las ordenes de su superior, ello se desprende de la duración prolongada de la prestación del servicio de lo contrario la empresa hubiese prescindido de su labor.

 

No hay dudas entonces de que la relación jurídica que mantuvo el actor con la empresa demandada, es de naturaleza laboral, por cuanto se configuran los elementos que la caracterizan, ellos son el pago de un salario, el cual se efectuaba por día efectivamente laborado, el cumplimiento de una jornada de trabajo y las condiciones en las cuales se debía prestar el servicio para beneficio de la empresa, tales como el traslado del personal empleado de la misma empresa, de un lugar a otro, garantizando con ello que llegaran estos empleados a sus respectivos sitios de trabajo y a la hora correspondiente, recibiendo como contraprestación el pago de un salario, en los términos concebidos en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

De la transcripción precedentemente expuesta se observa que el sentenciador de alzada, a pesar de establecer que el actor realizaba una labor por cuenta ajena utilizando como herramienta de trabajo su propio vehículo, determina sin embargo, que estaban presentes en el caso que nos ocupa, todos los elementos que caracterizan una relación de naturaleza laboral, a saber, el pago de un salario, el cual a decir de la recurrida se efectuaba por día efectivamente laborado, el cumplimiento de una jornada de trabajo y la subordinación que consistía en el cumplimiento de las ordenes dadas al trabajador por la empresa demandada, incurriendo así en la infracción por falsa aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo y la infracción por falta de aplicación de los artículos 40 y 55 eiusdem.

 

En efecto, esta Sala constata, contrariamente a lo establecido por la recurrida, que el actor fue un trabajador autónomo e independiente, encontrándose éste,  a tenor de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo, dentro de la categoría de contratista.

 

Por consiguiente, al haber declarado la recurrida que la prestación de servicio es de naturaleza laboral, incurrió en la infracción de las normas delatadas, razón por la que se declara procedente la denuncia analizada. Así se decide.

 

Al haber encontrado esta Sala de Casación Social procedente la denuncia contenida en el capítulo anterior, se hace innecesario el conocimiento de las restantes delaciones formuladas en el escrito de formalización. En consecuencia, se declara nulo el fallo recurrido de fecha 22 junio del año 2005, reproducido en fecha 01 de julio del mismo año, emanado del Tribunal Superior Primero del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con sede en la ciudad de Maturín y pasa a dictar sentencia sobre el fondo de la controversia, todo ello en conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

 

SENTENCIA DE MÉRITO

 

Se inicia el presente juicio por cobro de prestaciones sociales, mediante demanda incoada por el ciudadano ORLANDO ENRIQUE DÍAZ contra la sociedad mercantil C.V.G. PRODUCTOS FORESTALES DE ORIENTE, C.A. (C.V.G. PROFORCA), en la que afirma haber ingresado el día 15 de noviembre de 1.995 a prestar sus servicios personales como trabajador para la empresa demandada, desempeñando el cargo de transportista  de personal, que devengó un salario diario de setenta y cinco mil seiscientos treinta y siete bolívares con ochenta céntimos (Bs. 75.637,80); que en fecha 10 de julio del año 2003, el representante legal de la empresa le notificó de forma escrita que estaba despedido; y que la relación laboral tuvo una duración de siete (7) años nueve (9) meses y veinticinco (25) días. En virtud de lo anterior demanda el pago de las siguientes cantidades y conceptos: 1) Sesenta (60) días por prestación de antigüedad (noviembre 1.995-junio 1.997), la cantidad de Bs. 4.538.268; 2) Treinta (30) días por bono de transferencia, la cantidad de Bs. 2.269.134; 3) Cuatrocientos (400) días por prestación de antigüedad, la cantidad de Bs. 41.328.492; 4) Sesenta (60) días de preaviso, la cantidad de Bs. 6.199.273,80; 5) Treinta (30) días por despido injustificado, la cantidad de Bs. 15.498.184,50; 6) Ciento Cuarenta y Ocho (148) días de vacaciones anuales vencidas, la cantidad de Bs. 27.229.608; 7) Setenta (70) días de bono vacacional vencido, la cantidad de Bs. 5.294.646, 8) Diez con Cuarenta y Ocho (10,98) días de vacaciones fraccionadas, la cantidad de Bs. 378.189; 9) Nueve con setenta y Dos (9,72) días de bono vacacional fraccionado, la cantidad de Bs.735.199,41; 10) Por Utilidades fraccionadas vencidas (1.995), la cantidad de Bs. 756.378; 11) Ochocientos Cuarenta (840) días de utilidades anuales vencidas, la cantidad de Bs. 63.535.752; 12) Ochenta (80) días de utilidades fraccionadas (2003), la cantidad de Bs. 6.051.024. Todos los conceptos anteriormente señalados suman la cantidad de Bs. 173.814.148,70.

 

Admitida la demanda mediante auto de fecha 17 de mayo del año 2004, se ordenó la citación de la demandada en la persona de su representante legal, fijándose el día y la hora para que tuviera lugar la audiencia preliminar.

 

En la oportunidad de la celebración de la audiencia preliminar, se deja constancia mediante acta de la incomparecencia de la parte demandada, ordenándose incorporar al expediente las pruebas consignadas por el actor.

 

Mediante diligencia de fecha 17 de febrero del año 2005, el apoderado judicial de la empresa demandada consigna escrito de promoción de pruebas, así como también el documento poder. En fecha 21 de febrero del mismo año, el apoderado judicial del demandante se opone a la admisión de las pruebas presentadas por la accionada.

 

En fecha 25 de febrero del año 2005, la representación judicial de la parte querellada, da contestación a la demanda alegando como defensa de fondo, que entre el ciudadano actor y la empresa demandada no hubo una relación de naturaleza laboral sino un préstamo de servicio, que consistía en el transporte del personal de la empresa demandada, labor que realizaba el actor en un vehículo de su exclusiva propiedad.

 

Por auto de fecha 08 de marzo del año 2005, el tribunal de juicio admite las pruebas presentadas por la parte actora y declara inadmisible las presentadas por la parte demandada debido a que las mismas fueron promovidas de manera extemporáneas por tardías.

 

En este sentido, fueron promovidas por la parte actora las siguientes documentales: constancias de trabajos; comunicado de fecha 10 de julio del año 2003 donde se prescinde de los servicios del ciudadano actor; recibos de pago y la convención colectiva del trabajo suscrita por la empresa C.V.G. y el Sindicato Único de Agro Forestal, del Pino, Resina, Pulpa y Papel del Estado Monagas. Con relación a estas pruebas la Sala le otorga pleno valor probatorio, desprendiéndose de ellas lo siguiente:

 

Respecto a las documentales llamadas por el actor “constancias de trabajo” así como de la comunicación de fecha 10 de julio del año 2003, se observa que la demandada utiliza los términos contratista o servicio de transporte, debiendo resaltarse que la documental que corre en el folio 33 se describe el vehículo utilizado, así como también la ruta a seguir en la prestación de dicho servicio, por consiguiente las mismas no pueden considerarse unas “constancia de trabajo” como tal.

 

Por otro lado, al analizar los recibos y comprobantes de cheques, se observa que en los mismos se determinan las características del vehículo, así como la ruta y los días que efectivamente se prestaba el servicio de transporte.

 

Con relación a la prueba de exhibición promovida por la parte actora, es de señalar que una vez solicitada la misma a la parte demandada, ésta señaló que las originales de dichos documentos reposan en el expediente por cuanto fueron consignadas por éste en su escrito de promoción de pruebas, las cuales no fueron admitidas, en consecuencia, se debe tener como exacto el contenido de los mismos.

 

En cuanto a la prueba de informe solicitada a las Salas de Sindicato de la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Maturín y Sala de Sindicato de la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Guayana del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de las actas procesales no se observa respuesta alguna a lo solicitado.

 

Con relación, a las testimoniales de los ciudadanos Jarvis Trujillo y Yaneth Rodríguez los mismos no comparecieron a rendir sus declaraciones.

 

Pues bien, adminiculando las pruebas aportadas se observa, que la prestación de servicio no es de naturaleza laboral, sino que por el contrario el actor fue un trabajador autónomo e independiente, pues su labor estaba regida por un contrato cuyo objeto era el traslado del personal empleado de la empresa demandada, labor que realizaba con un vehículo de su legítima propiedad tal como lo señaló el ciudadano Orlando Díaz al momento de rendir la declaración de parte tanto en la audiencia de juicio como en la audiencia de apelación.

 

Por consiguiente, como así se dejó establecido en el recurso de casación que precede a esta sentencia, no se encuentran en el presente caso  ninguno de los supuestos de hecho contenidos en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo que haga presumir la existencia de una relación de carácter laboral, más aun cuando el mismo actor al ser interrogado por los tribunales de instancia en las audiencias respectivas, reconoció haber suscrito sendos contratos de arrendamientos para la prestación del servicio de transporte, aunado al hecho que durante todo el tiempo de duración de la relación , éste jamás  reclamó concepto laboral alguno.

 

En consecuencia, al no encontrarse en la presente causa ninguno de los elementos que hagan presumir la  existencia de una relación de naturaleza laboral (labor por cuenta ajena, subordinación y salario), es forzoso para esta Sala declarar sin lugar la demanda como así lo dejará sentado en el dispositivo de la sentencia.

 

DECISIÓN

 

En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara 1°) PERECIDO el recurso de casación anunciado por la parte demandante contra la sentencia emanada del Tribunal Superior Primero del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con sede en la ciudad de Maturín de fecha 22 junio del año 2005, reproducida en fecha 01 de julio del mismo año. 2°) CON LUGAR el recurso de casación propuesto por la parte demandada, contra la decisión de fecha 22 de junio del año 2005, reproducida en fecha 01 de julio del mismo año emanada del Tribunal Superior Primero del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con sede en la ciudad de Maturín. De conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se declara la nulidad del fallo dictado por el Juzgado Superior anteriormente mencionado; y 2°) SIN LUGAR, la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales intentada por el ciudadano ORLANDO ENRÍQUE DÍAZ contra la sociedad mercantil C.V.G. PRODUCTOS FORESTALES DE ORIENTE, C.A. (C.V.G. PROFORCA).

 

Por la naturaleza del caso no hay condenatoria en costas.

 

Publíquese y regístrese. Remítase directamente este expediente al Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con sede en la ciudad de Maturín,  a los fines legales consiguientes.

 

La presente decisión no la firma la Magistrada CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA porque no estuvo presente en la Audiencia Pública correspondiente.

 

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil seis. Años 195° de la Independencia y 147° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente,                                               Magistrado Ponente,

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

Magistrado,                                                            Magistrada,

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C. N° AA60-S-2005-1274

Nota: Publicada en su fecha a las