Fecha: 17/05/2020

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Las dos reseñas más recientes publicadas por la OIT, precisan que los déficits actuales de protección social, pueden comprometer severamente los planes de recuperación, exponiendo a millones de personas al riesgo de la pobreza, al tiempo de afectar la capacidad de reacción mundial para hacer frente a otras crisis similares al COVID-19 en el futuro. 

Bajo el título ‘Respuestas de los países en desarrollo en materia de protección social ante el COVID-19’, la OIT precisa la importancia de fortalecer la capacidad de recuperación mediante una protección social universal, a tenor lo cual sugiere la implementación de las siguientes medidas: 1. Garantizar acceso a la atención sanitaria de calidad, 2. Aumentar la seguridad de los ingresos, 3. Proteger a los trabajadores de la economía informal, 4. Asegurar la protección de los ingresos, puestos de trabajo, 5. Promover el trabajo decente, 6. Coordinar las políticas de empleo y protección social y 7. Movilizar recursos nacionales y mundiales con base en la solidaridad.

La OIT considera que no debe menospreciarse el llamado de atención que ha supuesto la pandemia derivada del COVID-19 y que por el contrario debe aprovecharse para acelerar la construcción de sistemas de protección social universal, muy especialmente en un momento donde el 55% de la población mundial carece de seguro social y de asistencia social. 

La misma Organización en su reseña titulada ‘Subsidios de enfermedad durante licencia por enfermedad y cuarentena’ advierte que el déficit de cobertura de las prestaciones por enfermedad puede derivar en que las personas (aun enfermas) se vean obligadas a trabajar, aumentando el riesgo de propagación por COVID-19. Por ello instan al establecimiento de medidas urgentes y especialísimas con el objeto de ampliar la cobertura de la prestación de enfermedad a toda la población, incrementar la cuantía de las prestaciones, acelerar mecanismos de conexión de subsidios entre otros, todo ello con el objeto de apoyar el sistema de salud pública, prevenir el aumento de la pobreza, promover los derechos humanos relativos a la salud y a la seguridad social y generando mayor certeza en cuanto a la seguridad de ingresos.

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